El auto de Llarena pone en riesgo el refugio belga de Puigdemont

El último movimiento del juez Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, ha puesto en riesgo el refugio en Bélgica del expresident Carles Puigdemont y ha alejado, a la vez, la posibilidad de que vuelva de forma voluntaria a España. La reforma legal del Gobierno ―que ha derogado el delito de sedición y reformado el de la malversación― había abierto una ventana de esperanza par...

El último movimiento del juez Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, ha puesto en riesgo el refugio en Bélgica del expresident Carles Puigdemont y ha alejado, a la vez, la posibilidad de que vuelva de forma voluntaria a España. La reforma legal del Gobierno ―que ha derogado el delito de sedición y reformado el de la malversación― había abierto una ventana de esperanza para el líder independentista. Su entorno pensaba en 2023 como el año de su regreso y había especulado, incluso, con la posibilidad de que la rebaja de penas prevista le permitiera sortear la prisión provisional. Ahora, ese escenario optimista se ha desvanecido. El auto del juez Llarena, que le retira el delito de sedición pero le atribuye uno de malversación que implica severas penas de cárcel, incrementa las posibilidades de que Puigdemont sea entregado por las autoridades de cualquier país europeo al poner en riesgo su estatus en Waterloo, donde permanece huido desde 2017.

“Puigdemont lo tiene ahora peor que nunca. El delito más político [sedición], el que provocaba más resistencias en la justicia europea, ha caído. Y ha cobrado protagonismo un delito económico reconocido por todos los países, que supone una entrega casi inmediata”, opina uno de los abogados de los líderes del procés condenados por el 1-O y ahora pendientes de la revisión de sentencia del Tribunal Supremo. Este jueves, día en que entraba en vigor la reforma del Código Penal, Llarena ha dictado un auto en el que descarta procesar a Puigdemont por sedición y considera que el texto legal plantea un “contexto cercano a la despenalización”. El juez no cree que el nuevo delito de desórdenes públicos agravados se pueda aplicar a lo sucedido en el otoño catalán de 2017: el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia.

Llarena mantiene el procesamiento del expresident por dos delitos: desobediencia (que implica penas de inhabilitación, pero no de prisión) y malversación. La decisión facilita, según las fuentes jurídicas consultadas, un cambio en la postura que hasta ahora ha mantenido la justicia belga para no entregar al político catalán. En 2018, de hecho, los tribunales de Alemania ―donde Puigdemont fue detenido― ya se mostraron dispuestos a entregarlo por malversación, aunque no por rebelión, lo que hizo que la justicia española lo rechazase por lo que eso implicaba en aquel momento.

El problema para el exdirigente ―y también para los otros dos procesados, los exconsejeros huidos a Bélgica Toni Comín y Lluís Puig― es la malversación escogida por el juez. No es uno de los tipos atenuados que recoge la reforma del Gobierno, sino la del artículo 432.2, que contempla el ánimo de lucro y prevé penas severas: de cuatro a ocho años de cárcel y entre 10 y 20 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En caso de volver a España, Puigdemont y sus compañeros se arriesgan a que el juez acuerde su ingreso en prisión provisional, ya que se supera el umbral de los dos años que exige la ley para dictar esta medida cautelar.

No hace falta que haya “enriquecimiento” personal, sostiene Llarena, para aplicar esta modalidad de la malversación; basta con que se disponga de dinero público “como si fuera propio”. Las actuaciones “no son subsumibles en los tipos penales atenuados que se introducen” en la reforma, insiste. Este planteamiento ha irritado a las defensas de los procesados, que consideran que el magistrado ha hecho una interpretación “retorcida” que va contra el espíritu y la letra de la reforma del Gobierno. “Hubiera sido más razonable encajar los hechos como desórdenes públicos que no como una malversación con ánimo de lucro que no aplica en este caso”, subraya otro de los letrados. La reforma de la malversación distingue entre quienes desvían dinero público para lucrarse personalmente y quienes lo hacen por otros motivos, como financiar una causa ideológica. Este último caso, según el Gobierno, es el que se corresponde con lo ocurrido en el procés. Las penas varían, pero pueden llegar a ser de inhabilitación (no cárcel) y multa.

