Sánchez propone un cambio de la ley del CNI para mejorar los controles judiciales e internos

El pleno monográfico del caso Pegasus de este jueves en el Congreso contendrá novedades importantes. El presidente Pedro Sánchez ha decidido pasar a la ofensiva en un asunto muy sensible, que ha puesto en riesgo incluso la mayoría de la legislatura. También anunciará cambios relevantes para demostrar que está dispuesto a mejorar el funcionamiento del Centro Nacional de Inteligencia después de los escándalos del espionaje a líderes independentistas y a la cúpula del ...

El pleno monográfico del caso Pegasus de este jueves en el Congreso contendrá novedades importantes. El presidente Pedro Sánchez ha decidido pasar a la ofensiva en un asunto muy sensible, que ha puesto en riesgo incluso la mayoría de la legislatura. También anunciará cambios relevantes para demostrar que está dispuesto a mejorar el funcionamiento del Centro Nacional de Inteligencia después de los escándalos del espionaje a líderes independentistas y a la cúpula del propio Ejecutivo. Sánchez llevará a la sesión como anuncio estrella un cambio profundo en la ley del CNI, de 2002, para aumentar los controles judiciales e internos en los servicios de inteligencia españoles y garantizar que se disipan todas las sospechas sobre ellos en línea con lo que le ha reclamado el PNV, su aliado más estable. También precisará que se agilizará la nueva ley de secretos oficiales en el próximo periodo de sesiones y que se desclasificarán las autorizaciones de espionajes que pida la Audiencia Nacional.

El PNV registró el pasado 17 de mayo una proposición de ley para modificar la norma que regula el CNI y en la que planteaba aumentar los controles para pasar, por ejemplo, de que sea uno a tres los jueces del Tribunal Supremo que autoricen cualquier espionaje y también para limitar el sistema con el que se puede investigar a un sospechoso, sobre todo por las enormes críticas que ha provocado Pegasus. Este programa informático, de una empresa israelí y que se vende a Estados, es un sistema muy invasivo que está en discusión en toda Europa: varios países están pensando en prohibirlo y se ha formado una comisión de investigación en el Europarlamento. Sánchez ofrecerá así a sus socios y aliados políticos en el pleno los detalles de ese aumento de controles, pero fuentes del Ejecutivo confirman el cambio de la ley del CNI, la decisión política más relevante después de la destitución de su anterior directora, Paz Esteban.

El Gobierno lleva semanas estudiando posibles soluciones, y diversas fuentes señalan en privado que esta crisis ha demostrado que el funcionamiento del CNI es mejorable. Según asegura La Moncloa, el presidente ni siquiera sabía que estaba siendo espiado en 2019 el entonces vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, actual presidente catalán y uno de los máximos dirigentes de ERC, socio fundamental de la legislatura. Sánchez, en línea con el debate que se está produciendo en otros países europeos, donde Pegasus está siendo muy criticado, ofrecerá garantías de que su Gobierno mejorará los controles de los servicios de inteligencia para evitar las suspicacias y fuertes críticas que ha generado el espionaje a un grupo de 65 dirigentes independentistas.

El anuncio del cambio legal será la parte pensada por La Moncloa para satisfacer no solo a los aliados de la mayoría, con los que quiere recuperar la confianza para fortalecer el bloque progresista de la legislatura y permitir llegar sin problemas al final de este mandato, sino también a otros partidos que ven con recelo la posibilidad de que el CNI haya actuado de forma autónoma sin los suficientes controles en un asunto tan delicado como el espionaje a políticos. El jefe del Gobierno hará otro guiño al PNV al detallar, como ya avanzó hace una semana el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la comisión donde enumeró el plan normativo para 2022, que la ley de secretos oficiales que data de 1968, en pleno Franquismo, también se reformará en el próximo periodo de sesiones, que comienza en septiembre y acaba en diciembre. Los nacionalistas vascos llevan desde 2019 requiriendo la modificación y actualización de esa norma y que se recorten los plazos para desclasificar secretos a 25 años, y a 10 para los asuntos considerados reservados.

