Los aliados del Gobierno empujan para tramitar ya la reducción de penas por sedición

El Gobierno de coalición tendría una mayoría clara y sobrada de al menos 186 votos para abordar y aprobar en el Congreso una reforma en el Código Penal para reducir a la mitad la pena para el delito de sedición, según ha comprobado EL PAÍS en una consulta a los portavoces de todos los partidos socios y aliados habituales del Ejecutivo en esta legislatura. La única formación que muestra de una manera inequívoca, además de la derecha, que no apoyaría ese cambio par...

El Gobierno de coalición tendría una mayoría clara y sobrada de al menos 186 votos para abordar y aprobar en el Congreso una reforma en el Código Penal para reducir a la mitad la pena para el delito de sedición, según ha comprobado EL PAÍS en una consulta a los portavoces de todos los partidos socios y aliados habituales del Ejecutivo en esta legislatura. La única formación que muestra de una manera inequívoca, además de la derecha, que no apoyaría ese cambio para reducir las condenas por ese delito y homologarlas a las contempladas en otros países europeos de nuestro entorno, sería Junts per Catalunya, el partido que dirige el expresidente catalán Carles Puigdemont, fugado a Bélgica para eludir a la justicia por su participación en el proceso separatista en Cataluña y que podría resultar uno de los grandes beneficiados personales de esa reforma. Hasta la CUP avanza que estaría por la labor de estudiar la propuesta que pueda plantear el Ejecutivo. Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís y BNG la votarían afirmativamente.

El expresident Puigdemont y sus consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí están procesados por sedición y por malversación en el juicio del proceso independentista. Con el actual Código Penal, el primero de estos delitos tipificado en el artículo 544 puede suponer penas de entre 10 a 15 años y el segundo varía entre cuatro y ocho años e inhabilitación absoluta por tiempo de 10 a 20 años. La ex secretaria general de ERC, Marta Rovira, encara solo un posible delito de sedición y sería una de las más beneficiadas de esa hipotética iniciativa.

Desde la dirección del grupo parlamentario de ERC en el Congreso se le recuerda directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el viernes pasado volvió a escudarse en la falta de mayoría ahora para no plantear ya esa reforma penal, lo que le sucedió en el mismo sentido a finales de mayo de 2018 cuando dudaba si registrar una moción de censura contra el entonces presidente popular, Mariano Rajoy. El exlíder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, le alentaba a que la tramitase y comprobase sobre la realidad si aquella moción sumaba o no. Sumó. Congregó 180 votos afirmativos frente a los 169 que la intentaron frenar.

Tanto el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, como responsables en el Parlamento de EH Bildu, PNV, PDeCAT, Más País, Compromís o el BNG han asegurado este miércoles a EL PAÍS que ahora volvería a plasmarse una mayoría más que suficiente para sacar adelante esa reforma penal para cambiar el delito de sedición tal y como está ahora y “homologarlo o armonizarlo” a infracciones similares de las naciones de nuestro entorno. Necesitaría superar la mayoría absoluta fijada en 176 actas. Muchas de esas formaciones empezaron por precisar que estarían donde se situara sobre ese asunto ERC, como hace normalmente EH Bildu. Todas esas formaciones, más las dos del Ejecutivo de coalición, PSOE y Unidas Podemos, suman ahora 186 escaños. Sánchez superó su investidura en enero de 2020 con 167 apoyos frente a 165 que votaron en contra.

ERC no tiene dudas de que votaría a favor de una teórica propuesta de reducción de las penas de sedición ahora vigentes, que pueden llegar a condenas de 15 años, aunque demandan también una revisión a fondo del Código Penal. El viernes pasado, en Bruselas, Sánchez reiteró esa idea que ya habían expresado otros miembros del Gobierno: “Tenemos un Código Penal que en algunos de los delitos no es homologable a las principales democracias europeas. Pero para que se materialice necesitamos apoyos parlamentarios”. Rufián y también el portavoz del PNV, Aitor Esteban, o Ferran Bel, del PDeCAT, subrayaron este miércoles en el Congreso que esa mayoría está ahora de nuevo entre los socios. Aunque, matizan, no les parece la mejor solución al conflicto catalán, pues ellos aprovecharían para abordar más cambios. Los aliados habituales del Gobierno tampoco sitúan esta reforma como una línea roja para intercambiar a cambio de su apoyo a los Presupuestos para 2023. Si el Gobierno lleva la iniciativa legislativa al Congreso, ERC no la boicoteará “porque mejorará la vida de mucha gente”.

En ERC apuntaron que el problema para el PSOE a lo mejor no estaba tanto entre sus aliados habituales en el Parlamento, sino más bien entre algunos de sus barones territoriales, más preocupados ahora con este tipo de iniciativas ante las perspectivas electorales en sus autonomías por las elecciones de mayo de 2023.

La mayoría de los portavoces de los partidos socios recurrentes del Ejecutivo argumentaron para adelantar su apoyo a ese cambio penal que refrendarían cualquier medida que alivie la vida diaria de las personas que sufrieron condenas por el juicio del proceso independentista en Cataluña. En ERC apuntan que llevan tres años, lo que va de mandato, intercambiando ideas y hasta documentos con el Ejecutivo sobre este asunto.

Por parte de Más País se recalcó que el objetivo debería ser adaptar la normativa española a la legislación de la mayoría de los países vecinos y se incidía en que no habría problemas para sumar adeptos: “El Gobierno ya ha mostrado en otras ocasiones y en otros temas, muy variados, que es capaz de lograr mayorías. Siendo este uno que tiene por objetivo ponernos al día con buena parte de Europa no creemos que les resulte tan difícil” afirmaron fuentes del partido de Íñigo Errejón. Joan Baldoví, de Compromís, incidió en esa línea. El diputado del BNG, Néstor Rego, que en ocasiones se desmarca de la mayoría progresista del Congreso, también ratificó que en este caso se agregaría a esa mayoría. Una postura que confirmó también el portavoz del PNV, Aitor Esteban.

Ferrán Bel, portavoz del PDeCAT, tuiteó el pasado viernes tras observar la intervención cautelosa del presidente: “Los votos (176) en el Congreso si se trata de modificar el delito de sedición existen desde principio de legislatura (mínimo 187: PSOE, UP, ERC, Bildu, PNV, Junts y PDeCAT). Hace falta voluntad y coraje político, si se crean impuestos en pocas semanas, también se puede modificar el Código Penal”. Este miércoles refrendó esa tesis.

Otros aspectos del Código Penal

Dirigentes de formaciones nacionalistas catalanas avanzan, además, que podría aprovecharse la ocasión para revisar otros aspectos del Código Penal relacionados con el contenido del delito de la malversación para diferenciar mejor a los que pudieron utilizar fondos públicos en beneficio de una causa política, aunque fuera equivocada, de los que se lo quedaron en provecho propio.

Hasta una de las representantes de la CUP, Mireía Vehí, apuntó que su formación, con dos escaños en el Congreso, estaría dispuesta a estudiar la iniciativa si el Gobierno la tramita. La que no dudó en rechazar esa posibilidad fue la portavoz de Junts en la Cámara baja, Míriam Nogueras, que la considera además una trampa. Nogueras se agarró así a la réplica que le dedicó el mismo viernes pasado el expresidente catalán, Carles Puigdemont, a Sánchez cuando le escuchó hablar desde Bruselas: “Lo que tenéis que hacer es derogarlo. Y no aprovechar ninguna reforma para introducir nuevas herramientas que permitan perseguir y condenar con penas de prisión comportamientos que en las democracias europeas, como Alemania, son considerados libertad de expresión. Que os conocemos, farsantes”.