El Gobierno ofrece una investigación interna del CNI y otra del Defensor del Pueblo para aclarar el espionaje a independentistas

La Moncloa ha decidido mover pieza ante las dimensiones de la crisis que se ha abierto con ERC y otros socios por el espionaje a más de 60 independentistas, que según ellos fue realizado por el CNI. Después de una semana de titubeos y mucho silencio, el Gobierno ha decidido ofrecer a ERC cuatro mecanismos para esclarecer el caso: un investigación de control interno en el Centro Nacional de Inteligencia; otra independiente abierta de oficio por el Defensor del Pueblo; ot...

La Moncloa ha decidido mover pieza ante las dimensiones de la crisis que se ha abierto con ERC y otros socios por el espionaje a más de 60 independentistas, que según ellos fue realizado por el CNI. Después de una semana de titubeos y mucho silencio, el Gobierno ha decidido ofrecer a ERC cuatro mecanismos para esclarecer el caso: un investigación de control interno en el Centro Nacional de Inteligencia; otra independiente abierta de oficio por el Defensor del Pueblo; otra en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, donde comparecería la directora del CNI, y la promesa de que el Ejecutivo está dispuesto a desclasificar documentos secretos para aclarar la situación. Esto es lo que le planteó este domingo Félix Bolaños, ministro de Presidencia, a Laura Vilagrà, su homóloga en la Generalitat, en una larga reunión en Barcelona.

Pero a ERC no le vale esta oferta. Exige información concreta de qué ha pasado con su espionaje, y sobre todo responsabilidades inmediatas. Esto es, cabezas políticas. Y el Gobierno de momento no está en condiciones de cubrir esas demandas —al menos en ningún caso de forma pública— y tampoco tiene ninguna intención de plantearse dimisiones cuando ni siquiera admite que el espionaje existiera y fuera realizado por el CNI. La crisis es de fondo. Y lo que está en juego es nada menos que la legislatura, porque el Ejecutivo no podría resistir mucho tiempo si ERC se sale de la mayoría y la coalición empieza a perder votaciones clave.

El Gobierno confía en que la de este jueves, esto es el decreto con 6.000 millones de euros en ayudas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra, no está en riesgo. Pero si el PP se va al no —La Moncloa confía en que al menos se quede en abstención— sí sería necesaria al menos la abstención de ERC. En el Gobierno esperan convencer a los republicanos en las próximas horas, en cuanto se pongan en marcha las investigaciones prometidas. Pero los mensajes que hizo llegar la Generalitat este domingo son muy duros, y nada indica que la reunión fuera exitosa. Las caras de circunstancias que se aprecian en las fotografías son una prueba de las dificultades.

La Moncloa se pondrá manos a la obra ya desde este mismo lunes y la primera medida será acelerar la composición de la comisión de secretos oficiales. Si el PP mantiene el bloqueo y el veto a Bildu, que tiene grupo propio, los demás están dispuestos a cambiar el sistema de votación, de 3/5 a mayoría absoluta, para poder constituirla sin que el PP tenga capacidad de impedirlo. Esto provocaría una gran tensión con los populares, pero el Ejecutivo necesita resolver este problema no solo con ERC sino con la propia imagen de la democracia española dentro y fuera del país.

ERC mantiene la dureza después de la oferta del Gobierno. “No podemos estar satisfechos con las explicaciones que se han dado. Son vagas y de resultados inciertos”, se quejó Vilagrà. La consejera catalana dijo que Bolaños no le confirmó que los servicios de inteligencia estén detrás de la intervención de los teléfonos móviles de los políticos catalanes con el software espía de la empresa israelí NSO, que asegura que solo lo vende a gobiernos y agencias estatales.

Bolaños, que prefirió ver el vaso medio lleno, reiteró “la voluntad inequívoca” del Ejecutivo de que se “aclarezcan los hechos” y el compromiso “con el Estado de derecho y las libertades individuales”.

Pere Aragonès, el president, que también ha sido espiado, exigía en una entrevista en EL PAÍS el domingo respuestas claras antes de una semana. De momento el Gobierno no ofrece información, pero sí investigaciones, al menos en tres vías: la del Defensor, la interna, y la del Congreso, en la que se deberían dar las explicaciones recabadas en ese análisis interno. Los republicanos están convencidos de que un espionaje de estas dimensiones tendría que estar autorizado por algún cargo político entre otras cosas por su elevado coste.

