Los testigos protegidos de ETA delatan a 12 exjefes de la banda

Los dos miembros de ETA a los que la Audiencia Nacional dio el pasado marzo la condición de testigos protegidos han señalado a 12 exdirigentes de la organización terrorista como responsables últimos de algunos de los atentados de la banda con mayor repercusión mediática, según detallan fuentes cercanas a la investigación. Entre ellos se encuentra José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, el exjefe de ETA actualmente en Fran...

Los dos miembros de ETA a los que la Audiencia Nacional dio el pasado marzo la condición de testigos protegidos han señalado a 12 exdirigentes de la organización terrorista como responsables últimos de algunos de los atentados de la banda con mayor repercusión mediática, según detallan fuentes cercanas a la investigación. Entre ellos se encuentra José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, el exjefe de ETA actualmente en Francia, al que uno de los testigos adjudicó en sus declaraciones ante la Guardia Civil y el juez Alejandro Abascal un poder casi absoluto sobre la organización terrorista: “Mandaba y controlaba sobre todas las estructuras”.

Ternera permanece actualmente en Francia en libertad bajo control judicial por orden de un tribunal de París, que ya ha autorizado su extradición a España para que la Audiencia Nacional le juzgue por dos causas: por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza, cometido en 1987, y por la financiación de ETA a través de las herriko tabernas —ambas decisiones han sido recurridas por la defensa del dirigente etarra—. En enero de 2022, el juez instructor Alejandro Abascal también admitió otra querella contra Urrutikoetxea en el sumario por el coche bomba en la T-4 del aeropuerto de Madrid, que mató a dos personas y que puso fin a la tregua de la banda en diciembre de 2006. En esta causa hay un informe de la Policía Nacional que lo sitúa en la dirección de la organización hasta 2007 y, por tanto, cuando estalló aquella bomba, algo que el exjefe etarra niega.

Según fuentes de la investigación, además de a Ternera, los dos terroristas que colaboran con la justicia ―uno de los cuales formó parte de comandos de la banda en la década de los ochenta; y el otro, entre 1993 y 2001― han implicado en sus declaraciones a otros cinco dirigentes de la banda de los considerados históricos: Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros; Eugenio Etxebeste Arizkuren, Antxon; José Javier Zabaleta Elosegi, Baldo; Francisco Múgica Garmendia, Pakito; y Domingo Iturbe Abasolo, Txomin, este último fallecido en 1987 en Argelia. Junto a ellos, los dos testigos han señalado a otros seis exdirigentes que asumieron posteriormente responsabilidades en la cúpula de ETA: Mikel Albisu Iriarte, Mikel Antza; Ignacio de Gracia Arregi, Iñaki de Rentería; José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri; Javier García Gaztelu, Txapote; Julián Achurra Egurola, Pototo; y María Soledad Iparraguirre, Anboto.

Las declaraciones de los dos testigos (bautizados como TP 2/2023 y TP 3/2023) se han incorporado, al menos, a dos sumarios de la Audiencia Nacional. Los abiertos por los asesinatos de Gregorio Ordóñez, teniente de alcalde de San Sebastián (Gipuzkoa), y de Miguel Ángel Blanco, concejal de Ermua (Bizkaia), ambos del PP. En la primera de estas causas ya se imputó a cuatro de los exjefes ahora señalados: Iñaki de Rentería, Kantauri, Mikel Antza y Pototo. Un quinto que se encuentra investigado (Juan Luis Aguirre Lete, Isuntza), no ha sido citado por ninguno de los testigos protegidos, según fuentes conocedoras del informe de la Guardia Civil que recoge las declaraciones de ambos.

En el caso del asesinato del concejal de Ermua, de los 12 etarras citados por los testigos protegidos, cuatro se encuentran ya imputados: Iñaki de Rentería, Kantauri, Mikel Antza y Anboto.

Según el recuento de EL PAÍS, la Audiencia Nacional ha reimpulsado en los últimos meses ocho causas contra los exjefes de ETA, en las que se señala a 23 miembros de las sucesivas cúpulas de la banda. De hecho, el paso dado por los dos antiguos etarras ahora considerados testigos protegidos ―medida adoptada para preservar su identidad e impedir represalias debido a la excepcionalidad de su cooperación― refuerza precisamente esta vía abierta para tratar de sentar en el banquillo a los exdirigentes terroristas por los crímenes cometidos por sus subordinados. Los investigadores consideran que sus testimonios pueden resultar claves en estas causas, al aportar un nuevo elemento a las acusaciones para su procesamiento. Los magistrados de instrucción, que se han topado con el férreo pacto de silencio de los exmandos de ETA, apenas contaban hasta ahora con los informes de inteligencia que elaboraban las fuerzas de seguridad sobre las cúpulas de la banda, denominada zuba, en la terminología de la organización.

Ante la Guardia Civil y el juez, los dos etarras han detallado el funcionamiento de ETA para decidir contra qué objetivos se atentaba. Según fuentes de la investigación, ambos coinciden en señalar que, cuando formaban parte de comandos, tenían encuentros en Francia con algún miembro de la zuba o enlaces de la misma cada tres o cuatro meses, y que era en esas citas donde recibían instrucciones, información de objetivos concretos sobre los que atentar e, incluso, material para hacerlo. Los dos testigos protegidos han añadido que la organización distinguía entre objetivos permanentes, contra los que podían actuar sin pedir autorización previa a la cúpula, y otros específicos que necesitaban recibir el visto bueno. Entre los primeros estaban los miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas. En el segundo, los políticos, ertzainas, periodistas y jueces, además de atentados contra determinadas instalaciones, como las casas cuarteles del instituto armado.

Sobre este segundo grupo de objetivos, los etarras han descrito un doble mecanismo de autorización antes de intentar un atentado contra ellos, según subrayan fuentes conocedoras de la investigación. Han explicado que, tras recibir información sobre el objetivo, el comando tenía que comprobarla y actualizarla si era necesario. Una vez hecho, han asegurado que tenían que enviar la información de vuelta a la zuba para que esta diera por segunda vez autorización para cometer el atentado. Esta forma de operar coincide con la descrita por la Guardia Civil en un informe incorporado, precisamente, al sumario por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, en el que los expertos del instituto armado recalcaban que el “comité ejecutivo” de la organización —que en aquel atentado componían Rentería, Antza, Kantauri y Anboto— necesariamente “idearon, planificaron, coordinaron, facilitaron los medios y dieron la orden final” del crimen.