La cabecera del Tajo ve con escepticismo el plan del Gobierno de reducir el trasvase hacia el Levante: “Esto antes era como Marbella”

El ambiente debía ser festivo, pero el escepticismo campaba a sus anchas en Sacedón (Guadalajara) el miércoles pasado. “Nos han hecho tantas promesas en los últimos 40 años que ya no sabemos cuántas veces nos han engañado, ¡perdimos la cuenta!”, contaba Julián Palomino, de 84 años, mientras se calentaba al sol en la plaza de la Constitución, el día después de que ...

El ambiente debía ser festivo, pero el escepticismo campaba a sus anchas en Sacedón (Guadalajara) el miércoles pasado. “Nos han hecho tantas promesas en los últimos 40 años que ya no sabemos cuántas veces nos han engañado, ¡perdimos la cuenta!”, contaba Julián Palomino, de 84 años, mientras se calentaba al sol en la plaza de la Constitución, el día después de que el Gobierno aprobara una reducción significativa del trasvase Tajo-Segura que ha puesto en pie de guerra a los regantes de Alicante, Murcia y Almería. “¡Cómo vamos a fiarnos, si primero nos quitaron las mejores tierras para los embalses a cambio de nada y luego nos llevaron el agua!”, interrumpía constantemente otro paisano, reacio a identificarse, a la entrada de la Asociación Recreativa y Cultural de Jubilados y Pensionistas. La misma atmósfera precavida y recelosa era la predominante en otros municipios de Guadalajara y Cuenca que se reparten alrededor de los embalses de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, la zona cero de los principales damnificados por el trasvase que riega el sureste español. “Llevamos muchos años de lucha y, ahora que parece que la situación puede mejorar algo, pues la gente está como que no se lo cree”, explica María Ángeles Sierra, de 63 años, alcaldesa de Cañaveruelas (PSOE) desde 2019 y presidenta de la Asociación de Municipios Ribereños, que engloba a 22 ayuntamientos socialistas y del PP.

El “mar de Castilla”, el ostentoso nombre que el conjunto de embalses recibía en los buenos tiempos, es ahora más bien una laguna. “Esto antes era como Marbella”, afirma, sin asomo de ironía, Aquilino González, de 64 años y trabajador municipal en Sacedón (1.550 habitantes). “Desde aquí”, dice señalando unas escaleras junto a un muro de piedra de más de tres metros, “los chiquillos se lanzaban al agua en los años ochenta y los noventa. Los fines de semana llegaban hasta 40 autobuses de turistas desde Madrid y otras partes. Qué cantidad de vida... Si hasta había barcas de pedales para alquilar”, se sumerge en sus recuerdos.

Aunque estamos en el Camino de la Playa, símbolo de una época añorada, el agua del embalse queda a 10 minutos largos. Dos chiringuitos de paredes metálicas cerrados, que no hace tanto tiempo causaban furor entre los domingueros, completan la estampa de unos embalses que ya quisieran estar medio vacíos: Entrepeñas empezó la semana al 37% de su capacidad (301 hectómetros cúbicos) y Buendía al 23% (396 hectómetros cúbicos). El trasvase medio anual del Tajo al Segura, para llevar agua a Alicante, Murcia y Almería, ronda los 320 hectómetros cúbicos, aunque con el cambio normativo anunciado ahora, fuentes gubernamentales calculan que se reducirá en una horquilla de 70 a 110 hectómetros cúbicos anuales. Esa agua que dejaría de trasvasarse sería reemplazada por agua desalada (mucho más cara).

La legislación vigente desde julio de 2021 regula que no se podrá trasvasar agua cuando las existencias conjuntas de Entrepeñas y Buendía no superen los 400 hectómetros cúbicos, y varias sentencias del Tribunal Supremo, así como la legislación europea, obligan a recortar el trasvase. “El problema del agua para el Levante no puede depender solo de otra parte de España, como es Castilla-La Mancha, es un problema de España y tiene que resolverlo España”, ha declarado esta semana el presidente autonómico, el socialista Emiliano García-Page.

“Gracias a las lluvias de las últimas semanas, los embalses se han rellenado algo”, destaca Ángel González, que, como otros consultados, no termina de creerse los compromisos del Gobierno. “Fe tengo poca, desde pequeño llevo escuchadas tantas cosas... A mí me da igual que el agua se la lleven a Murcia, a Toledo o a las Tablas de Daimiel. Hay que dejar el agua necesaria aquí y entonces que se lleven el sobrante. Si no se cumple eso, se repetiría la historia: será el mismo perro con distinto collar”, dice, mientras atiende desde el otro lado de la barra al público que entra y sale del bar España.

