El Supremo impone a una diputada de la CUP una multa de 13.500 euros por no responder a Vox en el juicio del ‘procés’
El tribunal libra a Eulàlia Reguant de la pena de cuatro meses de cárcel que pedía la Fiscalía y que habría acarreado su inhabilitación
La diputada autonómica de la CUP Eulàlia Reguant tendrá que pagar una multa de 13.500 euros por negarse a contestar a las preguntas de Vox cuando fue llamada a declarar como testigo durante el juicio del procés en 2019. El Tribunal Supremo ha librado a Reguant de la condena a cuatro meses de prisión que pedía para ella la Fiscalía, pero le ha impuesto una pena de nueve meses de multa con una cuota diaria de 50 euros como autora de un delito de desobediencia grave a la autoridad. En una...
La diputada autonómica de la CUP Eulàlia Reguant tendrá que pagar una multa de 13.500 euros por negarse a contestar a las preguntas de Vox cuando fue llamada a declarar como testigo durante el juicio del procés en 2019. El Tribunal Supremo ha librado a Reguant de la condena a cuatro meses de prisión que pedía para ella la Fiscalía, pero le ha impuesto una pena de nueve meses de multa con una cuota diaria de 50 euros como autora de un delito de desobediencia grave a la autoridad. En una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Susana Polo, la Sala de lo Penal concluye que la actitud de la acusada negándose a cumplir el mandato del tribunal “ha sido evidente e inequívoca, clara y patente”, y no solo fue expresada en el juicio en el que fue citada a declarar como testigo, sino también en el escrito presentado por su abogado cuando el Supremo le preguntó dos meses después si accedía a declarar nuevamente cumpliendo la ley o persistía en su rechazo a contestar a la acusación popular que ejercía Vox. La diputada, recuerda el tribunal, optó por esto último.
Reguant fue juzgada en el Supremo el pasado 28 de septiembre por unos hechos cometidos el 28 de febrero de 2019, cuando, siendo edil del Ayuntamiento de Barcelona, estaba citada como testigo de la acusación popular y algunas defensas en el juicio que se seguía contra los líderes independentistas acusados de rebelión. Reguant acudió, pero, al igual que había hecho minutos antes su compañero de partido Antonio Baños, se negó a contestar a las preguntas de la formación de Santiago Abascal, a pesar de que los testigos están obligados por ley a declarar. “Asumiendo las consecuencias frente a un partido machista y xenófobo, no contestaré a un partido de extrema derecha”, advirtió. El Supremo le multó ese mismo día con 2.500 euros y envió el caso a un juzgado, que lo acabó enviando de vuelta al Supremo después de que Reguant adquiriera la condición de aforada tras ser elegida diputada del Parlament.
Durante la vista celebrada hace dos semanas en el Supremo, la diputada alegó que se negó a contestar a Vox “por dignidad”. “Asumir la presencia de los que no garantizan los derechos fundamentales es asumir que no puede haber un juicio justo”, sostuvo. Al tribunal no le ha valido esta defensa porque, para los jueces, Reguant “traspasó claramente los límites de su libertad ideológica y de conciencia, y no se estaba ante un ejercicio lícito de la libertad de expresión, claramente limitado en este caso para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial sobre el que la sociedad debe tener una clara confianza”. Además, recuerda el tribunal, “no existe un derecho general de desobediencia respaldado por disposición constitucional o legal alguna”. “Por el contrario”, añade la sala, “el derecho vigente, legitimado democráticamente, tiene efecto obligatorio general y no solo respecto de quienes estén de acuerdo con él”.
Los magistrados entienden, no obstante, que no hay razones para imponer la pena de prisión que pedía la Fiscalía, “no solo porque la misma es una pena privativa de libertad, sino por las consecuencias accesorias que la misma lleva aparejada —inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena—”. La defensa de Reguant había invocado ante el tribunal el derecho a la participación política, que se vería vulnerado en el caso de ser condenada a prisión, un alegato que el tribunal ha tenido en cuenta para optar por una pena de multa.