Pedro Sánchez se rearma con la evacuación afgana y el fin de la crisis con Marruecos

La política exterior ha dado aliento al Gobierno para el inicio del curso político, tras un agosto que no le ha dado tregua por los múltiples frentes que se le han abierto y las discrepancias de Unidas Podemos con el PSOE, muchísimo más incómodas que las críticas de la oposición. La coalición mantiene abiertos varios focos de tensión por la gestión de la devolución de los menores marroquíes a su país, el acuerdo con la Generalitat ...

La política exterior ha dado aliento al Gobierno para el inicio del curso político, tras un agosto que no le ha dado tregua por los múltiples frentes que se le han abierto y las discrepancias de Unidas Podemos con el PSOE, muchísimo más incómodas que las críticas de la oposición. La coalición mantiene abiertos varios focos de tensión por la gestión de la devolución de los menores marroquíes a su país, el acuerdo con la Generalitat para la ampliación del aeropuerto de El Prat y la manera como se han afrontado los récords consecutivos en el precio de la luz. Pero el Ejecutivo ha logrado los últimos días varios balones de oxígeno que han dejado al PP con el paso cambiado y suponen un refuerzo a las relaciones con Marruecos y al estatus de España en la esfera internacional.

Mohamed VI anticipó el viernes el final de la crisis diplomática que los dos países arrastran desde abril. Y el sábado el Ejecutivo obtuvo el respaldo de las principales autoridades de la Unión Europea y del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a su gestión de la evacuación de Afganistán. Mientras, más de 31 millones de españoles, el 65,5% de la población, ya cuentan con la inmunidad completa a la covid. El viernes recibieron la doble pauta más de 530.000 personas y se espera cerrar el mes con un 70% de vacunados, que en teoría suponía la inmunidad de grupo hasta que la variante delta obligó a rehacer los cálculos.

Pero a La Moncloa no le conviene confiarse. Sobre todo por el fuego amigo. “España está liderando de forma sobresaliente la evacuación de Afganistán. En otras materias, por ejemplo la deportación de niños en Ceuta, España está haciendo lo contrario”, remarcó este domingo Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso. Los reproches del grupo confederal perturban al PSOE más que los dardos de la derecha a la estancia de Sánchez de tres semanas en Lanzarote.

Entretanto, el regreso de la embajadora Karima Benyaich los próximos días a Madrid supondrá el cierre oficial del conflicto con Marruecos que originó el ingreso en abril de Brahim Gali, líder del Frente Polisario, en un hospital riojano por covid sin que Rabat fuera informado previamente. La diplomática fue llamada a consultas el pasado 18 de mayo, en plena crisis migratoria en Ceuta: más de 10.000 personas aprovecharon la pasividad de las fuerzas de seguridad magrebíes para entrar de forma irregular en la ciudad.

Retomar las relaciones es crucial para el Gobierno, que depende de Marruecos para contener la inmigración irregular en Ceuta y Melilla, la zona del Estrecho y las islas Canarias. Los lazos comerciales y la cooperación en la lucha contra el terrorismo aumentan la importancia de la relación con el país vecino. Sin este contexto no se entiende la satisfacción, sin bajar la guardia, en el Gobierno tras los gestos de distensión de Mohamed VI. El monarca alauí expresó el viernes, en su discurso anual por la fiesta de la Revolución del Rey y del Pueblo, su deseo de “inaugurar una etapa inédita” en las relaciones bilaterales, similar a la que mantiene con Francia. Sánchez no desaprovechó la ocasión y agradeció lo que considera como una “gran oportunidad para redefinir las relaciones”. El Gobierno celebra la decisión del jefe de Estado marroquí de reconducir los vínculos entre ambas partes al tiempo que remarca que la posición española sobre el Sáhara Occidental no ha variado.

Las palabras de Mohamed VI fueron una sorpresa en La Moncloa, donde habían trabajado en la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) para conocer el centro de recepción europeo para los afganos que habían colaborado con las instituciones de la UE y los socios comunitarios desde la caída de los talibanes tras los atentados del 11-S. El respaldo de Von der Leyen, que definió el dispositivo de acogida como “un ejemplo del alma europea”, contrasta con los pronósticos de Cuca Gamarra. “España queda al margen del núcleo duro de decisión de la UE”, afirmó el miércoles la portavoz parlamentaria popular.

El reconocimiento de Bruselas al despliegue logístico de Torrejón, donde se ha recibido a 110 afganos transportados en tres vuelos del Servicio Exterior de la UE, llevó a Pablo Casado a modular las críticas al Gobierno. “Es un acierto que el presidente del Consejo Europeo y la presidenta de la Comisión Europea respalden a España”, dijo el líder de la oposición, que mostró su respaldo al Gobierno por “política de Estado”. El PP retomó enseguida la confrontación total con el Ejecutivo al destacar el agradecimiento del Departamento de Estado de EE UU a 26 países, entre los que no se mencionaba a España, que consideraba “fundamentales” en la operación de evacuación de Kabul. Las críticas perdieron su consistencia tras la conversación que Sánchez y el presidente Joe Biden mantuvieron el sábado por la noche, en la que pactaron el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para acoger a afganos que colaboraron con Washington mientras se cierra su tránsito hacia otros países.

