Las huellas del horror franquista: 10.000 esqueletos recuperados en 20 años

La de Valdenoceda (Burgos), el penal donde los presos pasaban tanta hambre que soñaban con pan. La del fuerte de San Cristóbal (Pamplona), donde decenas de hombres encontraron la muerte casi al mismo tiempo que la libertad; la de Izagre (León), donde Josefina Alonso identificó a su hermana María por ...

La de Valdenoceda (Burgos), el penal donde los presos pasaban tanta hambre que soñaban con pan. La del fuerte de San Cristóbal (Pamplona), donde decenas de hombres encontraron la muerte casi al mismo tiempo que la libertad; la de Izagre (León), donde Josefina Alonso identificó a su hermana María por un pendiente hallado entre los huesos —el otro lo había dejado en casa porque el día que se la llevaron para matarla tenía una infección en la oreja izquierda—; la de Barro (Pontevedra), donde los asesinos mutilaron el cuerpo de Ramón para llevarse su anillo. La de Gumiel de Izán, donde los forenses destaparon una cordillera de cuerpos enterrados por los barrenderos del pueblo… Entre el año 2000 y 2019 se han abierto cerca de 800 fosas comunes de las que se han recuperado los restos de unas 9.700 personas. En los últimos dos años se han programado otras 86 exhumaciones para tratar de localizar a 3.553 víctimas. El forense Francisco Etxeberria, que asesora al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, calcula que quedan “20.000 esqueletos” por rescatar de los enterramientos clandestinos del franquismo y que esta tarea puede llevarse a cabo en unos cinco años. Las víctimas son muchas más, pero hay fosas irrecuperables. Este es el mapa del horror de la guerra, la radiografía del trabajo realizado y el que queda pendiente.

El censo

El 22 de septiembre de 2008, el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón obtuvo un detallado censo de víctimas del franquismo. Familiares y asociaciones llevaron al tribunal, en cajas, bolsas y maletines, hasta 143.353 nombres de fusilados y desaparecidos. En la puerta del despacho observaba la escena, muy emocionado, un ciudadano japonés. Se llamaba Toru Arakawa y había dedicado los últimos veranos a ayudar a desenterrar una historia con la que nada tenía que ver.

Uno de los artículos del proyecto de ley de memoria democrática prevé, precisamente, la creación de un censo estatal de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura para reunir la información dispersa sobre fusilados y desaparecidos. Historiadores como Julián Casanova o el hispanista Paul Preston suelen citar como referencia la cifra de 150.000 víctimas mortales: de ellas 100.000 en la zona controlada por los militares sublevados y algo menos de 60.000 en la republicana. El historiador Francisco Espinosa habla de 140.159 víctimas de la represión franquista y 49.426 en la zona republicana.

La inmensa mayoría de fosas abiertas en los últimos años pertenecen a civiles muertos a manos de los franquistas, porque fueron muchos más y porque Franco se preocupó, ya durante la Guerra Civil, de que los caídos de su bando fueran recuperados de fosas comunes. El BOE recoge, por ejemplo, órdenes para crear un censo de víctimas y un protocolo de exhumaciones para llevar a cabo la “piadosa finalidad” de “rendir el postrero homenaje de respeto a los restos queridos de personas asesinadas en circunstancias trágicas o muertas en el frente y cuyo enterramiento se ha verificado muchas veces en lugares inadecuados”. En todo caso, cuando se ha reclamado la apertura de una fosa de este tipo también se ha llevado a cabo. El forense Etxeberria abrió, por ejemplo, en 2010 en Camuñas, a petición del arzobispado de Toledo, una fosa de sacerdotes asesinados por republicanos.

Tipos de fosas

Las víctimas fueron fusiladas en la retaguardia, el frente de guerra o en la posguerra. Iban a buscarlos a casa y los mataban en algún paraje apartado (el paseo); los recogían en la cárcel antes de haber sido juzgados (la saca); eran ejecutados por sentencia de consejo de guerra, morían en cautividad (de hambre y enfermedades contraídas en prisión); caían en combate o en algún bombardeo.

La tarea pendiente

Aunque la cifra de víctimas es mucho mayor, el forense Francisco Etxeberria explica que solo podrán recuperarse unos 20.000 esqueletos más de fosas y cunetas. “Más de 33.000 restos fueron trasladados al Valle de los Caídos. A la muerte de Franco se hicieron exhumaciones sin técnicas científicas, y muchas fosas del franquismo son irrecuperables porque han sido sepultadas por carreteras, autopistas y edificaciones. De hecho, ya hay comunidades donde cerca del 40% de las fosas que se buscan no son localizadas”. El paso del tiempo ha hecho que muchos de los testigos, quienes fueron obligados a enterrar los cuerpos o vieron cómo se hacía, hayan muerto, perdiéndose para siempre el rastro de aquellos enterramientos clandestinos. Solo uno de cada tres esqueletos recuperados en las fosas son identificados por ADN porque el paso del tiempo también deteriora los restos y complica el cotejo con familiares.

