La Fiscalía atribuye a Juan Carlos I una fortuna oculta en un paraíso fiscal hasta 2004
El ministerio público propone archivar la investigación al no hallar rastro del padre de Felipe VI en esas cuentas de Jersey en los últimos 17 años, según un borrador de archivo de las diligencias
La Fiscalía ha constatado que Juan Carlos I mantuvo una fortuna oculta en el paraíso fiscal de Jersey hasta 2004, pero tiene previsto proponer el archivo de la investigación abierta sobre ello tras comprobar que no hay rastro de actuaciones del rey emérito en esas cuentas en los últimos 17 años. Los fiscales estiman, en el borrador del informe que se propondrá a la fiscal general, Dolores Delgado, que desde 2004, “no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con S. M. D. Juan Carlos de Borbón ni en su ...
La Fiscalía ha constatado que Juan Carlos I mantuvo una fortuna oculta en el paraíso fiscal de Jersey hasta 2004, pero tiene previsto proponer el archivo de la investigación abierta sobre ello tras comprobar que no hay rastro de actuaciones del rey emérito en esas cuentas en los últimos 17 años. Los fiscales estiman, en el borrador del informe que se propondrá a la fiscal general, Dolores Delgado, que desde 2004, “no existe indicio alguno que permita vincular The JRM 2004 Trust con S. M. D. Juan Carlos de Borbón ni en su gestión ni en la capacidad de disponer de los fondos; en ningún momento ha tenido este la condición de beneficiario del trust (fideicomiso) ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas”. Hasta junio de 2014, el rey emérito estaba protegido por la inviolabilidad como jefe del Estado.
El borrador de la Fiscalía, difundido este lunes por la cadena Cope, describe, no obstante, el origen del trust -contrato con el que se transfiere el título de una propiedad a un tercero-. Este fue constituido en la isla de Jersey en 2004 por Joaquín Romero Maura, historiador y consejero de don Juan Carlos. La historia de ese fideicomiso se remonta a mediados de los noventa. De hecho, nace de la fusión de los fondos procedentes de otros dos trust creados en 1995 y 1997 por Manuel de Prado y Colón de Carvajal, persona muy próxima a Juan Carlos I y fallecido en 2009.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, explica que parte de los fondos de esos dos trust originales procedía de donaciones realizadas entre los años cincuenta y setenta del pasado siglo a Juan Carlos de Borbón. Era dinero que aportaron diferentes personas para apoyar el sostenimiento del entonces Príncipe. Siempre según el relato del fiscal jefe Anticorrupción, ya en los años noventa “la finalidad de ambos trust era apoyar al entonces rey Don Juan Carlos I en el caso de que fuera depuesto por un golpe inconstitucional o una situación similar y tenían a este como único beneficiario”.
Las autoridades españolas ya habían tenido noticia de la existencia del escondite fiscal en las islas del Canal en octubre de 2020, a partir de un movimiento sospechoso de dinero desde Jersey hasta España. Este movimiento alertó al Servicio de Blanqueo de Capitales (Sepblac), que detectó el registro de un trust en las islas del Canal a principios de los noventa entre cuyos titulares aparecía Juan Carlos de Borbón.
El equipo de fiscales ha recibido numerosa documentación procedente del Reino Unido que acredita la presencia del entonces rey durante los primeros años de la sociedad registrada en Jersey. Si en 2004 se produce un cambio en el control y gestión de sus fondos es en gran medida por la condena que ese año le fue impuesta a Manuel Prado y Colón de Carvajal, la persona que había creado el trust con una importante cantidad de dinero, superior a los diez millones de euros.
Entre 2004 y 2006, Manuel Prado y Colón de Carvajal fue condenado a dos años y un año de prisión, respectivamente, por apropiación indebida en el caso Kio, aunque solo permaneció en la cárcel dos meses. La primera sentencia explicaba cómo el empresario Javier de la Rosa aprovechó los cambios que se desencadenaron como consecuencia de la invasión de Kuwait por Irak en 1990 para desviar cuantiosos fondos del Grupo Torras, propiedad de Kio, sacándolos al extranjero para ingresarlos en una cuenta de Prado y Colón de Carvajal, “quien aceptó recibirlos para después darles un destino que no se conoce”. Este relato de hechos fue asumido por la sentencia que el Supremo dictó para resolver los recursos de casación presentados.
El borrador en el que la Fiscalía Anticorrupción propone el archivo de las investigaciones se detiene en 2004 para contextualizar la decisión de constituir el citado The JRM 2004 en Jersey. Luzón explica que entonces “la situación política en España era estable, el heredero, hoy Rey Felipe VI, acababa de contraer matrimonio, la Monarquía gozaba de prestigio y el conocimiento público de la existencia de los trust, con la presencia en ellos de Manuel Prado, ya entonces condenado por la Audiencia Nacional, hubiera exigido embarazosas explicaciones”. Así que el Rey Juan Carlos “decidió liquidar los trust y traspasar sus fondos a Joaquín Romero Maura”.
Los fiscales intentaron recibir datos de Joaquín Romero, pero el intento de interrogarle en su domicilio resultó infructuoso, por su estado de salud. Desde el inicio de la investigación, el rey emérito, a su vez, ha negado por medio de fuentes de su entorno cualquier vinculación con ese trust de Jersey. El informe de los fiscales da cuenta de que los fondos estuvieron a disposición de Joaquín Romero, quien nombró beneficiarios a su muerte a su esposa y al British Refugee Council, “una organización caritativa fundada en 1951 y dedicada a ayudar a refugiados y personas que, huyendo de zonas de guerra, conflicto, violencia o persecución, buscan asilo en el Reino Unido”.
En cuanto a si en los últimos años pudo haber movimientos de los fondos del trust a favor de don Juan Carlos, el informe de los fiscales subraya que The JRM 2004 Trust ha tenido “una baja actividad”. Añade de forma taxativa que desde la abdicación de Juan Carlos I en 2014, cuando “quedó sin efecto la inviolabilidad e irresponsabilidad que para el Rey de España establece el artículo 56.3 de la Constitución”, las disposiciones de dichos fondos “lo han sido en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna”. De todo ello desprende la Fiscalía que “procede acordar (…) el archivo de las diligencias de investigación 44/2020″.