El Gobierno ataca el pacto de PP y Vox para superar sus reveses judiciales

El Gobierno sabe hace tiempo que en la partida política española, en la que son claves las decisiones judiciales —basta ver la enorme influencia que tuvo la sentencia del procés en las segundas elecciones de 2019, que llegaron con las calles de Barcelona incendiadas— tiene al Tribunal Supremo en contra.
...

El Gobierno sabe hace tiempo que en la partida política española, en la que son claves las decisiones judiciales —basta ver la enorme influencia que tuvo la sentencia del procés en las segundas elecciones de 2019, que llegaron con las calles de Barcelona incendiadas— tiene al Tribunal Supremo en contra.

El auto del juez Pablo Llarena, en el que desactiva las dos reformas más delicadas promovidas por el Gobierno y ERC —sedición y malversación— y, además, las cuestiona duramente, confirma que el alto tribunal será beligerante frente a la aplicación de estos cambios en el Código Penal, según el Gobierno.

El riesgo ahora es que el objetivo principal de esos cambios, que era el de evitar largas condenas a los segundos niveles de los responsables del procés, quede en nada. El Ejecutivo asumió el coste político de esa reforma, sobre todo la más polémica, la de la malversación, con la idea de dar carpetazo al procés y evitar que se reabra y vuelvan las protestas masivas alrededor de las sentencias duras. Ahora esto está en cuestión, aunque nada es definitivo y queda mucha batalla jurídica, sobre todo porque la fiscalía marcará con toda probabilidad un criterio distinto al de Llarena.

Pero el Gobierno, que trata de dejar atrás el golpe que le ha dado el Supremo esta semana a sus reformas, cree que políticamente no hay un cambio muy relevante. “Tanto en Cataluña como fuera todos saben que hemos hecho lo que hemos podido, asumiendo un coste alto, por el bien de la convivencia. Los jueces son los que toman las decisiones, como en cualquier democracia. Pero nuestra parte está cumplida y los ciudadanos sabrán juzgarla”, resume un miembro del Ejecutivo.

En la Ejecutiva del PSOE del viernes, ante todos los ministros del área socialista, Pedro Sánchez reivindicó las reformas que se han hecho e insistió en que el único objetivo de fondo es recuperar la convivencia en Cataluña y dejar atrás el procés, que para él está acabado.

El Gobierno y el PSOE confían en que estas decisiones judiciales y las que vendrán en las próximas semanas, que serán probablemente similares, no reactivarán la protesta independentista en plena precampaña de las municipales. No es el ambiente que detectan los socialistas catalanes. Pero un buen primer termómetro será la protesta que se está organizando para el jueves en Barcelona, con motivo de la cumbre hispano-francesa con la presencia de Sánchez, Emmanuel Macron y un nutrido grupo de sus ministros.

Pero lo que sí está muy claro ya es que el Supremo se ha convertido en un referente para la oposición, que celebra cada movimiento, y casi el único que tiene capacidad real para trastocar por completo la agenda política.

En el Gobierno en cualquier caso prefieren ver el vaso medio lleno y destacan que con estas resoluciones, Carles Puigdemont no solo no quedará impune, como apuntaba la oposición, sino que está más cerca de ser extraditado a España para enfrentarse a una condena importante por malversación y desobediencia.

Lo que sí sería absolutamente demoledor para el Ejecutivo es que los jueces, y en especial el Supremo, permitieran que algún corrupto saliera a la calle o viera reducidas sus penas por el cambio en la malversación. Pero ese escenario se aleja con la primera decisión del Supremo, que señala más bien lo contrario, que la nueva fórmula de la malversación es prácticamente inaplicable.

El Gobierno cree que es imposible jurídicamente que la reforma beneficie a corruptos, porque no se ha tocado nada de los delitos que les afectan, solo se ha añadido uno nuevo cuando no hay lucro. Pero todas las alertas están activadas.

En cualquier caso, y con estas incógnitas abiertas, el Gobierno entra ya en campaña centrado en la idea de la coalición PP-Vox, que será uno de los referentes del discurso político en los próximos meses. El enredo alrededor de las medidas antiabortistas en Castilla y León le ha puesto en bandeja al PSOE el arranque de esta precampaña, que Sánchez y su equipo han centrado en esta idea de la “coalición del miedo” que para ellos representan el PP y Vox. Los socialistas creen que el PP va a caer una y otra vez en estas redes porque Vox necesita protagonismo y porque es cada vez más evidente que los populares solo podrán gobernar en decenas de ayuntamientos y alguna comunidad autónoma de la mano de los ultraderechistas, un escenario que será la antesala de las generales.