Las primeras, a la muerte de Franco

Tras la muerte del dictador, y fundamentalmente entre 1978 y 1979, familiares de las víctimas se lanzaron a la búsqueda y apertura de las fosas donde los asesinos habían arrojado a sus familiares. Se abrieron entonces, sobre todo, en zonas de Navarra, La Rioja y Palencia, pero también en Extremadura y Andalucía. Arrodillados en la tierra, sin más herramientas que una pala y las propias manos, los familiares desenterraron decenas de cuerpos. “Todo lo hacíamos con las manos, con las uñas, un día y otro día, hasta que terminábamos. Luego metíamos los restos en sacos. La excavadora que utilizamos alguna vez, la pagamos a escote entre los familiares”, recordaba Esperanza Pérez Zamora. “Es lo mejor y lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero fue muy duro. En la primera exhumación pensé que me iba a dar algo y que me iba a morir allí mismo yo también. Tener una calavera en la mano y pensar que es de tu padre es terrible. En Villamediana, por ejemplo, los restos estaban cubiertos de cal y las faldas de las mujeres se veían todas blancas. Aún conservaban larguísimas trenzas. También encontraba botas, cucharas, monedas...”.

En Navarra y La Rioja, a muchos familiares les acompañaban sacerdotes que pidieron perdón por el papel de la Iglesia durante la contienda y celebraron funerales por las víctimas.

Los traslados al Valle de los Caídos

El mausoleo que Franco hizo construir para inmortalizar su victoria es la mayor fosa común de España. Alberga los restos de al menos 33.833 personas, el equivalente a la ciudad de Teruel. Durante años, el régimen robó cuerpos enterrados en medio millar de enterramientos clandestinos para trasladarlos, sin el conocimiento de sus familiares, hasta el Valle de los Caídos. Etxeberria ha diseñado el plan para tratar de devolver 77 restos a los parientes que llevan años reclamándolos. Asegura que “no hay precedentes en el mundo de un reto forense” como este.

Las botas de Emilio Silva

El 28 de octubre del año 2000, a las once de la mañana, el cazo de la excavadora sacó una bota sobre la que habían llovido setenta años. Pertenecía a Emilio Silva Faba, fusilado con otros 12 hombres en 1936 y era su nieto, Emilio Silva Barrera, el que había ido a buscarla. Aquella fue la primera exhumación de una fosa del franquismo realizada con técnicas científicas y despertó el deseo de muchos familiares de recuperar los restos de sus seres queridos. Así nació el movimiento para la recuperación de la memoria histórica, que impulsó definitivamente la apertura de fosas por toda España.

Diez años después, la familia Silva colocó una placa conmemorativa para recordar que aquella cuneta “rompió el silencio sobre miles de desaparecidos”. La arqueóloga Lourdes Herrasti aseguró en el acto que las exhumaciones habían “parado el revisionismo histórico de los que decían que el franquismo no había sido para tanto”, porque, añadió, “no hay nada más indisimulable que una fosa común”. Aún así, Etxeberria mostró la pintada que se habían encontrado mientras abrían una de ellas: “Fueron ajusticiados, no asesinados. Rojos, os falta la memoria. Vencimos y venceremos”.

Etapas y financiación

A partir de la exhumación de la fosa de Priaranza del Bierzo se abrieron muchas más. Al principio con el trabajo de voluntarios, nacionales y extranjeros; luego con subvenciones públicas y cuando estas desaparecieron, al llegar el PP a La Moncloa, con donaciones de particulares y colectas. La ley de memoria histórica de 2007 estableció un mecanismo de ayudas para las exhumaciones que fue muy criticado por relatores de Naciones Unidas, ya que de alguna manera subcontrataba a las asociaciones de víctimas, que asumían todo el proceso. Uno de los cambios fundamentales del proyecto de ley de memoria democrática, que pretende sustituir a la norma de 2007, es que el Estado asume de principio a fin esas tareas involucrando a comunidades autónomas y Ayuntamientos.

La evolución de las exhumaciones por años muestra el parón de la etapa de Rajoy, que llegó al poder a finales de 2011. Las 54 exhumaciones que se realizaron en 2012 correspondían a la convocatoria de ayudas del año anterior. El Gobierno popular no derogó la ley, pero eliminó las partidas económicas para su aplicación. Algunas comunidades autónomas impulsaron su propia legislación en la materia y sus propios mapas de fosas.

La convocatoria de ayudas para exhumaciones regresó al BOE en julio de 2020. El proyecto de ley de memoria democrática prevé la creación de un banco de ADN para identificar a las víctimas rescatadas de fosas comunes y cunetas. En la mayoría de los casos, forenses como Etxeberria han elaborado concienzudos informes sobre las fosas por si fueran requeridos por algún tribunal. Su trabajo ha convertido en estos años los indicios en evidencias, la prueba incontestable del horror.