El controvertido freno a la acusación popular

El 14 de octubre de 2016, casi dos años después de que el juez Pablo Ruz diese carpetazo a la investigación sobre cohecho en el caso de la caja b del PP, los abogados de IU seguían sin darse por vencidos. Ese día, presentaron un escrito en la Audiencia Nacional para tratar de reabrir esta línea de las pesquisas que trata de demostrar la conexión entre las donaciones a la contabilidad paralela de los populares —...

El 14 de octubre de 2016, casi dos años después de que el juez Pablo Ruz diese carpetazo a la investigación sobre cohecho en el caso de la caja b del PP, los abogados de IU seguían sin darse por vencidos. Ese día, presentaron un escrito en la Audiencia Nacional para tratar de reabrir esta línea de las pesquisas que trata de demostrar la conexión entre las donaciones a la contabilidad paralela de los populares —plasmadas en los papeles de Bárcenas— y la adjudicación de obra pública. El equipo jurídico de la formación de izquierdas puso sobre la mesa las confesiones vertidas en un juicio por el cabecilla de la trama, Francisco Correa, y por uno de los constructores señalados. Apenas unos meses después también incorporarían una grabación hallada en el caso Lezo entre otro de los empresarios y un hombre de confianza del expresidente madrileño Ignacio Gonzalez. “La Fiscalía estaba parada”, rememora Juan Moreno, letrado de Izquierda Unida.

Esos dos movimientos resultaron fundamentales para que el magistrado José de la Mata ordenase retomar una causa en la que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, hace apenas unos meses, ha logrado por fin documentar el nexo entre los pagos en negro y los contratos otorgados. “Y eso tiene que ver, en parte, con la prueba que aportamos nosotros”, celebra Moreno, ahora que el Ministerio de Justicia ha propuesto una intensa reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que, entre otras medidas, prohíbe a los partidos políticos y sindicatos personarse como acusación popular. También delimita los delitos donde este tipo de figura, reconocida en la Constitución, puede intervenir. “En resumen, cercena los derechos de los ciudadanos”, coincide el abogado Luis García Navarro, que representó al PP andaluz en el caso de los ERE.

El anteproyecto de Ley elaborado por el departamento que encabeza el socialista Juan Carlos Campo, al que tuvo acceso EL PAÍS, argumenta que adopta esta iniciativa ante “el uso distorsionado que se ha hecho” de la acusación popular. El objetivo es evitar que se utilice para la “consecución de intereses ajenos a los fines del proceso”. Y coloca la sombra de sospecha en partidos y sindicatos: “Por su peculiar inserción en el orden constitucional como organizaciones de relevancia pública y por el especial riesgo de instrumentalización del proceso que dimana de su intervención activa en el debate político, deben estar excluidos del ejercicio de esa acción”.

“Es un error. Es una de las pocas formas que tiene la ciudadanía de actuar en la administración de la justicia. Esta restricción es una más en el camino emprendido para tratar de eliminarla”, critica Alejandro Gámez, abogado de Podemos en el caso Villarejo, que recuerda la controvertida doctrina Botín del Tribunal Supremo, que impidió la primera vez juzgar a alguien por delito fiscal si solo actúa una acusación popular. Una interpretación que se ha extendido en la práctica: la juez del caso Tarajal la aplicó para archivar la causa contra 16 guardias civiles procesados por homicidio imprudente y denegación de auxilio en la tragedia sucedida en una playa de Ceuta en febrero de 2014, cuando al menos 15 inmigrantes murieron al intentar alcanzar a nado la costa española entre disparos de material antidisturbios del instituto armado.

Al igual que sus compañeros, Luis García Navarro recalca que “este debate no surge de los ciudadanos”. “Es algo que solo preocupa a los políticos y, sobre todo, a aquellos que no tienen la conciencia tranquila”, apostilla el abogado, que observa con preocupación que esta restricción implicará también, por ejemplo, que nadie —no solo partidos o sindicatos— pueda ejercer la acusación popular por ciertos delitos contra la Administración Pública. En la misma línea, prosigue Juan Moreno (IU), tampoco se podrán emprender acciones por estafas piramidales, crímenes internacionales o de lesa humanidad: “Es inasumible. Procesos como el de Pinochet, impulsados por acusaciones populares, nunca podrían haberse llevado a cabo”.

