La pandemia agrava la situación de “deterioro” de la justicia

La declaración del estado de alarma, que implicó un parón casi total de la actividad judicial no urgente, ha lastrado una situación, la de los juzgados españoles, que rozaba ya el colapso en algunas jurisdicciones. Según la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que el órgano ha entregado al Rey y remitido al Congreso, ...

La declaración del estado de alarma, que implicó un parón casi total de la actividad judicial no urgente, ha lastrado una situación, la de los juzgados españoles, que rozaba ya el colapso en algunas jurisdicciones. Según la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que el órgano ha entregado al Rey y remitido al Congreso, la suspensión de los plazos procesales vigente entre el 14 de marzo y el 5 de junio ha convertido a 2020 en el año con menos asuntos ingresados en los juzgados desde, al menos, 1995.

Pero esta caída de nuevos asuntos no ha servido para aliviar la situación porque la resolución de casos se ha visto también afectada por la suspensión de vistas y los retrasos de los primeros meses de la pandemia. El saldo final, según los datos que recoge la memoria, es una justicia más congestionada y con mayor tasa de pendencia (las causas pendientes en los juzgados).

Estos son algunos de los apartados clave que recoge la memoria.

Un 12% menos de asuntos ingresados. La memoria elaborada por el órgano de gobierno de los jueces advierte de que la actividad durante 2020 se ha visto “enormemente impactada” por el estado de alarma. El año pasado ingresaron en los juzgados españoles 5.526.754 asuntos, un 12% menos que en 2019. Es la reducción más importante desde 1995, con la excepción de la caída de ingresos observada en 2016 debida a varias reformas legales en la jurisdicción penal que implicaron una bajada del 42% en la entrada de asuntos.

La reducción se ha concentrado en el periodo de suspensión de los plazos procesales: final del primer trimestre y todo el segundo trimestre, con reducciones interanuales del 12,8% y 32,9% respectivamente. La caída de ingresos afectó a todas las jurisdicciones, aunque fue mayor en la contencioso administrativa (22,1%), seguida por la penal (13,3%), social (7,5%) y civil (7,3%).

La disminución del 12% en el número de asuntos ingresados provocó, según recoge la memoria, una fuerte caída de la tasa de litigiosidad, que pasó de 133,5 asuntos por cada 1.000 habitantes en 2019 a 116,5 en 2020. Por comunidades, se dio una litigiosidad superior a la nacional en Canarias (154), Andalucía (128), Murcia (121), Madrid (120); Asturias, Islas Baleares, Cantabria y Comunidad Valenciana (118). Por el contrario, la menor tasa de pleitos se registró en La Rioja (81), el País Vasco (85), Navarra (88) y Extremadura (90).

Menos casos resueltos y más asuntos pendientes. Aunque en los juzgados han entrado menos asuntos que otros años, el balance final no pudo aprovechar esa caída porque el número de casos resueltos sufrió también una importante reducción, del 14,1% respecto a 2019, lo que hace que a final de año se registrara una fuerte subida de casos pendientes. A 31 de diciembre de 2020, los juzgados tenían 3.156.877 asuntos en trámite, un 11,3% más que a final de 2019. La situación es generalizada y solo Aragón consiguió resolver tantos asuntos como ingresan. La tasa de resolución más baja se dio en Madrid, seguida de Murcia, Canarias, Castilla-La Mancha y el País Vasco, según los datos que recoge la memoria.

Al igual que ocurrió con los ingresos, las reducciones interanuales de casos resueltos se concentraron en el periodo de suspensión de los plazos procesales, con reducciones del 12,2% en el primer trimestre y del 45,7% en el segundo. En los trimestres tercero y cuarto ya se vieron incrementos interanuales, del 4,8% y 0,3% respectivamente.

La memoria del Consejo destaca como indicadores significativos para comparar la situación en distintos periodos y territorios las tasas de resolución (cociente entre el número de asuntos resueltos y los ingresados); la tasa de pendencia (cociente entre los asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos en el mismo); y como indicador global de la capacidad resolutiva respecto a la carga de trabajo, la tasa de congestión (cociente entre la suma de los pendientes de resolver al comienzo del periodo, y los ingresados resueltos en ese tiempo).

En el año 2020, mientras la tasa de resolución cayó un 2,4%, la de pendencia se incrementó un 29,6% y la de congestión, un 9,4%. De esta situación, advierte el informe del Consejo, se puede inferir “un importante deterioro en la situación del conjunto de las jurisdicciones”. Por comunidades, los juzgados más congestionados son los de Castilla-La Mancha, seguidos de Murcia, Cataluña y Baleares. Los menos, los de Navarra, Aragón y Asturias.

Falta de juzgados y jueces. La memoria anual recoge las necesidades de nuevas plazas y juzgados que reclaman los tribunales autonómicos. Según esta estimación, harían falta 129 plazas nuevas de magistrados y 380 juzgados. La que más pide es Madrid (32 plazas de magistrados y 145 nuevos juzgados, más de un tercio del total reclamado), a mucha distancia de las siguientes —Andalucía (15 plazas y 48 juzgados) y Comunidad Valenciana (26 y 44)—. Solo dos tribunales superiores, los de Baleares y Asturias, no reclaman un incremento de plazas, aunque sí de juzgados (15 Baleares y 3 Asturias).

En todas las comunidades las mayores carencias están en los juzgados de Primera Instancia (faltan 115 nuevos juzgados, según las peticiones formuladas por los tribunales superiores) y en los de lo Social (62) y lo Mercantil (58), que son los que mayor saturación muestran en las estadísticas anuales del Consejo. Los juzgados de Menores y Familia son los únicos que no precisan incrementos, según los TSJ, que reclaman también 14 nuevos juzgados de Violencia de Género y 13 de lo Contencioso-Administrativo.

Nombramientos discrecionales. Más allá de la actividad de los órganos judiciales, la memoria anual del Consejo recoge también el trabajo realizado por el propio órgano de gobierno de los jueces, incluidos los nombramientos discrecionales, un asunto que enfrentó al CGPJ con el Gobierno por las reticencias del Ejecutivo a que los actuales vocales, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018, efectuaran estas designaciones. El conflicto acabó con la aprobación, en marzo pasado, de una reforma legal que veta estos nombramientos cuando el Consejo se encuentre en funciones.

Pero durante el año 2020, al que corresponde la memoria presentada ahora, el Consejo efectúo un total de 33 nombramientos discrecionales, incluidos tres presidencias de sala del Tribunal Supremo (Contencioso, Social y Militar) y tres de magistrado (todos para la Sala de lo Penal). El resto de nombramientos fueron para la Audiencia Nacional (presidente de Sala Social), dos presidencias de Tribunales Superiores de Justicia (Baleares y Cantabria), siete presidencias de sala de Tribunales Superiores de Justicia y dos presidencias de Audiencias Provinciales (Ourense y Cáceres).

Renovación pendiente. Aunque el anuario del Consejo no dedica un apartado específico a su situación de interinidad, el documento sí recoge varias referencias expresas a esta, tanto en la presentación como en el capítulo dedicado a la actividad del presidente, Carlos Lesmes. La memoria recuerda que el órgano debió renovarse en diciembre de 2018, pero no se hizo “por razones completamente ajenas a la responsabilidad de la institución”. El Consejo, recuerda, ha cumplido con los trámites que le correspondían (iniciar en agosto de 2018 el proceso de renovación) y ha remitido cuatro recordatorios a las Cortes (tres en 2019 y uno en 2020). La memoria recuerda también los llamamientos que hizo Lesmes a desbloquear la renovación durante los actos de apertura del año judicial de 2019 y 2020.