La ley de vivienda allana el camino de los Presupuestos con los socios parlamentarios

El acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para regular por ley los precios de los alquileres allana el camino al Gobierno para lograr el apoyo a los Presupuestos de todo el flanco izquierdo del Congreso. Ahí se sitúan formaciones como ERC, EH Bildu, Más País y Compromís (21 diputados en total), decisivos para sacar adelante las cuentas. Pero estos grupos han advertido de que tienen sus propias demandas, lo mismo que el PNV que, en posic...

El acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para regular por ley los precios de los alquileres allana el camino al Gobierno para lograr el apoyo a los Presupuestos de todo el flanco izquierdo del Congreso. Ahí se sitúan formaciones como ERC, EH Bildu, Más País y Compromís (21 diputados en total), decisivos para sacar adelante las cuentas. Pero estos grupos han advertido de que tienen sus propias demandas, lo mismo que el PNV que, en posiciones ideológicas distintas, no se cierra a tomar medidas que faciliten la “emancipación de los jóvenes”. Por el flanco derecho, la oposición será frontal y sin ahorrar calificativos. “Es un ataque sin precedentes a la propiedad privada”, declaró la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra.

En su presión de los últimos días al PSOE sobre la ley de vivienda, Unidas Podemos había buscado el apoyo de todo ese espectro a la izquierda de los socialistas, con el que llegó a presentar una propuesta conjunta en el Congreso con medidas intervencionistas en el mercado. La regulación de los precios de los alquileres era una de las prioridades declaradas por formaciones como ERC, con la que, de este modo, se crea un clima más favorable al acuerdo.

Aun así, antes de conocerse el anuncio del Gobierno, el portavoz del grupo republicano, Gabriel Rufián, ya había advertido de que, “sin plantear líneas rojas” ni vincularlo directamente a los Presupuestos, su grupo tiene otras reivindicaciones pendientes. Y citó la leyes de memoria democrática y de convivencia universitaria, a las que ERC ha presentado enmiendas a la totalidad, así como la ley del audiovisual, todavía sin aprobar por el Ejecutivo y en la que los nacionalistas reclaman una cuota obligatoria para las producciones en las lenguas cooficiales. La ley de vivienda tampoco satisface por igual a todos los potenciales socios del Ejecutivo. Uno de ellos, el PDeCAT, con cuatro diputados y una declarada ideología liberal, ya se manifestó en contra, aunque lo desvinculó de la negociación sobre las cuentas. EH Bildu, que sí reclamaba acciones en vivienda, pondrá además encima de la mesa la reforma laboral, la derogación de la ley mordaza y una nueva ley de secretos oficiales. “El Gobierno tiene que ser valiente”, declaró en Radio Euskadi su diputado Oskar Matute.

Rufián dejó un aviso más: el Ejecutivo no debe esperar que el apoyo a los Presupuestos se vaya a conseguir en una “negociación exprés”. Y por si no estuviera claro recordó que el apoyo de su grupo es “imprescindible”. Casi desde que empezó la legislatura, es una queja casi general entre los habituales apoyos del Gobierno que este plantea las negociaciones con poco tiempo para presionarles a que se avengan al acuerdo, aunque, algunos, como Joan Baldoví, de Compromís, asociado a Más País, resaltan que esa actitud está cambiando desde que se ha hecho cargo de los contactos el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Ni Ciudadanos ni los dos grupos de la derecha tenían ya la menor intención de sentarse a negociar los Presupuestos y la ley de vivienda les proporciona un argumento más. Todos, al igual que la patronal, lo consideran una intromisión en el mercado. Nada más conocerse el acuerdo del Gobierno, los populares anunciaron que saldrían “en tromba” y así lo hicieron. El alcalde de Madrid y portavoz nacional del partido, José Luis Martínez-Almeida, anticipó que no aplicará una de las medidas previstas, un recargo del 150% del IBI a las viviendas vacías. En el Congreso, Gamarra clamaba contra “un Gobierno comunista que interviene un día sí y otro también en los mercados”.

También fue muy rápida, y en términos parecidos, la reacción del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, para quien la iniciativa del Gobierno “injiere directamente en la propiedad privada”. “Pienso que para España, para las personas, para los que tienen propiedades, se toca la libertad y eso es muy preocupante y malo”, declaró Garamendi en un acto en Madrid. “En algunos países como Alemania esto se ha aplicado y no ha funcionado”.