Sánchez y Feijóo harán un “último intento” para renovar el Poder Judicial y el Constitucional tras la dimisión de Lesmes

La dimisión del presidente del Consejo Superior del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, parece haber cambiado el ambiente entre los dos grandes partidos después de meses sin hablarse. Tras una reunión de más de tres horas este lunes en La Moncloa entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, tanto el PP como el Gobierno han apuntado que ahora sí es posible lograr un acuerdo en los próximos días y ambos se han dado “una...

La dimisión del presidente del Consejo Superior del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, parece haber cambiado el ambiente entre los dos grandes partidos después de meses sin hablarse. Tras una reunión de más de tres horas este lunes en La Moncloa entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, tanto el PP como el Gobierno han apuntado que ahora sí es posible lograr un acuerdo en los próximos días y ambos se han dado “una última oportunidad” para intentar resolver esta grave crisis institucional que ya nadie niega. Feijóo ha sido el primero en anunciar ese giro inesperado. “Hemos avanzado para abordar la renovación conjunta de Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional con un nuevo marco que profundice en criterios de independencia. Creo que este paso se podía haber dado mucho antes, y confío en que también será posible una reforma legal como pide la UE y lleva pidiendo meses el PP”, ha señalado en Twitter. El Gobierno, a través del ministro Félix Bolaños, ha confirmado que Sánchez y Feijóo han acordado promover “un último intento de negociación para superar esta crisis institucional gravísima”.

La reunión, según fuentes del Ejecutivo, ha ido mucho mejor de lo esperado y ha servido para comprobar que el Partido Popular parece tener voluntad real de acuerdo después de casi cuatro años de bloqueo. Pero aún no está, ni de lejos, todo hecho. Ahora solo empieza la negociación, que tiene una dificultad importante: el PP insiste en reclamar un compromiso para una reforma futura del sistema de elección del CGPJ, algo que el Gobierno siempre ha rechazado de plano. Feijóo ha insistido este lunes en este asunto, y el Ejecutivo, para no complicar la negociación que acaba de empezar, ha evitado cerrar expresamente la puerta, aunque Bolaños ha dicho que “las posiciones son conocidas”, una forma indirecta y menos conflictiva de decir que su opinión no ha cambiado. El Gobierno y el principal partido de la oposición sí han coincidido en “el marco de diálogo”, un cambio de tono radical sobre el enfrentamiento abierto de las últimas semanas.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y su interlocutor en esta negociación en el PP, el vicesecretario Institucional, Esteban González Pons, también han conectado en la idea de asumir que la crisis provocada en el sistema judicial, con decenas de plazas por cubrir y el órgano de dirección de los jueces bloqueado hace casi cuatro años, es de extrema gravedad. El Gobierno y el Partido Popular han acordado volver a hablar, y poco más por ahora. No se han dado plazos, aunque han precisado que la solución debe encontrarse a la mayor brevedad. Los responsables en avanzar o certificar su fracaso volverán a ser Bolaños y Pons, aunque este último ha precisado que “los contactos entre los presidentes” de los dos partidos serán más frecuentes. Sánchez y Feijóo llevaban sin hablarse 168 días.

La reunión en La Moncloa de este lunes ha durado tres horas, la mitad a solas y la otra con los negociadores presentes. Pons ha concedido que ese solo hecho de sentarse a hablar y escucharse entre los líderes de los dos principales partidos del país ya es “desgraciadamente” una buena noticia y se ha mostrado “contento”. Ni Bolaños ni Pons han querido precisar mucho más que esa “buena disposición al diálogo”. El popular ha aprovechado para subrayar la “incomodidad” de su formación por los ataques recibidos por su líder en estos meses, y ha comentado que Feijóo le ha pedido al presidente algo más de “sosiego y respeto”, sobre todo para una serie de asuntos de Estado.

