Condenada la exalcaldesa de Manilva por 749 contratos “a dedo”

Cuando se destapó el caso Malaya de corrupción política en 2006, todas las cámaras enfocaron hacia Marbella. La presión mediática creció con las idas y venidas de implicados como Julián Muñoz o Isabel Pantoja, hasta que en 2013 el juez dictó sentencia. Sin embargo, en esos mismos años y a poco más de 40 kilómetros de distancia, el Ayuntamiento de ...

Cuando se destapó el caso Malaya de corrupción política en 2006, todas las cámaras enfocaron hacia Marbella. La presión mediática creció con las idas y venidas de implicados como Julián Muñoz o Isabel Pantoja, hasta que en 2013 el juez dictó sentencia. Sin embargo, en esos mismos años y a poco más de 40 kilómetros de distancia, el Ayuntamiento de Manilva (16.894 habitantes) pasaba desapercibido mientras contrataba a dedo a cientos de personas. Es justo lo que ha declarado probado una sentencia de la Audiencia de Málaga, que ha condenado a nueve años de inhabilitación para cargo o empleo público a la entonces alcaldesa Antonia Muñoz. Lo hace por un delito continuado de prevaricación administrativa tras realizar 749 contratos de trabajo “sin procedimiento legal alguno” entre los años 2007 y 2013. Muñoz tiene otras dos causas judiciales pendientes, en ambos casos, junto al alcalde actual, Mario Jiménez.

Muñoz llegó a la alcaldía de Manilva —uno de los municipios más pequeños de la Costa del Sol— en 1999 con Izquierda Unida, pero perdió el cargo un año después tras una moción de censura promovida por el GIL de Jesús Gil y el socialista Emilio López Berenguer, que ocupó su puesto y fue expulsado del PSOE por ello. La inestabilidad política local se sucedió en los años siguientes. En 2003 ganó las elecciones el antiguo gilista Pedro Tirado (entonces en el Partido Democrático de Manilva), quien fue detenido dos años después en la operación Ballena Blanca y que tenía en casa 770.000 euros en billetes de 500 euros enrollados y sujetos con gomas. Le sucedió Salvador Zotano, del PSOE, partido que también lo expulsó por desobediencia.

La convulsa situación política parecía encauzarse en 2007 con la vuelta de Antonia Muñoz, pero ahí es donde sitúa el juez el inicio de las contrataciones irregulares. Según la sentencia de la Sección Novena de la Audiencia de Málaga, la exalcaldesa se valió de dos sociedades municipales — Fundación de Manilva para el Desarrollo y la Sociedad Deportiva Manilva— para contratar “de manera sistemática” a personal del Ayuntamiento “prescindiendo de todo procedimiento legal, sin proceso de selección, sin atención a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, simplemente eligiendo de forma personalista a aquellos que decidía contratar”. El fallo judicial cifra en 749 contratos de trabajo los realizados por Muñoz entre 2007 y 2013, muchos de ellos iniciados de forma temporal y que se transformaban al tiempo en indefinidos.

“El Ayuntamiento se encontraba de forma repentina con trabajadores que ni siquiera habían sido nombrados legalmente a los que había que pagar la nómina”, recoge la sentencia, que subraya cómo se eliminó una convocatoria pública de 201 plazas “por razones políticas”, según declaró un testigo. También destaca que la Intervención municipal avisó de la ilegalidad de las contrataciones en distintas ocasiones, pero la exalcaldesa no hizo caso. En uno de sus informes, la interventora afirmaba que “salvo cuatro administrativos, un ingeniero técnico, los policías locales, el secretario” y ella misma, el resto del personal —que sumaba 518 empleados municipales— se encontraba en situación de interinidad. “Lejos de solucionar el problema de que todo ese personal carecía de consignación presupuestaria, [se] contrató a más de 400 personas más”, continúa el texto de la Audiencia de Málaga. Entre los referidos, como denunció entonces el comité de empresa, a toda la lista de IU y decenas de familiares directos o políticos.

Muñoz se defendió durante el juicio —celebrado en enero y febrero pasados— argumentando que este tipo de contrataciones irregulares ocurrían antes y después de su mandato. También explicó que, dada su formación como auxiliar de administrativo, carecía de conocimiento sobre los procedimientos y que toda su actuación se derivó de su “buena intención política”. El tribunal ha respondido que “es evidente” que quien “se presenta a un cargo público en principio se sobreentiende que cuenta con unas nociones, cuando menos mínimas, de sus tareas y responsabilidades que asume” y que cuenta con asesoría técnica para resolver cualquier duda.

Por todo ello, la exregidora ha sido declarada “autora criminalmente responsable de un delito continuado de prevaricación administrativa” y condenada a una pena de inhabilitación para todo cargo o empleo público durante nueve años. También ha sido condenado el que fuera su asesor jurídico a 21 meses de inhabilitación.

Dos casos pendientes

La exalcaldesa dimitió de su cargo en octubre de 2014. Lo hizo sin dar explicaciones. “Es mi decisión y en ello han pesado muchos factores, pero sobre todo, el interés y el beneficio del pueblo de Manilva”, aseguró entonces. Un año antes se había dado de baja de Izquierda Unida junto a todo su grupo municipal cuando el partido presionó para forzar su salida. La sustituyó Diego Urieta, que figuraba en el grupo de no adscritos. Tras las elecciones de 2015, llegó al poder Diego José Jiménez (PSOE), que en 2016 fue desbancado por Mario Jiménez (Compromiso Manilva) tras una moción de censura presentada por su formación e Izquierda Unida, pero que contó con el apoyo del Partido Popular y la Agrupación Socialista de Manilva (sin relación con el PSOE, que votó en contra).

Mario Jiménez continúa hoy como alcalde. Tanto él como Antonia Muñoz están pendientes de juicio en otras dos piezas del caso Manilva. En la denominada Manilva II ambos se enfrentan a dos años de prisión por la supuesta contratación ilegal de empresas por parte del Ayuntamiento. En Manilva III, que investiga presuntas irregularidades en el traspaso de fondos municipales a la entidad urbanística El Hacho entre 2009 y 2012 —cuando Muñoz era regidora y Jiménez edil—, la Fiscalía les acusa de los delitos de prevaricación y malversación y solicita ocho años de prisión para ella y cuatro para él.