El Gobierno sigue adelante con las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros, pero el adelanto electoral salva a la comunidad benedictina

El adelanto electoral al próximo 23 de julio y la posibilidad de un cambio de Gobierno inquieta a las víctimas del franquismo, que temen que, como ya ocurrió bajo el mandato de Mariano Rajoy, las políticas de memoria vuelvan a meterse en un cajón. Eso fue, de hecho, lo que pidió el entonces ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, que no h...

El adelanto electoral al próximo 23 de julio y la posibilidad de un cambio de Gobierno inquieta a las víctimas del franquismo, que temen que, como ya ocurrió bajo el mandato de Mariano Rajoy, las políticas de memoria vuelvan a meterse en un cajón. Eso fue, de hecho, lo que pidió el entonces ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, que no hiciera el Ejecutivo del PP cuando, en noviembre de 2011, con el Gobierno socialista ya en funciones tras haber perdido el PSOE las elecciones generales de aquel año, presentó el plan del comité de expertos para la democratización del Valle de los Caídos. Aquel ruego cayó en saco roto, pero los familiares de los represaliados lo tienen muy presente. Un parón en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática sería todavía más dañino ahora por la avanzada edad de la mayoría de las víctimas del franquismo. Feijóo ha asegurado que la derogará si llega al poder y ha criticado todas las actuaciones en el Valle de Cuelgamuros hasta ahora. Mientras que su eventual socio, Vox, es especialmente beligerante contra la norma, que recurrió ante el Tribunal Constitucional por considerar que intenta “condicionar la libertad de pensamiento, de conciencia, de cátedra y de fundación”. Estas son las tareas pendientes.

Valle de Cuelgamuros. La resignificación del monumento ideado por Franco para inmortalizar su victoria en la Guerra Civil es un proceso complejo que el Gobierno ha dividido en distintas fases. Ya se han llevado a cabo el traslado de la tumba del dictador (octubre de 2019) y la del fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera (en abril); se ha cambiado el nombre del recinto —de Valle de los Caídos, la denominación franquista, a Valle de Cuelgamuros—; desde 2007 están prohibidos los actos de exaltación de la Guerra Civil o la dictadura en sus inmediaciones y se ha elaborado un portal web específico sobre la historia del monumento. Pero quedan pendientes 128 reclamaciones de restos de personas que fueron enterradas en el mausoleo sin consentimiento de sus familiares, la expulsión de la comunidad benedictina y la construcción de un centro de interpretación que convierta al complejo en una especie de maqueta del franquismo. En él se explicará, desde la democracia, por qué supone uno de los mejores ejemplos del nacionalcatolicismo o de cómo se construyó con mano de obra presa.

De estas tres últimas fases del proceso de resignificación, fuentes del Gobierno aseguran que siguen adelante con los trabajos para devolver los restos a las familias que los reclaman, en algún caso, como el de Fausto Canales, que tiene a su padre y a su tío allí enterrados, desde hace 20 años. En el interior de la basílica se ha levantado un laboratorio, desplazando los bancos próximos a la capilla del sepulcro, la cripta donde se encuentran la mayoría de los restos solicitados por las familias, para colocar mesas forenses. Las últimas catas que se han llevado a cabo, además, indican que el estado de las cajas en las que fueron inhumadas las víctimas están algo mejor de lo que apuntaban estudios anteriores, aunque el proceso sigue siendo muy complejo.

El adelanto electoral supone que ya no habrá tiempo, antes de los comicios, de elaborar el decreto del nuevo marco jurídico del complejo que iba a provocar la expulsión de la comunidad benedictina, que rige el monumento desde 1958 y que, a juicio del Ejecutivo, ha demostrado ser “incompatible” con los nuevos fines democráticos del recinto. De hecho, el prior, Santiago Cantera, estuvo a punto de ser detenido durante la exhumación de Franco, a la que se opuso en todo momento y que se llevó a cabo finalmente en octubre de 2019 con el aval de los tres poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial.

Las elecciones también dejan en suspenso la última fase de la resignificación del Valle, la construcción de un centro de interpretación para que se haga en España lo que se ha hecho en otros países con pasados traumáticos, construcciones significativas. Por ejemplo, la ESMA, el centro de detención, tortura y exterminio de la dictadura argentina (1976-1983), que hoy está convertido en un museo de memoria que difunde el conocimiento de las prácticas del terrorismo de Estado, sus antecedentes y sus consecuencias.

