Temporada alta de chiringuitos políticos

Es una palabra recurrente en el debate parlamentario, y la mayoría de las veces, cuando hablan de “chiringuitos”, los diputados no se están refiriendo a la playa, sino acusándose mutuamente de despilfarrar dinero público para colocar a amigos o compañeros, por ejemplo, los que se han quedado sin escaño. El periodo inmediatamente posterior a unas elecciones es su temporada alta.

Cada vez que aparece uno nuevo, como la Oficina del Español del Gobierno madrileño, resurge el debate, que viene y se va como la promesa de reducir aforamientos o convertir el Senado en “una verdadera Cámara terr...

Es una palabra recurrente en el debate parlamentario, y la mayoría de las veces, cuando hablan de “chiringuitos”, los diputados no se están refiriendo a la playa, sino acusándose mutuamente de despilfarrar dinero público para colocar a amigos o compañeros, por ejemplo, los que se han quedado sin escaño. El periodo inmediatamente posterior a unas elecciones es su temporada alta.

Cada vez que aparece uno nuevo, como la Oficina del Español del Gobierno madrileño, resurge el debate, que viene y se va como la promesa de reducir aforamientos o convertir el Senado en “una verdadera Cámara territorial”. Este es un repaso a los chiringuitos políticos u organismos dudosos creados en los últimos años por distintas Administraciones.

“El chiriguito soy yo”. Así se defendió Toni Cantó tras su polémico nombramiento como director de la Oficina del Español. “No hay más estructura”, añadió. En el PP, más de uno se llevó las manos a la cabeza, al entender que esa afirmación era la prueba definitiva de que dicha entidad se creó solo para darle un puesto tras ser anulada por los tribunales su candidatura a las elecciones madrileñas. La oficina que dirige no existía antes y su objetivo es “convertir a Madrid en capital europea del español”. Algo que ya es. La elección de Cantó genéró especial polémica porque en su etapa en Ciudadanos se había erigido como azote de “chiringuitos y enchufados” y recriminando en numerosas ocasiones al PP y al PSOE que colocaran a sus amigos y prescindieran de la meritocracia.

Isabel Díaz Ayuso se defendió atacando: “Me hablan de chiringuitos”, dijo en la Asamblea, “los de los 23 ministerios, 764 asesores, dirección general de palancas 2030, oficina nacional de prospectiva y estrategia de país a largo plazo, y la mejor, la oficina española de la bicicleta, que no sé si porque pone bicicleta y no biciclete no lo critican”. Cantó, a su vez, recordó que el socialista Antonio Miguel Carmona prometió en 2015 crear un “palacio del español”. En aquella ocasión se trataba de convertir a Madrid en “la capital del español en el mundo”. Tampoco prosperó.

Abascal, director de dos entidades disueltas. También le recuerdan a menudo en el Congreso a Santiago Abascal, líder de Vox, su paso por la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social donde cobraba más de 82.000 euros anuales como director y único cargo. El propio Abascal llegó a reconocer años después, con la entidad ya disuelta, que era “innecesaria”. Antes de eso, el gobierno del PP le había nombrado director de la Agencia de Protección de Datos de Madrid, suprimida en 2012.

El precedente de Cantó. En 2005, José Luis Gimeno, del PP, abandonó la alcaldía de Castellón para dejar paso a Alberto Fabra y ocupar el cargo de consejero delegado de Castellón Cultural para desarrollar el proyecto de la Ciudad de las Lenguas, un “centro internacional de enseñanza” que iba a convertir a Castellón en “la capital internacional del castellano”, según anunció el entonces presidente valenciano, Francisco Camps. El complejo se llegó a presupuestar en más de 250 millones de euros y hoy solo queda como recuerdo su costosa maqueta. Gimeno estuvo tres años al frente del proyecto, que gastó unos 200.000 en estudios hasta que se abortó definitivamente en 2013.

Agua, progreso y zombis. También se quedó en nada la Fundación Agua y Progreso, creada por la Generalitat Valenciana del PP para hacer propaganda a favor del trasvase del Ebro a tierras valencianas. Su plantilla se nutrió principalmente de militantes y excargos públicos populares. Recibió más de siete millones de euros en subvenciones y se liquidó en 2011. Hasta entonces fue muy criticada por la oposición, como la fundación Jaume II el Just, que tenía por objeto recuperar el monasterio de Valldigna. Allí empezó a cobrar comisiones para el PP Marcos Benavent, según declaró él mismo cuando se arrepintió y atribuyó su presunta participación en varios casos de corrupción a haberse convertido en un “yonqui del dinero”. Fue un trabajador zombi, sin tareas conocidas. La fundación se desactivó arrastrando una deuda de 10 millones de euros.