El jefe del Ejecutivo también precisará en su comparecencia la intención del Gobierno de permitir algunas desclasificaciones de documentos oficiales secretos, como están demandando ahora los socios por los espionajes a independentistas por el caso Pegasus, pero solo si lo reclama la Audiencia Nacional. Es lo que sucedió en diciembre de 2018 cuando el Ejecutivo ordenó desclasificar documentos secretos de la llamada Operación Kitchen diseñada desde el Ministerio del Interior en 2013, cuando gobernaba el Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy, para acorralar y conseguir información del extesorero popular Luis Bárcenas.

Sánchez y su equipo están preparando, además, una ofensiva en el discurso contra el PP y los partidos de derechas, que le criticarán por motivos opuestos a los de la mayoría de la investidura y por haber destituido a la directora del CNI por lo que entiende que ha sido una cesión más a los separatistas para continuar en La Moncloa.

El presidente tiene preparado un discurso centrado en los audios del polémico comisario José Manuel Villarejo, que ha publicado EL PAÍS en los últimos días, y que muestran cómo la entonces secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, trataba de impedir que se conocieran los Papeles de Bárcenas y otros movimientos, o el caso Kitchen, donde ha quedado demostrado que se utilizó a la policía cuando el PP estaba en el poder para intentar entorpecer la investigación del caso Gürtel y espiar a Luis Bárcenas. Sánchez intentará mostrar así que su Gobierno está dispuesto a ser más transparente y dar más garantías para profundizar en la regeneración democrática que prometió cuando ganó la moción de censura, hace ahora cuatro años, frente a un PP que hizo todo lo contrario mientras estaba en el Gobierno.

El Ejecutivo pretende así con esos cambios legales “reforzar las garantías judiciales” de los espionajes que efectúe el CNI para recuperar los daños de “confianza” y credibilidad que le ha causado el escándalo del espionaje a independentistas registrado por Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto especializado en este tipo de investigaciones.

Tres grupos políticos, Junts per Catalunya, del Plural; ERC y EH Bildu —los dos últimos suelen votar con el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos— demandaron la comparecencia del presidente para que diera cuenta de lo que conoce sobre el caso Pegasus y, sobre todo, para que explique en la Cámara las medidas que piensa adoptar para que no se repitan en el futuro espionajes de este tipo de programas informáticos en “representantes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados”. El escándalo ha provocado una ruptura en las complejas relaciones entre el Ejecutivo y estos socios de legislatura, que está lejos de amainar como se comprobó el miércoles de nuevo en la sesión de control del Congreso.

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, volvió a reprochar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no se enteraran de lo que estaba pasando en el CNI y que hubieran usado Pegasus, distintos cuerpos policiales, para espiar a rivales políticos. Marlaska negó esos extremos, confirmó que las fuerzas de seguridad tienen instrumentos y métodos para espiar, pero siempre “con garantías y autorizaciones judiciales” y para combatir el terrorismo, el crimen organizado y la trata de mujeres. Y enfatizó: “No se persiguen ideas, se persiguen delitos”.

Esos argumentos no han convencido hasta ahora ni a Junts ni tampoco a ERC, la CUP, EH Bildu y ni siquiera al PNV. La formación nacionalista vasca presentó en plena polémica por el caso Pegasus una propuesta para cambiar el CNI y vincular el nombramiento de su director con el presidente del Gobierno y evidenciar así quién es el responsable político del centro, aunque formalmente ese organismo dependa del Ministerio de Defensa. El PNV planteaba que las autorizaciones judiciales de los espionajes que ahora firma un juez del Supremo pasasen a firmarse por un órgano colegiado de tres jueces y se detallasen en las autorizaciones los medios e instrumentos técnicos que se pensaban usar para llevar a cabo esos cometidos.