Encauzada la relación con Marruecos y reconocida la labor de España en la operación de rescate en el país centroasiático, las turbulencias entre PSOE y Unidas Podemos amenazan con ser uno de los frentes más activos para el Gobierno. “Son una jaula de grillos”, ha cargado Casado. Sin llegar al grado de exposición de las divergencias cuando Pablo Iglesias era el vicepresidente segundo, las últimas semanas han dejado un reguero de ejemplos de las fricciones que anticipan otros test de fuerza que pondrán a prueba la cohesión del Ejecutivo. Las negociaciones de la ley de vivienda o la reforma fiscal vaticinan un otoño caliente dentro del Gobierno. Por no hablar del recibo de la luz y de cómo se resuelve la devolución de los menores marroquíes en Ceuta. La Fiscalía, el Defensor del Pueblo y ONG consideran que no reunía las garantías jurídicas. La cuestión es cómo resolverán socialistas y Unidas Podemos sus diferencias: usando los medios como altavoz o en privado. En gran medida dependerá de la estrategia por la que opte Yolanda Díaz.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que mantiene una interlocución fluida con Sánchez y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, prefiere abordar los desencuentros con discreción. Su presencia en la reunión interministerial del jueves para supervisar la operación de repatriación del contingente español y el resto de su personal en Afganistán no figuraba en la agenda facilitada por el Gobierno. Díaz se movió y al final participó junto a los ministros de Presidencia, Exteriores, Defensa, Interior, Sanidad y Migraciones.

“Estos meses han demostrado que se pueden trabajar las cosas sin exteriorizar las diferencias. Hay una relación de confianza y lo que hablamos lo cumplimos”, restan importancia al episodio en el ala socialista del Ejecutivo. En Unidas Podemos, mientras, insisten en marcar perfil propio, y más tras la salida abrupta de su fundador y líder desde 2014. La sesión de la Diputación Permanente del Congreso convocada para el miércoles, con varios temas a debate que han abierto discrepancias entre los socios las últimas semanas, corre el riesgo de ofrecer otra imagen pública de desencuentro . La subida del salario mínimo, que Unidas Podemos reclama desde principios de año y ha sido una bandera de Yolanda Díaz, contribuiría a relajar la tensión. Después de negarse durante meses, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, es favorable a afrontarla “cuanto antes” tras los últimos datos económicos.

El presidente compromete en Ávila ayudas por los incendios

El Consejo de Ministros declarará zonas gravemente afectadas por emergencia de protección civil a las comunidades autónomas que han sufrido incendios y otras catástrofes naturales este verano. Pedro Sánchez prosiguió este domingo con su agenda tras reincorporarse a La Moncloa el viernes recorriendo las zonas afectadas por el incendio de Ávila, el peor del año, con más de 22.000 hectáreas arrasadas.

El presidente, en una declaración institucional, se comprometió a facilitar “todos los recursos necesarios” para paliar la pérdida de pastos, ganado, espacios naturales, hogares y bienes materiales afectados. El incendio, provocado por la avería de un vehículo en la N-502, obligó al desalojo de una docena de municipios y llegó a tener un perímetro de 80 kilómetros. Sánchez advirtió de cómo “por desgracia” los incendios “empiezan a ser una tónica habitual con una cadencia en el tiempo y un mayor impacto en el territorio que tiene mucho que ver con el cambio climático”. Sánchez visitó Sotalbo, una de las localidades afectadas, donde habló con algunos vecinos y veraneantes que le ovacionaron y se reunió con una veintena de alcaldes. “Le hemos pedido que el Gobierno no nos abandone”, afirmó Benito Zazo, exregidor del municipio cercano de Solosancho. Algunos jóvenes de familias ganaderas le transmitieron las dificultades que afrontan por los daños en sus tierras y el extravío de reses. La presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy, le reclamó al presidente que deje “las fotos y los tuits” y le pidió que comparezca en el Congreso.

El presidente ha desplegado una gran agenda pública durante el fin de semana, tras el retorno, el pasado viernes, de sus vacaciones en Lanzarote. Después del encuentro del sábado con los líderes de la Comisión y el Consejo Europeo y la conversación nocturna con Biden, Sánchez dedicó al domingo a su visita a Ávila. Le acompañó la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y un miembro del Gobierno en Castilla y León, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el popular Juan Carlos Suárez-Quiñones. El presidente apeló a todas las instituciones a trabajar “de la mano, codo con codo”. “La unidad es primordial, es principal”, dijo Sánchez, quien destacó la colaboración del Gobierno con la Junta de Castilla y León y la Diputación de Ávila, ambas presididas por el PP. El presidente de la Diputación, Carlos García, agradeció “la sensibilidad” del Ejecutivo.