La Fiscalía, contra Trapero: “¿La policía del pueblo? ¿De qué pueblo? ¿Del que no estaba del lado de la ley?”

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha echado el resto en la recta final del segundo juicio al procés, que sienta en el banquillo a la antigua cúpula de los Mossos d’Esquadra acusada de un delito de sedición por colaborar con los dirigentes independentistas en el otoño de 2017. El ministerio público, en la antepenúltima sesión prevista de la vista oral, ha aprovechado su turno de exposición final para arremeter sin paliativos contra los cuatro procesados. ...

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha echado el resto en la recta final del segundo juicio al procés, que sienta en el banquillo a la antigua cúpula de los Mossos d’Esquadra acusada de un delito de sedición por colaborar con los dirigentes independentistas en el otoño de 2017. El ministerio público, en la antepenúltima sesión prevista de la vista oral, ha aprovechado su turno de exposición final para arremeter sin paliativos contra los cuatro procesados. Entre ellos, contra el major Josep Lluís Trapero. “Alguno confundió el Cuerpo consigo mismo”, ha cargado el fiscal Miguel Ángel Carballo, que ha situado a los cuatro en la “órbita” de los líderes secesionistas y les ha reprochado que se identificasen en algún momento como “la policía del pueblo”. “Pero, ¿de qué pueblo? ¿Del que estaba del lado de la ley o del que no lo estaba?”.

A lo largo de más de dos horas, Carballo ha intentado tumbar los argumentos esgrimidos por los acusados durante todo el juicio y que, previsiblemente, repetirán sus defensas este martes. Así, lo que ellos calificaron como una actuación policial “prudente”, la Fiscalía la ha definido como “tibia”. Donde ellos hablaron de respeto absoluto a las órdenes judiciales y de colaboración con el resto de fuerzas de seguridad del Estado, el ministerio público ha reprochado la “pasividad” y el “cinismo”. “Las intervenciones de los Mossos eran para dar una apariencia lícita”, ha continuado la acusación pública, que ha insistido en que la antigua cúpula de la policía autonómica solo estaba preocupada por “aparentar” que se hacía algo mientras, realmente, permitía el desafío secesionista. “Era una estrategia prediseñada”.

“Esto no es, ni ha sido nunca un juicio a un cuerpo policial”, ha comenzado Carballo, en línea con lo que ya dijo al arrancar la vista oral el pasado enero: “No es nuestra intención enjuiciar a los Mossos como instituto armado”. “Otra cosa es que alguno de los acusados confundió el Cuerpo consigo mismo”, ha remachado el fiscal, que ha querido dejar claro que en estas sesiones se “enjuician los mismos hechos que se enjuiciaron en el Tribunal Supremo”, que condenó a los líderes políticos del procés. Un desafío al Estado en el que, según el ministerio público de la Audiencia Nacional, la antigua cúpula de la policía catalana jugó un papel determinante. No solo no impidieron el referéndum ilegal del 1 de octubre o el cerco a la Conselleria de Hacienda en septiembre de 2017, sino que dotaron a las iniciativas de los dirigentes secesionistas de “una apariencia de institucionalidad”.

La arremetida de la Fiscalía ha resultado, en definitiva, una constante batería de reproches que se han dirigido contra la actitud general de la antigua cúpula de los Mossos: “Hubo una dejación de funciones”; “no llevaron a cabo una actuación contundente y decidida contra el referéndum”; “la excusa de la proporcionalidad es solo un mantra que se ha repetido durante el juicio”; “hubo una auténtica complicidad”; o “fue una actuación desleal”. Pero también contra el despliegue concreto de aquellos días.

De hecho, Carballo ha hecho hincapié en que los agentes catalanes solo se dedicaron a retirar “los efectos del referéndum [en algunos centros] cuando este ya se había producido” o “solo se dedicaban a levantar actas” durante las votaciones. Además, ha puesto en duda las cifras ofrecidas por los Mossos sobre el cierre de colegios el 1-O y ha apostillado que se ocultó información al resto de fuerzas de seguridad del Estado. “La deficiencia de su plan era de concepto, no de falta de efectivos”, ha continuado la acusación pública, después de que Trapero dijera en el juicio que se activaron todos los agentes disponibles en el otoño de 2017. “La actuación de Trapero no ha sido deplorable, sino delictiva”, ha dicho también el fiscal Pedro Rubira, que ha sucedido a su compañero en la exposición durante otra hora más.

El plan para detener a Puigdemont

El ministerio público ha cuestionado, como ya ha hecho en alguna otra ocasión, hasta el supuesto plan que Trapero y sus más próximos colaboradores confeccionaron para arrestar al entonces president Carles Puigdemont si lo solicitaban las autoridades judiciales. Carballo ha subrayado que resulta “curiosa tanta pasividad” durante el desafío secesionista y, en cambio, “tanta actividad para elaborar un plan de detención de Puigdemont”. Con ironía, ha destacado que el major nunca habló de él hasta su comparecencia como testigo en el juicio del Supremo, cuando se “viene arriba” y lo menciona por primera vez. “Después, se incorpora un informe de junio de 2019 creado ad hoc sobre este plan”, ha proseguido, antes de exponer que el único documento que lo habría probado —un excel con la relación de mandos que debía arrestar a cada miembro del Govern— se destruyó. “¿Por qué destruyeron ese papel? ¿O es que no existió nunca?”.

Tras retirar la pasada semana el cargo de rebelión, la Fiscalía solicita al tribunal que se condene por sedición a Trapero; al exsecretario general de Interior de la Generalitat, César Puig; al exdirector de la policía catalana, Pere Soler; y a la intendente Teresa Laplana. Para los tres primeros pide una pena de 10 años de prisión. Para la última, cuatro años. Aunque, en el caso de que los magistrados consideren que no ha quedado acreditado este delito, el ministerio público ha propuesto como alternativa una sentencia por desobediencia, que no implica cárcel. La vista continuará este martes con las exposiciones finales de las defensas.