Extinción de la Fundación Franco. Otra de las novedades de la ley de memoria que entró en vigor en octubre es la inclusión como “causa de extinción de fundaciones por no constituir fin de interés general, la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas”. Ese apartado de la norma afecta de lleno a la Fundación Nacional Francisco Franco, que niega la represión franquista y se dedica a loar al dictador, algo que el comisionado de la ONU Pablo de Greiff ha descrito como una “anomalía en Europa”.

La extinción de la fundación requiere un procedimiento que ahora también queda en suspenso. La ley se daba un año para promover la modificación de la norma de 2002 que regula el derecho de asociación para incluir como causa de disolución la apología del franquismo. Una vez hecha esa modificación, el protectorado de fundaciones, dependiente del Ministerio de Cultura, instaría judicialmente a la extinción y el órgano judicial podría, de oficio, o a instancia de parte, acordar la suspensión provisional de sus actividades hasta que se dictase sentencia.

Conocimiento de la represión franquista. Un reciente estudio reveló profundas lagunas en estudiantes y trabajadores de 16 a 30 años sobre la Guerra Civil y la dictadura. La ley de memoria establece que la ciudadanía tiene “el derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista”, se marca como objetivo fomentar su conocimiento y recuerda “el deber de memoria de los poderes públicos para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo”. Para ello, establece que “el sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura”.

Un acuerdo entre la Secretaría de Estado de Memoria y la de Educación permitió incluir el año pasado esos contenidos en los decretos de enseñanzas básicas de ESO y Bachillerato. Además, la ley prevé “planes de formación continua de la Administración General del Estado” de “sensibilización en relación con la memoria democrática”. Todo ese proceso, advierten desde el Gobierno, se interrumpirá si PP y Vox, que califican esas iniciativas de “adoctrinamiento”, llegan al poder.

Auditoria de bienes incautados y empresas beneficiadas por el franquismo. La ley se daba un año de plazo para llevar a cabo una auditoría de los bienes expoliados “por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura”. También prevé que elabore un censo de las empresas que se beneficiaron de los trabajos forzados de presos durante ese periodo y, en colaboración con otras administraciones públicas, el desarrollo de un “inventario de edificaciones y obras realizadas por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, así como por prisioneros en campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas”. Un triunfo de la derecha, indican desde el Gobierno, impediría que se llevaran a cabo estas investigaciones.

Exhumaciones y banco de ADN. Desde la entrada en vigor de la ley, es la Administración General del Estado, en colaboración con autonomías y ayuntamientos, la que asume la búsqueda de los fusilados que aún yacen en fosas y cunetas y su identificación, para lo que estaba prevista la creación de un banco de ADN. El departamento competente en materia de memoria democrática elabora planes plurianuales de localización de los enterramientos clandestinos y su continuidad dependerá del resultado electoral. Estas tareas suponen en torno al 60% del presupuesto del Gobierno al capítulo de memoria democrática. En su momento, Mariano Rajoy no derogó la ley de memoria histórica aprobada en 2007, pero la dejó sin efecto al suprimir las partidas presupuestarias para su aplicación. Su sucesor, Pablo Casado, propuso derogar la norma y sustituirla por una nueva, llamada “de concordia”, que encargó a Adolfo Suárez Illana y que nunca llegó a concretarse. Feijóo también se ha comprometido a derogar la Ley de Memoria Democrática, aunque no aclara su alternativa.

Su eventual socio de Gobierno si ganase, Vox, ha afeado en numerosas ocasiones al PP que no derogara tampoco las leyes autonómicas de memoria en las comunidades donde gobiernan, una exigencia que ha puesto sobre la mesa hasta ahora en todos sus pactos electorales. El comisionado de Naciones Unidas Pablo de Greiff recuerda que las políticas de memoria “no son un invento de España o de un partido político, sino asuntos de Estado que responden a obligaciones internacionales”. Desde 2000, se han recuperado los restos de más de 11.000 víctimas. La ley no se dirige solo a las de un bando, aunque la mayoría de los fusilados a manos de republicanos ya fueron exhumados, honrados y reparados durante la dictadura.