Los excesos

Todas las partes admiten que han existido algunos excesos en el uso de la acusación popular, sobre todo en las causas más mediáticas. Vox, por ejemplo, utilizó su presencia en el caso Dina para presentar un escrito de acusación en la Audiencia Nacional contra el vicepresidente Pablo Iglesias, donde pedía incluso penas de cárcel, en unas pesquisas en las que ni siquiera se encuentra imputado —ese paso que dio el partido de Santiago Abascal se hace al final de la instrucción, cuando el juez ya ha decidido procesar a los implicados—. La formación de extrema derecha, contactada por este periódico, no ha querido participar en este reportaje.

“Pero es una cosa de todos los partidos, que han abusado de esta figura para conseguir abrir procedimientos contra el adversario y para judicializar la política”, recalca María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el colectivo mayoritario en la carrera. La juez no ve con malos ojos establecer límites a esos excesos —reforzando, por ejemplo, las fianzas que se imponen a las formaciones para poder personarse o exigiendo un examen donde se justifique más detalladamente los motivos—. En ese sentido se pronuncia también el abogado del PP andaluz en el caso de los ERE: “Los tribunales tienen en sus manos restringir esas acusaciones temerarias. La cuestión no es prohibir las acusaciones de los partidos, sino las acusaciones populares temerarias. Y eso lo pueden hacer los jueces día a día: con la imposición de fianza y condenas en costas”.

“No es que me parezca bien que los partidos se aticen en los juzgados, pero después de toda esta etapa de corrupción que hemos pasado, las acusaciones populares y de algunos partidos han servido para sostener investigaciones en las que precisamente la Fiscalía se había inhibido y solo así han salido adelante”, reflexionaba en EL PAÍS la magistrada Rosa María Freire, miembro del comité nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (la segunda más numerosa dentro de la carrera) e instructora del caso de la destrucción de los discos duros de Bárcenas. En aquella causa, donde llegó a desaparecer el sumario de los juzgados y hubo que reconstruirlo, el ministerio público no acusaba y se alcanzó la fase de juicio gracias al empuje de las acusaciones populares, aunque los imputados resultaron absueltos por falta de pruebas.

Los principales sindicatos, en contra

Los efectos de la reforma de la Lecrim van más allá del ámbito político. El anteproyecto no solo excluye a los partidos, sino también a los sindicatos. Dos de los principales, UGT y CC OO, muestran su oposición a esta iniciativa que supone, además, una “estigmatización”. “Hemos hecho hasta ahora un uso legítimo de la acusación popular, en procesos como el caso Banesto, en defensa de los intereses colectivos de los trabajadores”, protesta Félix Pinilla, coordinador de los servicios jurídicos de UGT. “Nosotros actuamos en casos en los que trabajadores de forma individualizada no pueden hacerlo por falta de recursos, como temas de salud laboral, que tienen de todo menos proyección mediática. No ha habido una instrumentalización interesada de esa figura en beneficio de hacerse publicidad gratuita”, añade Fernando Lezcano, secretario de Organización de CC OO.

Ambos coinciden en que le han hecho mucho daño la irrupción de pseudosindicatos como Manos Limpias, acusado de extorsionar mediante la presentación de querellas y la propuesta de retirarlas a cambio de dinero. “Es cierto que hemos tenido unos shows montados por Vox, el PP —a quien la Audiencia Nacional expulsó del caso Gürtel por maniobrar para defender a los acusados— y Manos Limpias. Pero la perversión de la figura no te puede llevar a eliminarla. Han tirado por elevación”, se queja Lezcano. “Pagan justos por pecadores”, dice Pinilla, que pone el foco en las “contradicciones” que implica esta limitación. Las organizaciones de la patronal, como la CEOE, podrán seguir ejerciendo la acusación popular.

La juez María Jesús del Barco también hace hincapié en otra grieta del anteproyecto. Las asociaciones seguirán pudiendo personarse y, por tanto, los partidos podrán recurrir a las que les sean afines para actuar a través de ellas. “Nos hacemos trampas al solitario”, apunta. “Los partidos y sindicatos son, en definitiva, asociaciones de ciudadanos”, puntualiza también Luis García Navarro. A lo que agrega Gámez: “En la práctica, están imposibilitando que cualquier ciudadano pueda participar. Porque estas macrocausas conllevan un esfuerzo económico y humano durante años, que ningún particular se puede permitir”. El desaparecido UPyD, por ejemplo, tuvo que retirarse de casi una decena de investigaciones por falta de fondos tras su descalabro electoral de 2015.