En un mensaje en vídeo difundido la noche del jueves, Puigdemont arremetió contra la decisión de Llarena y dio a entender que la vía para el regreso voluntario queda cerrada. “No volveré ni esposado ni rendido ante un juez español para que sea indulgente. Lucharé para volver libre”, dijo Puigdemont, que subrayó que dará “la batalla judicial europea hasta el final”. El expresidente catalán lamentó el auto del juez Pablo Llarena, que aunque excluye la sedición, le mantiene procesado por un tipo de delito de malversación que implica penas de hasta ocho años de cárcel. “El Supremo ha dejado claro cómo nos aplicarán la poco afortunada reforma de la malversación. Y no es una interpretación nada positiva”, dijo Puigdemont, que denunció que “en España se hace política desde los tribunales”. El expresident aprovechó para arremeter contra la reforma legal del Gobierno que derogó la sedición, ya que no ha servido para “revertir la tendencia” de un sistema judicial que, en su opinión, no ofrece “garantía de respeto a derechos fundamentales”.

Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, también ha criticado la decisión de Llarena de no aplicar los cambios en el delito de malversación que han entrado en vigor este jueves. En Bruselas, Boye ha calificado el auto de “preocupante porque es una crítica al poder legislativo, incluso con descalificaciones. Y la conclusión a la que llegamos es que hoy [por ayer] el juez Llarena, el Tribunal Supremo, ha derogado la reforma de malversación por la forma en que han decidido aplicarla”, ha añadido, informa Manuel V. Gómez. El abogado ha asegurado, no obstante, que la estrategia del expresident no cambiará por ahora: “Pasa por acreditar que estos hechos no solo no son delictivos, sino que se corresponden con una persecución política”.

“Vía europea”

Boye también apunta que la línea de defensa seguirá centrada en lo que ha denominado “la vía europea” al considerar que “es ahí donde se resolverá el tema de fondo”. Se refiere, en concreto, a sendos pronunciamientos que dos órganos judiciales europeos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) y el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), harán en los próximos meses. El primero ya tiene fecha: el próximo 31 de julio. Ese día, el TJUE debe pronunciarse sobre el largo pulso que la justicia española mantiene con Bélgica por las órdenes europeas de detención (ODE) dictadas contra Puigdemont y el resto de los exconsejeros independentistas catalanes huidos que Bruselas se negó a cumplimentar.

Llarena planteó entonces una cuestión prejudicial al considerar que la interpretación del derecho europeo que estaba aplicando la justicia belga discrepaba de la que recoge la decisión marco de la UE que regula las euroórdenes de detención y entrega. El pasado julio, el Abogado General de la UE dio la razón a España al concluir que Bruselas no puede cuestionar la competencia del Supremo español para emitir una euroorden ni puede denegar la entrega de los fugados del procés. La opinión del Abogado General no es vinculante, pero suele coincidir con las resoluciones que emite después el tribunal de la UE. Mientras se conoce el pronunciamiento, Llarena dejó sin efecto las euroórdenes, aunque mantuvo vigentes las órdenes de búsqueda y captura nacionales.

El segundo pronunciamiento, el que debe hacer el TGUE, se espera para marzo, según fuentes de la defensa de Puigdemont. En este caso, el tribunal europeo debe pronunciarse sobre la inmunidad del expresidente y otro de los huidos, Toni Comín, en su calidad de eurodiputados. En este caso, la defensa de los políticos catalanes reclama que se anule la aprobación del Parlamento Europeo de levantarles la inmunidad para atender al suplicatorio del juez Llarena para entregarlos al Estado español y juzgarlos por el procés.