El PP ofrece apoyo al Gobierno en el ‘caso Pegasus’ con condiciones en la comisión de secretos

El PP se ha ofrecido al Gobierno del PSOE, en público y en contactos más privados, para darle su apoyo y aplacar el llamado caso Pegasus, escándalo del presunto espionaje desvelado por la organización Citizen Lab a una sesentena de dirigentes independentistas catalanes y vascos que pone en jaque la legislatura. Los populares piden a cambio que la presidenta de las Cortes, la socialista Meritxell Batet, convoque cuanto antes un pleno y se constituya la comisión...

El PP se ha ofrecido al Gobierno del PSOE, en público y en contactos más privados, para darle su apoyo y aplacar el llamado caso Pegasus, escándalo del presunto espionaje desvelado por la organización Citizen Lab a una sesentena de dirigentes independentistas catalanes y vascos que pone en jaque la legislatura. Los populares piden a cambio que la presidenta de las Cortes, la socialista Meritxell Batet, convoque cuanto antes un pleno y se constituya la comisión de secretos oficiales que lleva casi tres años sin formarse y donde podría comparecer la ministra de Defensa, Margarita Robles, y hasta mandos del Centro Nacional de Inteligencia, a puerta cerrada y con más reservas. El PP pretende así que tras esa votación, que requiere una mayoría de tres quintos de la Cámara, se quede fuera de esa comisión el representante de EH Bildu.

El emplazamiento público del PP al Ejecutivo de Pedro Sánchez se lo hizo ayer su secretaria general, Cuca Gamarra. La número dos del PP pidió en una entrevista en Antena 3 que Batet convoque al pleno del Congreso para conformar esa comisión de secretos oficiales, también conocida como de los fondos reservados, y que celebra sus sesiones a puerta cerrada con un particular y complejo sistema de elección. “Creo que ese sería el camino para que se pueda despejar cualquier tipo de duda”, señaló Gamarra.

La secretaria general del PP aclaró así que su partido entiende que “sería bueno” citar cuanto antes esa comisión de secretos, “sobre todo por el momento de incertidumbre que se vive por este asunto”, en referencia al caso Pegasus. Y ante las exigencias de responsabilidades políticas que están requiriendo varios de los partidos socios del gobierno de coalición y de investidura en el Parlamento. Gamarra argumentó que esa comisión es el lugar donde la ministra de Defensa y otros altos cargos, así como responsables del CNI, podrían ofrecer información y explicaciones “con la máxima transparencia” posible para zanjar este caso, en el que el PP ha respaldado por ahora totalmente la posición del PSOE en el Ejecutivo y ha dado crédito a la versión de Robles sobre que siempre se ha actuado legalmente. Eso sí, Gamarra ha situado toda la responsabilidad en la presidenta de las Cortes para conformar esa comisión: “La capacidad y facultad para constituirla depende de la presidenta de la Cámara”.

La presidenta del Congreso ya ha reiterado varias veces estos días que, aunque la competencia para constituir esa comisión sea suya, no tendría mucho sentido intentar ponerla en marcha en las actuales condiciones políticas porque ha consultado en privado con los principales grupos y no cuadran ni los números ni las posiciones para que prospere.

Hasta diez partidos, con Unidas Podemos, han registrado en el Congreso una petición de comisión de investigación sobre el caso Pegasus. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, acudió este jueves al Congreso para entrevistarse en persona con los portavoces de esos grupos, concertar una estrategia de frente común y exigir responsabilidades y alguna “cabeza política”. Ocho de esas formaciones, entre las que están socios tan claves como ERC, PNV y EH Bildu —y también PDeCAT, Compromís, Más País, la CUP y Junts— presentaron ayer conjuntamente una serie de solicitudes de comparecencias.

Esos partidos persiguen que acudan al Congreso para hablar del programa malware Pegasus tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el director del Gabinete de Presidencia del Gobierno, Óscar López Águeda; la directora General de la Guardia Civil, María Gámez Gámez; el director General de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros Martín; y la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban López. Ni PSOE ni PP apoyarán la mayoría de esas propuestas. Pero no serán las últimas ni únicas actuaciones en esa línea de partidos socios del Ejecutivo.

La comisión de secretos oficiales funciona de acuerdo a una resolución aprobada en mayo de 2004 por el entonces presidente de las Cortes, Manuel Marín, en cuyo punto tercero se precisa cómo debe hacerse su trabajo y su método de elección: “Si la materia en cuestión hubiera sido clasificada en la categoría de secreto, el Gobierno facilitará la información recabada a un diputado por cada Grupo Parlamentario. Los diputados serán elegidos al efecto por el Pleno de la Cámara por mayoría de tres quintos”. Es decir, se precisan 210 votos para formar parte de la misma. Esa es la razón por la cual hasta ahora esa comisión se montaba con el acuerdo de los dos principales partidos, PSOE y PP. Esa resolución vigente podría modificarla por otra de la actual presidenta.

Batet sondeó en esta legislatura al PP y comprobó que no estaba dispuesto a permitir con sus votos que entrase en esa comisión un representante de EH Bildu. En teoría, debería haber un miembro de cada grupo y hasta ahora con un máximo de siete componentes, que luego tienen la obligación de guardar secreto de las materias que se aborden en su interior. Ni PP ni Vox se fían de Bildu y les quieren boicotear. Los populares sí estarían dispuestos a acordar votaciones con el PSOE para no vetar a Podemos, ERC o PNV, pero no a Bildu, según fuentes de su dirección.

El PP esgrime un precedente, en la constitución de esa comisión en febrero de 2012, con Jesús Posada de presidente, en el que ese partido ya vetó a un representante de ERC, Alfred Bosch, que estaba en el Grupo Mixto con Amaiur (precedente de Bildu). Los partidos votaron superando el mínimo de 210 escaños afirmativos a los otros seis candidatos, de diversas formaciones, y dejaron fuera a Bosch con 132 votos.

Dirigentes del PP del máximo nivel y cercanía al líder, Alberto Núñez Feijóo, han conversado en privado con miembros del Gobierno estos días sobre el caso Pegasus y sus consecuencias políticas, y han ratificado su confianza en las afirmaciones de la ministra Robles sobre que siempre se ha actuado conforme a la ley y con supervisión judicial, sobre todo por contraposición a las acusaciones de espionaje ilegal que creen sin fundamento ni pruebas de los socios nacionalistas e independentistas contra el Ejecutivo. El PP, ahora, querría que Robles y otros cargos oficializasen esas posiciones en una comisión del Congreso, pero de forma discreta.

Esta próxima semana tanto el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, como la portavoz de ERC-EH Bildu en el Senado, Mirella Cortés, preguntarán a Sánchez en la sesión de control en ambas cámaras: “¿Piensa el Gobierno español investigar el caso de espionaje a políticos independentistas?” y “¿Cómo piensa el Ministerio de Defensa garantizar la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a casos de espionaje?”. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, abundará: “¿Qué artículo de qué ley le impide dar datos a este Parlamento sobre el uso del programa Pegasus por parte del Estado?”.