También se aparcó la Fundación CiCAL (Centro de Investigación de Conocimientos para la Administración Local), impulsada por José Manuel Orengo, el exalcalde socialista de Gandia y exasesor del presidente valenciano, Ximo Puig. Ciudadanos, en la época en que Cantó era diputado en el Congreso, fue especialmente beligerante con esta entidad presentada en 2017 y que calificó de “chiringuito”. Tras el revuelo producido al darse a conocer, Orengo abandonó el proyecto al poco de nacer y se marchó a trabajar a una empresa privada.

“Administración paralela”. Así es como denominan el PP y Cs lo que encontraron cuando llegaron a la Junta de Andalucía en 2019 tras casi cuatro décadas de gobiernos socialistas. En dos años y medio han eliminado 59 entidades o las han integrado con otras. Entre las fundaciones más polémicas de la etapa socialista despuntó la Faffe (Fundación Andaluza Fondo Formación para el Empleo), disuelta en 2011, y que acumuló gastos sin justificar por 55,6 millones, según un informe de la Cámara de Cuentas andaluza.Un juzgado sevillano investiga a su exdirector Fernando Villén por gastar 31.969 euros con la tarjeta oficial en prostíbulos, así como decenas de contratos otorgados a dedo por 9,4 millones a personas afines al PSOE. Junto a Villén trabajó el exalcalde de Lebrija (Sevilla) Antonio Torres, pero sin acudir supuestamente a su puesto de trabajo, según la Guardia Civil, pese a lo que percibió 535.000 euros.

Cataluña, 359 entes públicos. El debate sobre los “chiringuitos” también ha sido recurrente en Cataluña, especialmente tras la eclosión del procés. En 2011, el PP pedía al Govern adelgazar la Administración y a partir de 2012 Cs empezó acusar al Ejecutivo catalán de crear organismos satélites para colocar a sus “amiguetes”. El PSC difundió un informe el pasado marzo en el que criticaba que la Generalitat cuenta con 359 entes públicos, 102 más que Andalucía —la segunda en el ranking— y 203 más que la tercera, País Vasco. Cataluña es la comunidad con una administración pública más expansiva en cuanto a altos cargos. Los socialistas admiten que es normal que posea un alto número de organismos por tener una lengua y cultura propias, pero instan a “evitar duplicidades”. En campaña, Cs cuantificó la inversión en “chiringuitos” catalanes en 900 millones de euros.

Falta de registros. En 2012, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, proclamó la austeridad y suprimió las 34 fundaciones comarcales creadas por Manuel Fraga. La Xunta despidió a los trabajadores temporales pero acabó trasladando a los indefinidos, incluidos la mayoría de exgerentes, a otros chiringuitos. De entre estos directivos, al menos media docena de cargos del PP fueron integrados en puestos creados para ellos en oficinas de empleo.

En los últimos años el Consejo de Cuentas (el organismo fiscalizador del sector público gallego) ha destacado que mientras la Xunta cerraba unos chiriguintos, abría otros. En la ultima década el presupuesto para pagar los sueldos de los cargos de estos entes ha aumentado en un 60%. El Consejo de Cuentas censura, además, que el Gobierno gallego obstaculice su supervisión sobre los chiringuitos al no crear el registro al que la Xunta se obligó por ley en 2012.

Y de formación. Ciudadanos prometió en la campaña de 2019 que eliminaría las 16 entidades públicas de Castilla y León, pero una vez en el poder junto al PP solo retiró una, la Fundación Anclaje. Uno de los casos más significativos de reubicaciones en esta comunidad es el de Soraya Mayo. En 2019 aspiraba a diputada nacional por Ciudadanos, pero no lo logró y fue incorporada al Instituto Tecnológico Agrario de la comunidad como subdirectora de Investigación y Tecnología, aun siendo periodista de formación. La oposición denuncia que las fundaciones no rinden cuentas ante la Cámara.

Con información de: Ferrán Bono, Javier Martín-Arroyo, Àngels Piñol, Cristina Huete y Juan Navarro.