10-N: Un año en busca de estabilidad

El proyecto político de Pedro Sánchez parecía condenado a la “ingobernabilidad” y la “inestabilidad” hace un año, tras las elecciones del 10-N. La izquierda aparecía estancada y enfrentada; la derecha parecía recuperar terreno con el despegue de la ultraderecha; el anhelado centro de Ciudadanos al que se perseguía para los pactos casi desaparecía del mapa político español. El país se sumergía así en un escenario de continuo bloqueo después de aquellas elecciones de segunda vuelta, repetidas ant...

El proyecto político de Pedro Sánchez parecía condenado a la “ingobernabilidad” y la “inestabilidad” hace un año, tras las elecciones del 10-N. La izquierda aparecía estancada y enfrentada; la derecha parecía recuperar terreno con el despegue de la ultraderecha; el anhelado centro de Ciudadanos al que se perseguía para los pactos casi desaparecía del mapa político español. El país se sumergía así en un escenario de continuo bloqueo después de aquellas elecciones de segunda vuelta, repetidas ante el fracaso de los comicios registrados seis meses antes. Pero el mismo Pedro Sánchez que se veía incapaz de conciliar el sueño y de pactar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos lo cerró en 48 horas; en poco más de un mes hasta presentaron conjuntamente un ambicioso programa progresista (11 capítulos, 50 páginas) para toda la legislatura.

Ese plan se fue al traste en dos meses con la irrupción de la pandemia del coronavirus SARS-Cov-2. Ahora, con la llegada de la segunda ola del virus y bajo la cobertura incierta de un estado de alarma hasta el 9 de mayo, se promete de nuevo como el sueño interrumpido que se debe desarrollar hasta llegar al final del mandato en 2023.

“La inestabilidad, la crispación y la tensión no son algo del último o los dos últimos años, viene de más atrás, del final del Gobierno de Mariano Rajoy, de los bloqueos institucionales, de la corrupción y la impotencia en la gestión del conflicto en Cataluña, y ahora, en el peor de los momentos posibles, con la crisis del coronavirus, hemos conseguido dotar al país de un Gobierno estable y con una predicción de legislatura larga, hasta 2023, con buena pinta”, señalan desde el entorno directo de Sánchez en La Moncloa.

Aquel documento de buenas intenciones, firmado en el Congreso el 30 de diciembre de 2019 por los líderes del PSOE y de Unidas Podemos, se vio truncado por la imprevisible realidad del virus, que lo trastocó todo. El Gobierno de coalición diseñado, el primero de la reciente etapa democrática, con más carteras que nunca (22 ministros y cuatro vicepresidentes) para contentar las ambiciones de las dos formaciones políticas que lo formaban, pretendía recuperar derechos sociales perdidos en la anterior crisis financiera de 2008 y ejecutar una transformación del país en asuntos siempre anunciados pero nunca abordados como el cambio climático o la transición digital. Y al abordar el desafío independentista catalán, el Gobierno de Pedro Sánchez apostó por intentar un diálogo que acabase con las fricciones permanentes y las batallas judiciales contra el Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña.

Los 155 escaños que sumaron PSOE y Unidas Podemos en las elecciones del 10-N no llegaban para sacar la investidura de Sánchez y su Ejecutivo experimental. Lo lograron por escaso margen el 7 de enero en segunda votación: 167 votos afirmativos, 165 negativos y 18 abstenciones. Gobernar así en minoría, aprobar medidas cada martes en los Consejos de Ministros y acudir al Congreso para tramitar leyes, se presentaba como un infierno.

Pero no ha sido así. Y eso que en dos meses, a primeros de marzo de 2020, aterrizó con toda su crudeza la pandemia en España.

El Gobierno, en este año y pese a los casi tres meses de parón parlamentario que provocó en primavera la primera ola del virus, ha desarrollado una alta actividad legislativa sin grandes contratiempos. Ha superado la investidura, una moción de censura presentada por la ultraderecha de Vox, tres decretos de estado de alarma para todo el país, se han llevado al Parlamento 35 proyectos de ley (ocho de ellos aprobados), 216 proposiciones de ley, 33 reales decretos (muchos más y en menos tiempo que en anteriores legislaturas), se han contestado 47.798 preguntas (de las 52.741 registradas, el doble o triple de anteriores legislaturas), el presidente y sus ministros han comparecido 804 veces en las Cortes, los partidos han tramitado 2.072 proposiciones no de ley y se ha planteado la creación de hasta 19 comisiones de investigación, alguna tan polémica como la aprobada en septiembre sobre el caso Kitchen de espionaje desde el Ministerio del Interior al extesorero del PP, Luis Bárcenas. El Ejecutivo ha sacado adelante casi todo, menos un real decreto y un punto de una moción. Eso sí, el espectáculo de la crispación y la bronca se han abonado a las sesiones semanales de control al Ejecutivo.

Los socios de legislatura, desde el PNV a ERC o partidos minoritarios, se han quejado numerosas veces de falta de negociación previa, pero en general han apoyado todas las medidas y se disponen a facilitar el gran acuerdo: los primeros Presupuestos del Estado de la coalición gubernamental.

Esa ley fundamental es la que daría la estabilidad definitiva a la legislatura. En La Moncloa lo reconocen abiertamente: “Las expectativas no parecían buenas, pero el Ejecutivo está funcionando mejor de lo que parece en unas condiciones atípicas como consecuencia de la pandemia, hay buena sintonía entre los dos partidos y los ministros, salvo algunos elementos disfuncionales y excepcionales. Si aprobamos los Presupuestos, y con la llegada de los fondos europeos, podremos compaginar la recuperación económica y corregir los desajustes sociales y llegar al final del mandato y de la legislatura en buenas condiciones”, señalan desde el entorno directo del presidente. Y lo subrayan mucho para comparar con lo diferente que fue la salida de la anterior crisis gestionada por un Gobierno del PP con recortes y ajustes en servicios públicos.

Los asesores de Sánchez bucean en las encuestas del CIS y otros sondeos y constatan que las dos formaciones aguantan estables en sus porcentajes de intención de voto. Esos datos dejan al PSOE en torno al 29-30% y a Podemos cerca del 12%, bastante parejos a lo que ofrecieron las urnas el 10-N: 28,3% para los socialistas y 13% para el partido que lidera Pablo Iglesias.

La pandemia hipotecó la hoja de ruta, pero se pretende retomar ahora en cuanto los datos y Europa den un respiro. La oposición de derechas, tras marcar Vox gran parte del curso hasta la ruptura de Pablo Casado con Santiago Abascal, tampoco inquieta demasiado. Las constantes divergencias internas con Podemos, sobre todo a cuenta del papel del rey Felipe VI y en general de la Monarquía, se asumen como un mal menor que se justifica en la normal convivencia de dos concepciones y necesidades ideológicas diferentes.

Cataluña es otro asunto. La mesa del diálogo no era solo estratégica para calmar ánimos y captar votos. “Pedro Sánchez sigue creyendo que existe una oportunidad de abrir una nueva etapa y lo volverá a intentar”, aseguran en La Moncloa, en cuanto se despeje allí el horizonte de las elecciones fijadas para el 14 de febrero. Cuando Sánchez aterrizó en La Moncloa alertó a sus colaboradores: “Aquí tenemos que aprender todos y yo a ser presidente”. Pasó el primer año.