El bloqueo del PP empuja la justicia al precipicio

Un veterano magistrado con mando en el Tribunal Supremo vaticina algo así como el apocalipsis judicial en España: “Lo que viene es mucho peor de lo que hay. Si nadie lo impide en las próximas horas, viviremos una de las crisis más graves sin saber adónde puede conducir”, dice. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva cuatro años con el mandato caducado y uno sin poder realizar nombramientos en altos cargos de la judicatura; tiene dos vacantes en su seno por jubilación y fallecimiento, una mayoría absoluta conservadora (11 a 7) que corresponde a la última legislatura del PP y un compl...

Un veterano magistrado con mando en el Tribunal Supremo vaticina algo así como el apocalipsis judicial en España: “Lo que viene es mucho peor de lo que hay. Si nadie lo impide en las próximas horas, viviremos una de las crisis más graves sin saber adónde puede conducir”, dice. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva cuatro años con el mandato caducado y uno sin poder realizar nombramientos en altos cargos de la judicatura; tiene dos vacantes en su seno por jubilación y fallecimiento, una mayoría absoluta conservadora (11 a 7) que corresponde a la última legislatura del PP y un complicadísimo futuro inmediato: Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Supremo, ha confirmado que este lunes formalizará su dimisión; el próximo jueves el Consejo se enfrenta a un pleno extraordinario para intentar cumplir, con un mes de retraso, la ley que le emplaza a designar a dos magistrados del Tribunal Constitucional. Y de fondo está la amenaza de colapso en varias salas del Supremo por la imposibilidad de cubrir vacantes.

A 72 horas de que se celebre ese pleno, una parte mayoritaria del bloque de vocales conservadores del Consejo que eligió en su día el PP se niega a negociar los nuevos nombramientos del Constitucional. “La presión del PP para evitar esos nombramientos está siendo terrible”, sostiene un vocal progresista. La renovación del Constitucional —con los dos vocales que corresponden al Consejo y los dos, también pendientes, que corresponden al Gobierno— dará lugar a un cambio en la relación de fuerzas de ese tribunal: de la actual mayoría de magistrados conservadores se pasará a otra de progresistas.

Ocho vocales conservadores —de los 11 que eligió en su día el PP— han ofrecido durante las últimas semanas un variado catálogo de excusas para bloquear los nombramientos del Tribunal Constitucional. Desde que no encuentran a magistrados del Supremo (entre los más de 40 que fueron elegidos en su día por el Poder Judicial con el apoyo de los conservadores) dispuestos a asumir uno de los puestos más codiciados por la carrera judicial, hasta que hay que esperar a conocer el resultado de la mediación del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, a sabiendas de que sus últimas gestiones, durante una visita a España, fueron infructuosas y molestaron especialmente al Gobierno de Pedro Sánchez. También exige ese bloque de vocales conservadores que no se decida nada hasta que no se renueve el CGPJ, una renovación que el PP bloquea a su vez con sucesivas condiciones que el Gobierno considera inasumibles.

Parálisis en los nombramientos

Hay otro frente de parálisis cada vez más grave: la reforma legal que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021 y que impide al CGPJ, mientras esté con el mandato caducado, seguir eligiendo a los altos cargos de la judicatura, causa ya enormes problemas de funcionamiento en distintos tribunales. El PSOE lanzó esa reforma para meter presión a los populares e intentar que así desbloquearan la renovación del Consejo, pero el desbloqueo no se ha producido y la consecuencia ha sido otra: la parálisis en los nombramientos, que deriva en serios problemas para la administración de justicia. Desde que la ley entró en vigor hay 77 plazas del Supremo, tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales pendientes de renovación, según datos del CGPJ. Y aunque en 43 casos el puesto sigue cubierto en funciones, en otros no es posible, como las 17 plazas del Supremo que han quedado vacantes por el fallecimiento o la jubilación de sus titulares. Esta situación, que nadie es capaz de aventurar cuándo se va a resolver, provoca graves problemas de funcionamiento.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que decide sobre permisos laborales, subidas salariales, efectividad de los convenios, incapacidades permanentes o complementos de maternidad y paternidad, entrará este mes en una situación límite para sacar adelante las sentencias, según fuentes del tribunal. Ha perdido en este tiempo a dos de sus 12 magistrados, que no han podido ser sustituidos por el veto legal vigente. Pero en las dos próximas semanas perderá a otros dos: la presidenta, María Luisa Segoviano (24 de octubre), y el magistrado Ricardo Bodas (14 de octubre), de manera que se quedará solo con ocho magistrados para las dos salas donde se deliberan los distintos asuntos, que se deben constituir con cinco magistrados cada una. De esta manera, se complicará mucho el funcionamiento normal de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Con todos estos frentes abiertos y sin solución a la vista —el bloqueo en el Consejo, el retraso en la renovación del Constitucional, la parálisis del Supremo por la imposibilidad de cubrir vacantes— la justicia se acerca al precipicio tras cuatro años de incumplimiento de las reglas del juego por parte del PP, que se niega a renovar el CGPJ con todo tipo de excusas, entre ellas la necesidad de modificar por ley el sistema de elección de los 12 vocales jueces, algo que el partido conservador prometió en 2011 y no hizo durante los siete años en los que gobernó.

Aunque el PP intentó la renovación del Consejo General del Poder Judicial en 2018, cuando tocaba —acordó todos los nombres con el PSOE, incluyendo el de futuro presidente del organismo—, la operación se frustró al hacerse públicas las intenciones de los conservadores: la prensa publicó un wasap que circulaba entre los parlamentarios del PP justificando el acuerdo para renovar en que así ellos podrían controlar “por la puerta de atrás” la Sala de lo Penal del Supremo a través del futuro presidente del Consejo, el magistrado Manuel Marchena. Este renunció ipso facto a ese futuro cargo al sentirse manipulado por el PP. Desde entonces se mantiene un bloqueo que ha derivado con el paso del tiempo en una cadena de problemas en el funcionamiento de la administración de justicia.