Los letrados judiciales mantienen la huelga al no llegar a un acuerdo con el Gobierno tras 15 horas de negociación

La amenaza de colapso que se cierne sobre los tribunales españoles es cada vez más grave. Los letrados de la administración de justicia mantendrán la huelga indefinida que iniciaron el 24 de enero, y que vino precedida por varios paros parciales los meses anteriores. Estos profesionales, llamados secretarios judiciales hasta octubre de 2015, no han conseguido arrancar al Gobierno, tras una reunión de 15 horas en el Minister...

La amenaza de colapso que se cierne sobre los tribunales españoles es cada vez más grave. Los letrados de la administración de justicia mantendrán la huelga indefinida que iniciaron el 24 de enero, y que vino precedida por varios paros parciales los meses anteriores. Estos profesionales, llamados secretarios judiciales hasta octubre de 2015, no han conseguido arrancar al Gobierno, tras una reunión de 15 horas en el Ministerio de Justicia, las mejoras retributivas y laborales que en algunos casos demandan desde hace una década. Los paros, según los convocantes, han provocado ya la suspensión de 152.000 juicios y vistas.

Los representantes de este cuerpo superior de funcionarios, cuya función es dirigir la oficina judicial en el aspecto técnico procesal, llegaron al ministerio el jueves a las 17.00 y salieron este viernes a las ocho de la mañana con las manos vacías. A su salida reprocharon al departamento de Pilar Llop que no les haya hecho “ninguna oferta concreta” para satisfacer sus demandas. “No hubo diálogo ni honestidad, el ministerio no tuvo ninguna intención de llegar a ningún tipo de entendimiento, solamente nos exigieron reiteradamente la desconvocatoria de la huelga”, afirmó Juan José Yáñez, miembro del comité de huelga y de la Unión Progresista de Letrados (UPSJ). A su vez, Justicia acusó a los letrados de haber abandonado la mesa de negociación, lo que estos niegan. “Esta no es una huelga de trabajadores que quieren llegar a fin de mes, que peligran sus puestos de trabajo. Es una huelga de personas privilegiadas que cobran de 40.000 a 60.000 euros al año. Me recuerda mucho aquella huelga de los controladores aéreos”, cargó el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez. El Gobierno exige el cese de la huelga para retomar las conversaciones, a lo que los convocantes se oponen. Ambas partes se culparon mutuamente de “tomar como rehenes a todos los ciudadanos”.

Mientras la posiciones se enquistan, el seguimiento de la huelga está afectando también al Tribunal Supremo, que ya atravesaba una situación delicada por la imposibilidad de suplir las plazas vacantes por el rechazo del PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Además del cierre del registro general, otra de las consecuencias es la paralización de la cuenta de consignaciones judiciales, de modo que 560 millones de euros han quedado bloqueados y, por tanto, pendientes de entrega, resaltan los letrados. Los problemas, entretanto, se recrudecen con bodas suspendidas o la suspensión de los pagos de pensiones de alimentos a menores de familias separadas. A este cuerpo profesional le corresponde el ejercicio de la fe pública judicial —la capacidad para certificar que los hechos que les constan son verdaderos y auténticos—, la formación de los autos y expedientes y el impulso procesal en general, según la ley.

La primera reunión entre las partes después de más de tres semanas de huelga —dos letrados salieron pasada la una de la madrugada de la sede del ministerio para comprar unas pizzas, dejando claro que el encuentro iba para largo— solo ha servido para tensar aún más las negociaciones. Y eso pese a que la víspera Pilar Llop se mostró “sensible” a las peticiones del cuerpo de letrados y se declaró “abierta al diálogo” en una interpelación del PP en el Congreso. “Ministra, solucione ya los problemas laborales que afectan a su ministerio y también a fiscales, jueces y forenses”, le apremió el diputado popular Luis Santamaría Ruiz.

