La reforma del proceso penal vista por los jueces

Si hay que empezar por el principio, hay que hacerlo por Luciano Varela. Y por un congreso de la asociación Jueces para la Democracia celebrado en San Sebastián a finales de junio de 1989. Varela, por entonces magistrado de la Audiencia de Pontevedra, defendió que fuesen los fiscales, y no los jueces, quienes realizasen la instrucción en el proceso penal.

—Fue una votación reñidísima —recuerda el juez con ironía—, creo que tuve tres votos a favor y todos los demás en contra.

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Si hay que empezar por el principio, hay que hacerlo por Luciano Varela. Y por un congreso de la asociación Jueces para la Democracia celebrado en San Sebastián a finales de junio de 1989. Varela, por entonces magistrado de la Audiencia de Pontevedra, defendió que fuesen los fiscales, y no los jueces, quienes realizasen la instrucción en el proceso penal.

—Fue una votación reñidísima —recuerda el juez con ironía—, creo que tuve tres votos a favor y todos los demás en contra.

La crónica de aquel debate, que firmó en EL PAÍS Bonifacio de la Cuadra, no tiene desperdicio. Leída ahora, más de 20 años después, refleja hasta qué punto la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es una de esas discusiones españolas con vocación de eternidad: “El congreso de Jueces para la Democracia examinó las posibles alternativas a la deficiente instrucción a cargo de los jueces, “en un 90% realizada por la policía”, según afirmó Manuela Carmena, pero terminó rechazando que el fiscal sea la solución por su carácter de parte, su funcionamiento jerárquico y su dependencia del Gobierno (…). La propuesta de Varela era favorable a que el fiscal realizase la investigación previa, pero modificando su actual estatuto. Proponía que el fiscal general del Estado fuera un cargo temporal y no reelegible, así como una fuerte democratización de la carrera fiscal”.

La reforma a fondo del proceso penal que propugna ahora el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se produce más de 20 años después de suscitado el debate, y una vez que fracasaran los intentos de Francisco Caamaño, por la izquierda, y de Alberto Ruiz Gallardón, por la derecha.

Luciano Varela, que acaba de jubilarse como magistrado del Supremo después de formar parte del tribunal que juzgó a los líderes independentistas, contempla ahora desde su retiro en Pontevedra los nuevos intentos por recuperar su idea del 89 y advierte de la gran magnitud del desafío: “Se necesitarán años para ponerla en práctica, pero además habrá que conseguir antes un mínimo consenso político, porque se trata de cambiar toda la estructura. Desaparecen los jueces de instrucción y se convierten en jueces de garantía. Y tiene que quedar claro que el fiscal es una parte, no es otro juez que hace la acusación, en absoluto, es una parte y tiene que recibir el tratamiento de parte”.

“Lograr por fin esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sería como entrar en otro mundo, colocarnos en Europa”, añade el exmagistrado del Supremo, “porque el sistema actual es tributario de su origen, en el que las referencias a la Ilustración aparecen fuertemente sesgadas por las imposiciones napoleónicas. Quizás por ello se asumió fácilmente por la dictadura franquista sin variaciones esenciales”. Valera se atreve incluso a proponer un control democrático de la acción de la Fiscalía que puede avivar aún más la polémica que la reforma suscita: “El nuevo modelo debe abrir espacios para que el ejercicio del poder de acusar se someta también al control de las instancias parlamentarias. Democracia es responder ante los representantes de los ciudadanos de la política criminal y de su efectividad”.

El magistrado Ángel Juanes fue presidente de la Audiencia Nacional desde 2009 a 2014, y vicepresidente del Tribunal Supremo desde 2014 a 2019. De forma didáctica, explica que “el proceso que se quiere establecer pivota sobre dos ejes”. “Uno es que el fiscal lleve la instrucción. Y el segundo es que exista un juez de garantías que sea el único que pueda acordar las medidas restrictivas de derecho, como las entradas y registro o las intervenciones telefónicas”. Y añade: “Así planteado, este proceso tiene una serie de ventajas. En primer lugar, porque sitúa a la defensa y al fiscal en un principio de igualdad de armas. Y, en segundo lugar, con este sistema se debe agilizar la instrucción, porque los fiscales trabajarían en equipo y en contacto permanente con la policía. De hecho, esta es una novedad teórica, porque en la práctica ya se viene haciendo así en algunos organismos judiciales, donde los fiscales especializados suelen llevar el peso de la instrucción”.

Ángel Juanes admite que la reforma —aunque necesaria en su opinión para homologar la justicia española al resto de países europeos— será larga, costosa y no exenta de polémica. “En todos los países donde se ha hecho esta reforma”, explica, “los plazos para ponerla en práctica han sido muy amplios. Hay que tener en cuenta que ahora todos los edificios judiciales y toda la maquinaria judicial está pensada y estructurada en función de la instrucción de los jueces. Habrá que cambiar todo ese modelo, y eso conllevará evidentemente una modificación de los propios edificios y de las formas de actuación. No será cuestión ni de un año ni de dos... Eso conllevará además la mentalización de los propios jueces y fiscales, y aquí se produce un tema interesante que en Italia ya se resolvió. ¿Los jueces de instrucción que lo desearan podrían pasar a ser fiscales para aprovechar su experiencia? Yo personalmente sería partidario”.

El expresidente de la Audiencia Nacional llama la atención sobre la cuestión más polémica de todas. El tema clave de la reforma. El obstáculo sobre el que se han ido estrellando todas las reformas, desde aquel congreso de Jueces para la Democracia en 1989 hasta ahora: “La supuesta dependencia del fiscal del Gobierno de turno. Ese es el gran problema hacia el que van a ir dirigidas las críticas, las prevenciones, la desconfianza. Es el tema clave”.

No va descaminado. Rosa Freire es magistrada, titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid y miembro del comité nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Fue instructora del caso sobre la destrucción de los discos duros del ordenador del extesorero del PP Luis Bárcenas. Discrepa de forma rotunda con los otros entrevistados: “Esto es un intento poco disimulado de controlar la investigación penal. Y seguramente no afectará para nada a la delincuencia común y de batalla que tenemos, pero sí que puede comprometer otro tipo de investigaciones. Y me refiero básicamente a la corrupción. Porque entre los jueces habrá quienes sepan más y quienes sepan menos, pero somos independientes. Tenemos muy grabado a fuego que somos independientes. Nos podemos equivocar o incluso puede haber en algún momento dado un juez complaciente, pero a nosotros nadie se atreve a llamarnos. Y esto es exactamente lo contrario de lo que sucede en la Fiscalía, que funciona de una manera jerárquica. Llama todo el mundo que está por encima de ellos, y tienen que dar explicaciones continuamente de lo que hay y de lo que no hay. Lo sé porque a veces lo he visto. He estado presente”.

Según la magistrada Freire, con la ley actual cualquier ciudadano tiene garantizada tutela judicial efectiva, puede tener acceso a un juez desde el minuto cero, y eso se mediatiza con la de un fiscal sujeto a la jerarquía: “Esto es así. Yo lo veo clarísimamente. Aunque no tengo todos los detalles, la reforma me parece perversa, tramposa. Y me parece que no están diciendo la verdad, porque lo que quieren es el control. Punto. No estamos hablando de otras cosas. Quieren el control político de las investigaciones. Estoy convencida.

—También intentó la reforma el Gobierno del PP.

—Claro, es que lo intentan todos, cómo no. Pero si es que les conviene a todos.