Bolaños y Pons han asegurado tras la reunión que se pondrán ahora a buscar “una solución rápida”, aunque no se han fijado fecha límite. El ministro ha explicado incluso que ahora sí se van a poner a “negociar en serio”, pero no ha aclarado por qué no han podido cerrar el acuerdo hoy mismo si sus posiciones están claras hace mucho tiempo. “No podíamos cerrarlo en la primera reunión”, ha señalado. Pons ha agregado que “la brecha” entre ambos partidos era tan grande que ha provocado la renuncia de Carlos Lesmes y, por tanto, este lunes no podría cerrarse sin más. Tres horas, así, no le han parecido tanto tiempo “para reconstruir puentes”. Ha definido la charla como “larga, constructiva y a veces con alguna difícil conversación”.

El ministro ha intentado dejar los detalles de la conversación y las condiciones de ambas partes para más adelante, cuando se perfilen con más discreción. El asunto que los separa más, ahora mismo, es la reclamación del PP de abordar un nuevo sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Lo que sí han consensuado es emprender la renovación de los vocales del CPGJ y las vacantes de los magistrados del Tribunal Constitucional al mismo tiempo, algo que reclamaban los populares. El Gobierno acepta así esperar y hacer un paquete negociador, pero no lo hará por mucho tiempo. Bolaños, después de decir que las posiciones del PSOE y el PP sobre el modelo de elección “son conocidas”, ha evitado cerrar ninguna puerta y ha invitado a los periodistas a preguntar a los populares sobre este asunto.

El representante popular sí insistió en que su partido se mantiene, de partida, en la propuesta que envió al Ejecutivo en junio y que luego retomó tras el verano, sobre afrontar la renovación del Poder Judicial, pero con el compromiso casi en paralelo de reformar la ley orgánica que regula su funcionamiento y que lleva vigente desde 1985 y han usado todos los gobiernos desde entonces. Feijóo, antes de la cita, había indicado en una entrevista en Telecinco que esa reforma legal debía abordarse en seis meses. Ni Bolaños ni Pons han querido confesar que ese punto es aún el que más los distancia y el que ha evitado el acuerdo este mismo lunes. El Gobierno siempre ha rechazado cambiar el sistema y permitir que los jueces elijan directamente a 12 de los 20 vocales ―ahora lo hacen indirectamente, puesto que el Congreso decide entre una lista de 54 magistrados elegidos por sus compañeros― porque, dada la tendencia conservadora del mundo judicial, sería como entregar el CGPJ para siempre a los conservadores, voten lo que voten los ciudadanos, algo que el PSOE y Unidas Podemos ven inaceptable y ajeno al espíritu constitucional.

La Comisión Europea ha dicho este lunes que el anuncio de la dimisión de Lesmes “reafirma la urgencia” de renovar el órgano de los jueces y ha instado a los responsables españoles a “seguir las recomendaciones” del Informe sobre el Estado de derecho en España, publicado el pasado julio. “Nuestra posición es bien conocida, en nuestro informe manifestamos una posición clara sobre la importancia de proceder a la renovación prioritaria del CGPJ”, ha recordado el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand, según el cual Bruselas “sigue de cerca” los eventos en la materia. “Los últimos acontecimientos reafirman una vez más la urgencia de encontrar una solución”, ha agregado, desde la capital belga, casi en el mismo momento en que el presidente del Gobierno español discutía sobre el tema en la Moncloa con el líder del PP. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, visitó a finales de septiembre España para intentar destrabar el bloqueo de la renovación del Consejo, aunque no logró ningún acuerdo concreto, informa Silvia Ayuso.

El actual Consejo fue nombrado por el Congreso y el Senado cuando el PP tenía una mayoría absoluta lograda en 2011, hace casi 11 años. Desde entonces, ha habido cuatro elecciones generales en las que el PP ha ido perdiendo apoyos sistemáticamente, pero conserva el control férreo de dicho órgano gracias a su estrategia de bloqueo. El último episodio de esta maniobra consiste en bloquear también la renovación del Constitucional, que tendría que haberse hecho el 12 de junio y estaba pactada entre el Gobierno y Pablo Casado, un acuerdo que Feijóo decidió no reconocer.