Podemos registra una nueva comisión de investigación en el Congreso sobre irregularidades del rey emérito

Unidas Podemos ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una nueva petición de comisión de investigación sobre presuntas irregularidades y posibles delitos fiscales cometidos por el rey emérito Juan Carlos I, en relación con la contratación y el abono a cargo de la Fundación Zagatka, que dirige su primo Álvaro de Orl...

Unidas Podemos ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una nueva petición de comisión de investigación sobre presuntas irregularidades y posibles delitos fiscales cometidos por el rey emérito Juan Carlos I, en relación con la contratación y el abono a cargo de la Fundación Zagatka, que dirige su primo Álvaro de Orleans, de vuelos privados posteriores a su abdicación como monarca.

Podemos se ha sumado así a una propuesta de cinco grupos parlamentarios y nueve partidos, entre los que están ERC, PNV, JuntsxCat, PDeCat, EH Bildu, BNG, Más País, Compromís y la CUP, que suelen votar normalmente a favor las iniciativas del Ejecutivo excepto en asuntos relacionados con la Monarquía y la Casa del Rey. Las nueve peticiones de comisiones de investigación anteriores que implicaban al rey emérito o al actual monarca, Felipe VI, han sido rechazadas siempre por la Mesa del Congreso con los votos del PSOE, PP y Vox. Y esa será la posición en contra que volverán a mantener esas formaciones sobre este nuevo intento.

Esta última solicitud de comisión de investigación planteada por Unidas Podemos y los demás partidos firmantes basa su argumentación jurídica en el “indudable interés público” que tiene la decisión del rey emérito de solicitar, por “segunda vez en pocos meses”, una regularización tributaria “millonaria” (superior a los 4,3 millones) y la obligación que tiene el Congreso “de arrojar luz sobre cualquier sombra de corrupción que afecte a las instituciones públicas”.

En su planteamiento final, los partidos que requieren la comisión avanzan que querrían conocer, en primer lugar, si la Fundación Zagatka de Álvaro de Orleans habría podido financiar a Juan Carlos de Borbón y sus amistades vuelos privados de placer, con posterioridad a su abdicación como jefe del Estado. También si a partir de la abdicación como jefe del Estado de Juan Carlos de Borbón en 2014 “se omitió deliberadamente la obligación de declarar ante la Hacienda pública las cantidades percibidas o utilizadas para pagos de vuelos”. Los partidos que suscriben la comisión querrían conocer si las cantidades utilizadas ahora por Juan Carlos I para regularizar sus cuentas provienen de préstamos o de donaciones sujetas a obligaciones tributarias con posterioridad a junio de 2014. Y, en esa línea, se preguntan si el pago de dichos préstamos podría recaer sobre sus herederos, incluido el actual jefe del Estado, y se plantean si hacen falta cambios normativos que impidan que estos hechos puedan producirse en el futuro.

Unidas Podemos y las demás formaciones que firman esta iniciativa cuestionan si estas regularizaciones fiscales del rey emérito, después de conocerse en los medios de comunicación, “podrían implicar la confesión de delitos contra la Hacienda Pública que no están cubiertos por el privilegio de la inviolabilidad”. Y añaden en su propuesta: “Las informaciones publicadas sobre el caso de los vuelos privados no descartan que los intentos de regularización ‘voluntaria’ se hayan producido, al igual que en el caso de las tarjetas opacas, porque el rey emérito sabía que existía una investigación en marcha. Si fuera el caso, no solo no quedaría libre de delito, sino que podría incurrir en otros más graves”.

Álvaro de Orleans Borbón negó recientemente ser el “testaferro” o “fiduciario” de Juan Carlos y rechaza que Zagatka sea una sociedad pantalla. Además, afirmó que esta fundación no está siendo objeto de “ningún procedimiento penal en Suiza, España o cualquier otro país”.

Unidas Podemos ya avanzó el pasado martes que no descartaba plantear en la Cámara baja otra vez una comisión de investigación sobre el patrimonio del rey emérito, habida cuenta de su segunda regularización fiscal ante Hacienda, cuando algunas formaciones de izquierdas, nacionalistas e independentistas comunicaron su intención en ese sentido e incluso registraron propuestas para requerir que el actual rey, Felipe VI, acudiera al Congreso a dar explicaciones, así como el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El diputado de En Comú Podem y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, insistió así en que hay un “clamor” para aclarar el origen de esas actividades que “el propio presidente Pedro Sánchez ha calificado de perturbadoras”.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, descartó rápidamente esa posibilidad de las comparecencias que catalogó como “una fantasía de ERC”, aclaró que el rey “no puede ni debe comparecer” porque su posición es la de la neutralidad política y recordó que “tiene garantizada la inviolabilidad” en la Constitución.

Tanto Unidas Podemos como otras formaciones, como PNV, Más País, Compromís y el BNG, ya han planteado hasta en nueve ocasiones distintas peticiones de comisiones de investigación, que la Mesa del Congreso, con el apoyo técnico de los informes de los letrados, ha rechazado siempre, con los votos mayoritarios del PSOE, PP y Vox. En algunas ocasiones se ha reprochado que las peticiones de comisiones eran demasiado genéricas y en otros casos se ha argumentado que el Congreso no es la institución adecuada para controlar y vigilar a la Jefatura del Estado.

Podemos ya registró en diciembre, con apoyo de la mayoría de estas formaciones, otra comisión de investigación sobre Juan Carlos I, en ese caso centrada en el uso de las tarjetas opacas del rey emérito, tras haber abonado 678.393,72 euros para regularizar su situación fiscal en la primera declaración voluntaria. La Mesa, como en todos los casos anteriores, vetó en enero la iniciativa, pese a que esta vez contaba con el visto bueno de los servicios jurídicos de la Cámara. Era la primera vez que los letrados no informaban en contra de dar trámite a una comisión de investigación relativa a Juan Carlos I.