El plan hidrológico aprobado por el Gobierno establece por primera vez un caudal ecológico para el Tajo, es decir, el volumen mínimo de agua que debe siempre mantener el río para preservarlo desde el punto de vista medioambiental. El punto de control más importante estará en Aranjuez: para 2023 ese caudal ecológico deberá aumentar de 6 a 7 metros cúbicos por segundo; en 2026, a 8 metros cúbicos; y en 2027, a 8,6. El temor en los pueblos de la cabecera es que no se permita la recuperación de los embalses, de los que depende la economía de la zona.

“El caudal ecológico del Tajo es imprescindible: hay que cumplir con las cinco sentencias del Tribunal Supremo y la normativa europea para garantizar agua suficiente en la cabecera del río. Pero el siguiente paso tiene que ser cambiar las normas de explotación del trasvase para que haya una lámina de agua mínima no trasvasable en la cabecera”, avanza Fran Pérez, de 57 años y alcalde socialista de Sacedón desde 2011. “Reclamamos que esa lámina sea de entre 800 y 1.000 hectómetros cúbicos, frente a los 400 hectómetros actuales. No es mucho, no llega al 40% de la capacidad de los embalses”.

Desde el principio de su mandato, una pancarta con el lema “Tajo-Segura, ni una gota más” luce en los balcones del Ayuntamiento. “Al Tajo hay que darle vida, pero también hay que dársela a nuestros embalses con un mínimo de agua garantizada”, coincide la presidenta de la Asociación de Municipios Ribereños. Y añade: “Si no tenemos agua, no tenemos vida en estos pueblos. La mayoría de la actividad económica se enfocó al turismo con los embalses. Pero sin el agua suficiente, mucha gente tuvo que emigrar”. En esa misma línea, Ainhoa Soriano, dependienta de 31 años del supermercado Sorillega, a 20 kilómetros de Sacedón, en Buendía (400 habitantes), sentencia: “Si pierdes el pantano, pierdes el turismo. Es todo uno”.

Despoblación

Un estudio de 2018 sobre el impacto socioeconómico del trasvase Tajo-Segura en los embalses de cabecera, elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha, señala cómo la población de los municipios afectados ha disminuido en un 21,3%, muy por encima de la media de decrecimiento del conjunto de municipios rurales de Guadalajara y Cuenca (8,8%). “Tras la puesta en marcha del trasvase, han visto cómo la población de sus municipios disminuía año tras año”, dice el informe, que alerta de que entre 2011 y 2016 la población de los municipios que rodean Entrepeñas y Buendía —unos 10.000 habitantes— siguió cayendo a mayor velocidad (13,5%) que la de otras localidades rurales de sus provincias (9,6%), “en lo que parece un proceso continuado de despoblamiento que refleja una falta de desarrollo del potencial turístico en la zona”. El estudio resalta que, cuando se produjo el llenado de Entrepeñas y Buendía a finales de los años 50, “anegando las tierras más fértiles de la comarca, surgió un nuevo modelo económico basado en los usos turísticos y recreativos de los embalses”. Dicho modelo se desarrolló a lo largo de las décadas de los 60, 70 y 80, “hasta que la gestión del trasvase afectó la estabilidad y continuidad de la lámina de agua de los embalses”.

“Los fines de semana no se cerraba, la noche era eterna, hasta tenían que enviar de refuerzo a policías de tráfico desde Guadalajara... Pero con el trasvase los niveles de agua empezaron a descender de forma brusca, los negocios se empezaron a tambalear y la zona empezó a perder atractivo. Se ha notado muchísimo”, sintetiza Ricardo Ortega, madrileño de 67 años, que en 1980 creó Crisve Turismo, una empresa en Sacedón dedicada a la náutica y el ocio. Su embarcadero, con capacidad para medio centenar de amarres, es el único en el embalse de Entrepeñas. Con cuatro naves y seis empleados en invierno —el doble en verano, si la cosa va bien—, el empresario incide en que “la prosperidad” de la zona depende de que se dé un respiro a los embalses. Y Ortega concluye: “Es normal que la gente no se fíe, son ya dos generaciones escuchando lo mismo”.