El artículo 22 de la Ley del Defensor del Pueblo prevé que este pueda “solicitar a los poderes públicos todos los documentos que considere necesarios para el desarrollo de su función, incluidos aquellos clasificados con el carácter de secretos”. El Gobierno puede negarse a entregarle los documentos, pero en este caso el Ejecutivo es el primer interesado en que realice su investigación. Las averiguaciones del Defensor del Pueblo, cuya oficina dirige Ángel Gabilondo, tienen carácter reservado y este deberá adoptar medidas para proteger la reserva de los documentos secretos. Sin embargo, las conclusiones de su investigación son públicas y, en todo caso, debe dar cuenta de ellas a las Cortes Generales.

El Gobierno ya recurrió a Gabilondo como alternativa a la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre los casos de pederastia en el clero de la Iglesia católica, tal como solicitaban sus socios de Unidas Podemos y los aliados independentistas. Ahora se trata de que el Defensor del Pueblo, como comisionado de las Cortes Generales, investigue si el uso del sistema Pegasus por parte del CNI ha sido legal. Fuentes gubernamentales reconocen que los servicios de inteligencia españoles poseen este programa, que permite intervenir los teléfonos y las comunicaciones de los investigados e incluso activar a distancia las cámaras y micrófonos de los móviles; pero ni confirma ni desmiente que lo hayan utilizado contra los dirigentes independentistas. La línea oficial del Ejecutivo hasta el momento es que el CNI, en todo caso, ha actuado legalmente. La ley exige la autorización de un magistrado del Tribunal Supremo para que los espías españoles puedan realizar actuaciones que afecten a los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el secreto de las comunicaciones o la inviolabilidad del domicilio.

Un encuentro “no satisfactorio”

Bolaños no quiso referirse este domingo a si el Gobierno conocía los seguimientos a los móviles de políticos como Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra o el propio Aragonès. “La ley es muy estricta. Hay información que no puedo comentar. A esta investigación hay que dejarle su tiempo, que se constituyan [las comisiones que deben indagar] cuanto antes”, pidió el ministro. Vilagrà ha asegurado que hay demasiadas lagunas en la propuesta del Gobierno y por eso ha calificado el encuentro de “no satisfactorio”. Para la consejera de Presidencia de la Generalitat a día de hoy no es posible saber si el monitoreo continúa y dejó claro que “con la reunión de hoy [por este domingo] no es suficiente”. También recordó que, en el caso de la Comisión de Secretos, sus miembros no pueden divulgar el contenido, con lo cual la ciudadanía no conocerá los detalles. Hasta ahora, los grupos parlamentarios no se han puesto de acuerdo para elegir a sus miembros, que deben ser votados por una mayoría de tres quintos de la cámara.

El final de todos los caminos es el Congreso. Aunque las informaciones que se ofrezcan allí sean reservadas, la experiencia señala que acaba publicándose la mayoría de lo que se trata en esa comisión. Lo que no está aún muy claro es qué información saldrá de esa investigación interna del CNI, que es el que tiene los datos decisivos.

“Un escándalo de esta magnitud no se puede gestionar de una manera cosmética”, insistió Vilagrà. “No queremos auditorias técnicas, no queremos excusas”, ha dicho la consejera, lamentándose de que Bolaños haya invocado la ley para no poder dar más detalles. “Esta visita no garantiza el apoyo parlamentario. Si lo creían así, se han equivocado”, ha apostillado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa, del que depende orgánicamente el CNI, ha expresado su “total satisfacción” por la apertura de la investigación del Defensor del Pueblo y ha asegurado que este tendrá acceso “a toda la información que requiera, para garantizar la máxima transparencia y dar confianza a toda la ciudadanía sobre las actuaciones del CNI”.

El servicio secreto español adquirió este programa espía de fabricación israelí a mediados de la pasada década, pero fuentes próximas al mismo aseguran que siempre se ha utilizado con autorización judicial y que en ningún caso se ha producido un espionaje indiscriminado, como se deduciría de los más de 60 pinchazos a políticos independentistas (incluidos el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y sus tres antecesores inmediatos) registrados por Citizen Lab, un grupo de expertos de la Universidad de Toronto (Canadá). El propio Aragonès pidió explicaciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero sin recibir ningún tipo de respuesta más allá de la negativa rotunda del Gobierno a que se hubiera realizado el monitoreo. Y menos que su responsable sea el CNI. Entienden que hacer cualquier declaración pública, tanto para confirmar como para desmentir, estarían violando la ley.

El martes, el Govern, mostró su posición unitaria de supeditar la reactivación de las relaciones políticas (no las sectoriales) a que Sánchez ordenara la puesta en marcha de una comisión interna de investigación sobre quién ordenó el espionaje, qué contenidos se han interceptado de manera ilegal y quién lo ejecutó. Pese a ese mensaje de unidad, la presidenta del Parlament y una de las voces cantantes de Junts, Laura Borràs, pidió directamente la renuncia del jefe del Gobierno.