La jueza sienta en el banquillo al expresidente de la Región de Murcia Ramón Luis Valcárcel

El expresidente de la Región de Murcia Ramón Luis Valcárcel, actual presidente de honor del PP autonómico, se sentará en el banquillo acusado de presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude por su gestión en la construcción y rescate de una planta desaladora de agua en 2006, por los que el fiscal pide para él penas que suman 11 años de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y otros 27 de inhabilitación espe...

El expresidente de la Región de Murcia Ramón Luis Valcárcel, actual presidente de honor del PP autonómico, se sentará en el banquillo acusado de presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude por su gestión en la construcción y rescate de una planta desaladora de agua en 2006, por los que el fiscal pide para él penas que suman 11 años de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y otros 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Así lo recoge el auto que ha emitido este jueves la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, que le reclama además una fianza de más de 74,19 millones de euros para hacer frente al supuesto perjuicio económico que sufrieron las arcas públicas de la comunidad autónoma con la construcción de la planta. Si Valcárcel no deposita la fianza, dice la jueza, debe decretarse “el embargo de sus bienes”.

Esa cantidad es el sobrecoste que calcula la fiscalía que se produjo por la forma en la que se gestionó la construcción y posterior compra de la planta, que se ubica en el Valle de Escombreras, en Cartagena, por parte de la comunidad autónoma. La planta se construyó bajo una fórmula de colaboración público-privada. La parte pública estaba representada por el Ente Público del Agua, creado para este fin, y la privada, por un conglomerado de empresas locales que se denominó Hydromanagemet y por compañías del Grupo ACS. Estaba previsto que la construcción se autofinanciara con los beneficios de su funcionamiento, pero en 2011 la comunidad autónoma se vio obligada a asumir un rescate cifrado en 600 millones de euros.

La planta se había inaugurado cuatro años antes, en 2007, aunque no empezó a funcionar hasta 2009 y siempre de manera casi testimonial, infrautilizada. Para la fiscalía, es evidente que Valcárcel no solo conocía todos los pormenores de este proyecto, que se presentó como un empeño personal suyo, sino que considera que el plan de adquisición por parte de la administración regional estaba orquestado de antemano. El que fuera también vicepresidente del Parlamento Europeo será el segundo presidente de Murcia en ir a juicio en los últimos meses. El también expresidente Pedro Antonio Sánchez fue condenado a tres años de cárcel y 17 de inhabilitación a principios de marzo por su gestión en la construcción de un auditorio cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. En el caso de Valcárcel, este juicio es una pieza separada de otro procedimiento abierto en 2015, y se conoce popularmente como “La Sal II” o “Desaladora II”.

Las diligencias fueron archivadas en enero de 2021, pero el fiscal recurrió el archivo y la Audiencia Provincial de Murcia ordenó que se reabrieran las investigaciones en marzo de 2022. El fiscal incide en su acusación en que la comunidad autónoma, bajo la presidencia de Valcárcel, adquirió esta desaladora “con enormes sobrecostes por la ilícita operativa y la autorización de convenios de supuestos suministros de agua a los Ayuntamientos”. La planta preveía dar agua a desarrollos urbanísticos gestados al calor del “boom” del ladrillo para no tener así que solicitar los correspondientes permisos de disponibilidad de agua a la Confederación Hidrográfica del Segura.

Según el fiscal, la parte pública compró acciones de la planta “desligando a la parte privada de la ruina del proyecto”. La acusación popular amplía las penas que pide el fiscal y solicita 15 años de prisión por los delitos de fraude y malversación y 15 de inhabilitación, además de una multa al séxtuple del dinero defraudado.