País Vasco, Castilla y León y Castilla-La Mancha piden prorrogar entre uno y dos meses el estado de alarma

La vicepresidenta Calvo subraya que hay herramientas de cogobernanza para gestionar esta nueva fase

El lehendakari Urkullu atiende a los periodistas en la entrada al Parlamento vasco.L. Rico
San Sebastián -

A solo 10 días para que decaiga el estado de alarma, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha vuelto a pedir este jueves al Gobierno que reconsidere su decisión de poner fin a este marco legal, petición a la que se han sumado los gobiernos de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Urkullu ha insistido en que es necesario prolongar la actual situación de excepcionalidad en todo el Estado hasta que las comunidades autóno...

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A solo 10 días para que decaiga el estado de alarma, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha vuelto a pedir este jueves al Gobierno que reconsidere su decisión de poner fin a este marco legal, petición a la que se han sumado los gobiernos de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Urkullu ha insistido en que es necesario prolongar la actual situación de excepcionalidad en todo el Estado hasta que las comunidades autónomas consigan contener los efectos de la pandemia. El lehendakari es partidario de mantener el estado de alarma durante “un tiempo tasado” para el conjunto del país porque esta medida está resultando ser “eficaz”. El mandatario vasco presiona al presidente, Pedro Sánchez, pocas horas antes de la comparecencia en el Congreso de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la que presumiblemente defenderá, como viene haciendo el Ejecutivo, que no es necesario alargar el estado de alarma.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha respaldado este jueves el planteamiento del lehendakari con una duración tasada y no a la carta de cada autonomía. En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea ha insistido en que corresponde al Gobierno tomar esa decisión y ha rechazado que después del 9 de mayo se “pase otra vez la pelota” a las autonomías. Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abogado por mantener el estado de alarma un mes más y ha avanzado que el toque de queda se mantendrá a partir del 9 de mayo en su comunidad.

La Xunta apoya la petición de Urkullu de prorrogar el estado de alarma en todo el Estado, informa Sonia Vizoso. El presidente gallego, Alberto Núñez-Feijóo, ha afirmado hoy que la demanda es “razonable y sensata” porque “no se puede dejar en desamparo legal” a las comunidades. “Necesitamos una red para gestionar” la pandemia hasta que la vacunación haya avanzado lo suficiente y se alcance la inmunidad de rebaño. El Gobierno gallego considera que el fin del estado de alama “añade dificultad y variabilidad” a la gestión de la pandemia. Da por imposible el toque de queda y asume que deberá buscar aval judicial para los cierres perimetrales.

La vicepresidenta primera Carmen Calvo ha asegurado este jueves en que el estado de alarma no se puede prorrogar en el tiempo y que hay herramientas de cogobernanza que permitirán gestionar esta nueva fase. “Es el momento de la política inteligente, de lealtad, de todos con todos, de capacidad de coordinación. Cuando estamos en estado de alarma, quien lo presenta es el Gobierno y quien rinde [cuentas] es el presidente Sánchez. Hay que ir saliendo con confianza y coordinación. Debemos lanzar un mensaje de entusiasmo y de futuro, tenemos que salir adelante. Tenemos herramientas de cogobernanza”, ha manifestado en un acto en Barcelona.

El fin de esta medida excepcional supondrá que se acabe el cierre perimetral de las autonomías y el toque de queda. Las comunidades han reclamado herramientas jurídicas porque temen que los tribunales, cuyo aval es preceptivo para limitar derechos fundamentales sin estado de alarma, echen por tierra sus iniciativas. Darias manifestó ayer que el Gobierno se reafirma en su intención de que no haga falta prorrogarlo a partir del 9 de mayo porque la situación epidemiológica sea “otra” y por el “importante” porcentaje de la población que ya estará vacunado.

De izquierda a derecha, Idoia Mendia, secretaria general del PSOE vasco, Carmen Calvo, Eneko Andueza y José Guirao, exministro de Cultura. En vídeo, declaraciones de la vicelehendakari sobre el estado de alarma.
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Urkullu no quiere un estado de alarma “a la carta” para Euskadi. Aboga por mantener esta figura en toda España con la finalidad de que las comunidades autónomas tengan “garantías jurídicas” para poder adoptar medidas durante la crisis sanitaria. “No estamos ante una epidemia localizada; estamos en una pandemia global”, ha afirmado este jueves a los periodistas antes de entrar al Parlamento vasco. La vicepresidenta del Gobierno vasco, la socialista Idoia Mendia, había planteado este miércoles que el estado de alarma pudiera aplicarse solo en alguna comunidad autónoma.

El lehendakari y otros representantes de comunidades autónomas como Andalucía han reclamado la prórroga del estado de alarma desde que el Gobierno anunció el pasado 6 de abril que esta norma iba a decaer el día 9 de mayo. Urkullu lo ha hecho incluso mediante una carta remitida a Sánchez la semana pasada y de la que aún no ha obtenido respuesta, según fuentes de la Lehendakaritza. El presidente vasco confía en que este marco legal ―da garantías legales a las comunidades para fijar un horario de toque de queda y establecer restricciones en la movilidad de las personas― se prolongue al menos durante dos meses y de esta forma el Parlamento vasco tenga tiempo de aprobar la ley antipandemia que ya ha tramitado en la Cámara autonómica. Esta no estaría sancionada hasta finales de junio, siempre que el procedimiento parlamentario se acelere al máximo.

La petición del lehendakari llega cuando Euskadi se encuentra en pleno pico de la cuarta ola, con los peores indicativos epidemiológicos de España. Tiene una incidencia acumulada de 540 casos por 100.000 habitantes, muy por encima de la media española, y soporta una alta presión hospitalaria, con más de 180 enfermos críticos atendidos en las UCI. Ya en otoño fue uno de los líderes regionales que exigió la aprobación de este marco excepcional. Urkullu teme que sin este paraguas jurídico sus actuaciones contra la pandemia vuelvan a quedar al albur de las resoluciones de los tribunales, como sucedió en febrero pasado cuando el Tribunal Superior de Justicia vasco obligó a abrir los bares y restaurantes en el País Vasco al aceptar un recurso presentado por los hosteleros.


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