El juez señala que el asesor de Cospedal pagó en efectivo al espía de Kitchen

Los informes policiales del caso Kitchen, la supuesta trama urdida en la cúpula del Ministerio del Interior para espiar a Luis Bárcenas, detallan que el comisario Andrés Gómez Gordo, asesor de María Dolores de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha, efectuó parte de los pagos procedentes de fondos reservados a Sergio Ríos, el chófer del extesorero popular al que habían captado para arrebatarle al antiguo senador del PP documentos comprometedores para cargos de la formación conservadora. Según consta en una parte del sumario, a la que tuvo acceso EL PAÍS, Gordo f...

Los informes policiales del caso Kitchen, la supuesta trama urdida en la cúpula del Ministerio del Interior para espiar a Luis Bárcenas, detallan que el comisario Andrés Gómez Gordo, asesor de María Dolores de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha, efectuó parte de los pagos procedentes de fondos reservados a Sergio Ríos, el chófer del extesorero popular al que habían captado para arrebatarle al antiguo senador del PP documentos comprometedores para cargos de la formación conservadora. Según consta en una parte del sumario, a la que tuvo acceso EL PAÍS, Gordo firma al menos cuatro de los recibís.

“Las entregas del dinero en efectivo fueron efectuadas por parte de José Manuel Villarejo, [epicentro de la trama y en prisión provisional desde 2017], entre julio de 2013 y abril de 2015; y por Andrés Gómez Gordo en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2015”, subraya el juez José de la Mata en un auto. El magistrado ha acreditado ya que la trama gastó al menos 53.000 euros procedentes de los fondos reservados en esta operación sin control judicial, que se aprobó en la cúpula de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. La investigación sobre este entramado “parapolicial”, que se sigue en dos juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional –el Central 5, que lleva el caso de la caja b del PP, y el Central 6, que lleva el macrosumario sobre los negocios de Villarejo– ha señalado que el extesorero popular y su esposa fueron objeto de seguimientos tras estallar el escándalo de Bárcenas.

El nombre de Gómez Gordo, ex director general de Documentación y Análisis de Castilla-La Mancha, tiene una importancia clave. La Fiscalía ya lo ha señalado como el enlace entre Villarejo y María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP. El ministerio público, que ha pedido la imputación de la antigua dirigente de la formación, subrayó que el esposo de Cospedal puso en contacto a Gómez con Villarejo para “manipular” al chófer de Bárcenas, con el objetivo de que este obtuviera el material comprometedor. Es más, Anticorrupción incidió en que la también exministra de Defensa tenía un “interés personal” en el éxito de la Operación Kitchen: "Desde una doble perspectiva. Directa: como afectada por documentación supuestamente comprometedora para ella misma. E indirecta: como secretaria general del partido, de existir material comprometedor respecto de otros altos dirigentes del mismo”.

De la Mata recalca que la trama tenía por objeto “detectar” el lugar donde Bárcenas ocultaba los “documentos relativos al PP y a las personas que ocupaban sus órganos directivos”. “Y conseguir su incautación”, apostilla el magistrado, que añade: “A tales efectos se utilizaron los recursos humanos, técnicos y económicos asignados a la Policía Nacional para el cumplimiento de sus funciones, y se llevó a cabo el control de la ejecución de las actuaciones por los órganos superiores de las unidades intervinientes”. El objetivo era que el Juzgado Central de Instrucción 5, que investigaba en ese momento la caja b del PP, no se hiciera con esos papeles. “Los resultados obtenidos cumplieron con los objetivos marcados mediante el apoderamiento de documentación”, considera el instructor.

El comisario Andrés Gómez Gordo, imputado en la pieza Kitchen del caso Villarejo, no solo fue el asesor de Cospedal. Sergio Ríos lo señaló también como la persona que lo capta para la operación. Y otro de los implicados, el comisario jubilado Enrique García Castaño, también le atribuyó la autoría del informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias SA), un falso documento policial elaborado por la policía patriótica —rechazado por la justicia— donde se afirmaba que el Gobierno de Irán financió a Podemos y que acabó publicado en varios medios de comunicación.