Pero el encuentro que mantuvieron el comité de huelga, integrado por el Colegio Nacional de Letrados, la Unión Progresista de Letrados (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados (Ainlaj), y varios responsables del ministerio, encabezados por el secretario de Estado de Justicia, no sirvió para desencallar la crisis. El desencuentro es total, como demuestra la enorme diferencia en los datos que Justicia y los letrados ofrecen del seguimiento de la huelga: los convocantes estiman que la participación en los paros oscila entre más del 70% y el 85%, mientras que el ministerio lo rebaja a una horquilla entre el 19% y 34%. Medio centenar de letrados procedentes de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón se concentraron al comienzo de la reunión frente al ministerio con proclamas como “¡sí se puede!” y “¡Llop dimisión!”.

Una de las principales reivindicaciones de los 4.441 letrados de la Administración de justicia que hay en España es percibir un 85% de la remuneración salarial de jueces y magistrados, lo que supondría un incremento medio de 600 euros mensuales. El cuerpo de letrados pertenece al grupo A1 de funcionarios del Estado, el más alto en el escalafón de la Administración. Su sueldo oscila entre los 37.697 y los 57.722 euros en los juzgados (más retribuciones variables); y entre los 42.554 y los 58.979 euros en la oficina judicial, según datos del ministerio.

“Creemos que referenciar nuestras retribuciones al 85% de las de los jueces y magistrados sería lo ajustado a nuestras responsabilidades”, defendió Yáñez. Los letrados cobran ahora alrededor de un 65% de los salarios de los jueces, según varios letrados consultados. El conflicto laboral tiene su origen, subraya el comité de huelga, en “la falta de adecuación salarial por las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la ley 13/2009, descargadas a los jueces e incrementadas en sucesivas reformas, en especial la de 2015″, cuando entraron en funcionamiento las oficinas judiciales. Los letrados no solo las dirigen, también ordenan la actividad de los juzgados, por lo que su labor es clave en el trasiego diario de los tribunales.

Los letrados reprochan a Justicia que haya transcurrido casi un año sin que haya cumplido el compromiso que a su juicio adquirió en abril de 2022 de “actualizar el régimen retributivo” de este cuerpo “vinculándolo proporcionalmente al de la carrera judicial”. “Es uno de los cuerpos de la administración que mayor subida contributiva ha tenido”, afirmó Llop el miércoles en las Cortes. El comité de huelga replicó que el aumento que exigen no es lineal, como el que han percibido todos los funcionarios, sino la referida adecuación salarial por sus mayores responsabilidades. Pero Justicia discrepa y sostiene que los letrados “elevaron sus exigencias sin plantear ninguna alternativa” pidiendo una “doble subida salarial”. “Cuando uno se sienta en una mesa de negociación debe partir de las demandas inicialmente planteadas y estar dispuesto a hacer alguna concesión; la única propuesta hecha esta noche por los letrados de la Administración de Justicia demuestra una clara falta de voluntad de alcanzar cualquier tipo de acuerdo”, sentenció Tontxu Rodríguez.

Otro motivo de disputa, que Justicia parece dispuesto a “estudiar”, es el complemento por el destino en el que los letrados ejercen sus tareas. “Por un motivo difícil de entender, a nosotros nos clasifican en cinco grupos de población y en los dos últimos, correspondientes a localidades pequeñas, se percibe una retribución muy inferior al resto. Sin embargo, los funcionarios que tenemos subordinados perciben las mismas retribuciones porque solo tienen tres grupos, lo que provoca en algunos casos que el letrado perciba una remuneración inferior a la de sus subordinados, cosa que no parece muy correcta”, expuso Yáñez. La solución pasaría por reducir de cinco a tres los grupos de población que se designan a los letrados. El Colegio Nacional de Letrados recalca que alcanzaron un “acuerdo firme” con Justicia en marzo del año pasado, lo que en algunos casos supondría una mejora del complemento de hasta 4.000 euros anuales.