Compromís mantiene su voto negativo a prolongar el estado de alarma si el Gobierno no negocia

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, mantiene su voto contrario el próximo miércoles a la prolongación del estado de alarma hasta el 21 de junio “si no hay cambio en la posición del Gobierno”. “Pedimos una cosa razonable que defiende el presiden...

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, mantiene su voto contrario el próximo miércoles a la prolongación del estado de alarma hasta el 21 de junio “si no hay cambio en la posición del Gobierno”. “Pedimos una cosa razonable que defiende el presidente [Ximo] Puig y también Podemos, como que se tenga en cuenta el criterio poblacional en el reparto de los 16.000 destinado por el Gobierno a las comunidades autónomas y la creación de un fondo de nivelación para la cinco comunidades, como la valenciana, que estamos por debajo de la media española en financiación, pero el Gobierno no parece dispuesto a negociar”, señala a este periódico el diputado de la coalición valencianista, socia del PSOE y de Podemos en el Gobierno de la Generalitat. También añade la reivindicación de gestionar el pago del ingreso mínimo vital.

Baldoví, que ya votó en contra en la última prórroga, apunta que ya ha habido contactos con el grupo socialista en el Congreso, pero insiste en que de momento “no hay cambios” en la posición del Gobierno. El diputado está dispuesto a votar a favor a la prolongación, porque le parece razonable, pero a cambio de lograr una serie de reivindicaciones, como así han hecho otros grupos parlamentarios, como Esquerra Republicana, el PNV o Bildu. “Si es capaz de lograr un acuerdo con otros muchos grupos, ¿por qué con nosotros no? Lo que pedimos es lo mismo que pide Puig y Podemos, e incluso el PP, en Valencia, pero nosotros lo hacemos tanto en Valencia y en Madrid y, sin embargo, parece que yo sea el malo por defender lo mismo. Somos pragmáticos y tenemos propuestas alternativas”, señala el diputado. En función de los acuerdos alcanzados por los socialistas en el Congreso, el voto de Baldoví podría no ser necesario para la aprobación de la prórroga en el Congreso.

El voto contrario de Baldoví en la anterior prórroga y la petición de Compromís, expresada en euskera el pasado viernes por la vicepresidenta de la Generalitat, Mònica Oltra, de cogestionar el ingreso mínimo vital anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez ha tensado la relación entre la coalición y sus socios el PSOE y Podemos desde el pasado fin de semana. A ningún grupo le sentó bien las declaraciones de José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la SER el pasado viernes, pero la reacción fue dispar. “Quitando al País Vasco y Navarra, en el resto de España los esquemas de renta mínima tienen resultados dispares. No tenemos la certidumbre de que las comunidades autónomas puedan desplegar esta medida con la mayor rapidez y certidumbre. De lo que se trata es de ser eficaz, rápido y disparar a gol y eso no lo percibimos en el resto de comunidades autónomas. Esto no es una batalla de competencias, se trata de desplegar esto con mucha rapidez”, dijo Escrivá.

Representantes políticos del PSOE y de Podemos han criticado a dirigentes de Compromís por incidir en estas declaraciones que consideran desafortunadas y no en el “logro” político de la aprobación de lo que califican como una medida histórica para paliar la pobreza en España que beneficiará a la población más necesitada. La consejería de Oltra gestiona la renta de garantía de ingresos mínimo de la Generalitat. Desde las filas del PSOE se asegura que hay una vía de entendimiento.

Las comunidades autónomas presididas por el PP y otras con Gobierno socialista, como la aragonesa o la valenciana, pidieron el pasado domingo la cogestión del ingreso mínimo a Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes autonómicos. Hoy, Escrivá ha abierto la puerta a posibles acuerdos para la cogestión pero ha descartado que fueran inmediatos por la necesidad urgente de desplegar la prestación en toda España, si bien insistió en cuestionar la eficacia de algunas comunidades, en una entrevista en la Cope. Según detalla el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno estudiará a partir de 2021 establecer convenios con comunidades para que gestionen el IMV aprobado el viernes en Consejo de Ministros, como ya sucede en los casos vasco y navarro.

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