Alberto Rodríguez reclama al Supremo que anule su condena porque vulnera ocho derechos fundamentales

El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha completado ante el Tribunal Supremo el último trámite necesario para poder llevar al Constitucional la retirada de su escaño. Rodríguez ha pedido a la Sala de lo Penal que anule ...

El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha completado ante el Tribunal Supremo el último trámite necesario para poder llevar al Constitucional la retirada de su escaño. Rodríguez ha pedido a la Sala de lo Penal que anule la condena de 45 días de cárcel (sustituidos por una multa) e inhabilitación para el derecho al sufragio pasivo que le impuso el pasado 7 de octubre y que llevó a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a retirarle el acta de diputado. La solicitud, registrada bajo la fórmula de incidente de nulidad de actuaciones, tiene remotas opciones de prosperar, pero presentarla y que el tribunal la resuelva es un paso preceptivo para poder llevar el caso ante el Constitucional, como pretende hacer el exdiputado, condenado por darle una patada a un policía durante una manifestación en La Laguna (Tenerife) en enero de 2014.

En el escrito, presentado el pasado lunes, Rodríguez vuelve a reclamar también al alto tribunal que suspenda la condena, una petición que ya formuló hace unos días y sobre el que la Fiscalía se ha pronunciado en contra, entre otras razones, por no existir aún este recurso de nulidad. Una vez dado ese paso, la defensa de Rodríguez pide que se deje en suspenso la pena mientras se resuelve el incidente de nulidad e incluso, mientras delibera el Constitucional si el exdiputado finalmente acude a él.

El incidente de nulidad de actuaciones debe estar amparado en la vulneración de un derecho fundamental. En este caso, el exdiputado asegura que se le han vulnerado ocho: el derecho fundamental a la presunción de inocencia, al juez imparcial, a la tutela judicial efectiva, a un proceso con las debidas garantías, a la libertad de reunión y de manifestación, a la representación política, al principio de legalidad y al de proporcionalidad.

Para denunciar alguna de estas vulneraciones, Rodríguez se apoya en los votos particulares presentados por dos de los siete magistrados que formaron el tribunal que le juzgó y que cuestionaron la decisión de sus compañeros de condenarle basándose en el único testimonio del policía que le denunció. La defensa de Rodríguez sostiene que la declaración del agente durante el juicio “no solo fue parca”, sino que cayó en “evidentes contradicciones” que ponen en cuestión su credibilidad.

El exdiputado reprocha también que los magistrados que le condenaron califiquen en la sentencia de “inapropiadas” las palabras que pronunció al final del juicio anunciando que, si se le condenaba, acudiría a los tribunales europeos (la defensa de Rodríguez considera que ese reproche de la sala demuestra su “falta de imparcialidad) y cuestiona que se haya mantenido la pena accesoria de inhabilitación una vez sustituida la cárcel por multa.