El informe de la Guardia Civil usa medias verdades y especulaciones y carga contra la decisión de autorizar manifestaciones el 8 de marzo

El informe de la Guardia Civil que ha provocado la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos cae en continuos errores, especulaciones, aporta datos sesgados y se hace eco de noticias en medios de comunicación que fueron desmentidas. El documento, enviado por la Comandancia de Madrid a la juez ...

El informe de la Guardia Civil que ha provocado la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos cae en continuos errores, especulaciones, aporta datos sesgados y se hace eco de noticias en medios de comunicación que fueron desmentidas. El documento, enviado por la Comandancia de Madrid a la juez Carmen Rodríguez-Medel en el marco de la investigación por las manifestaciones celebradas durante la expansión del coronavirus, consta de 83 páginas donde los agentes analizan 177 concentraciones convocadas en la región entre el 5 y 14 de marzo. Los investigadores concluyen que “a partir del 5 de marzo de 2020 no se debería haber realizado ninguna manifestación” debido a la crisis sanitaria.

El primer error está al principio de las diligencias, cuando enuncia que la Organización Mundial de la Salud OMS declaró la pandemia el 31 de enero, algo que realmente hizo el 11 de marzo. Lo que sucedió el último día de enero fue que la OMS declaró la emergencia sanitaria internacional dado que el virus comenzaba a propagarse por varios países, aunque por entonces prácticamente no se había localizado transmisión fuera de China, solamente casos importados.

El documento afirma que a partir del 5 de marzo no se deberían haber celebrado unas y cancelado otras manifestaciones, “como al final terminó ocurriendo”, en referencia a la convocatoria de la marcha por el Día Internacional de la Mujer en Madrid mientras se suspendía un congreso evangélico en la ciudad. Según los investigadores de la Guardia Civil, en esas fechas ya existía un “profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios, así como del control exhaustivo de la evolución de la misma, cuando menos con fecha 5 de marzo de 2020, y de cómo los mismos evidenciaron que el evento no se podía celebrar, precisamente por los riesgos que comportaba la concentración de personas”. No menciona el informe que el acto evangélico se canceló porque en esa comunidad se había detectado un foco de transmisión. Sesgos de este tipo salpican prácticamente todo el informe.

Es lo que ocurre también cuando habla de un informe del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés). Cita una parte: “Las medidas de distanciamiento social individual (por ejemplo, evitar los apretones de manos y los besos, como evitar los transportes atestados y las reuniones masivas innecesarias) deben seguirse durante todos los escenarios como medida preventiva”. Pero omite otra: “En los escenarios 1 y 2, la cancelación de las reuniones masivas en la UE/EEE puede estar justificada en casos excepcionales (por ejemplo, grandes conferencias con un número importante de participantes de una zona afectada). La decisión de cancelar deberá ser coordinada por el organizador y las autoridades de salud pública y otras autoridades nacionales, caso por caso [...] se recomienda la cancelación de las reuniones masivas durante los escenarios 3 y 4”. El día 8 de marzo España estaba todavía en el escenario 1.

También da lugar a interpretaciones erróneas cuando se refiere a una nota informativa sobre medidas preventivas contra el coronavirus de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid fechada el 5 de marzo. Apunta que recomendó a la población general “evitar los lugares con aglomeración de personas, como eventos multitudinarios o medios de transporte…”. Realmente estas recomendaciones estaban destinadas según esa nota a quienes hubieran estado en contacto con casos confirmados.

Cuando se refiere a una nota emitida por el Ministerio de Sanidad el día 3 de marzo, el documento de la Guardia Civil señala que recomienda aplazarlos por el riesgo de contagio. Vuelve a omitir una parte fundamental, esta nota se refiere a los eventos “con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo donde se ha detectado una alta presencia de SARS-CoV-2”.

El documento, además, entra en terrenos pantanosos al abordar la llegada de extranjeros en aquellas fechas. Tras afirmar que el 9 de marzo se permitió que hinchas italianos viajaran a Valencia en plena crisis del coronavirus" —"aficionados del Atalanta, un club de la región de Lombardía, la más afectada"— y que el Consejo de Ministros no cortó los vuelos directos entre ambos países hasta el 10 de marzo, los autores del informe especulan con que “cabría la posibilidad de que multitud de ciudadanos provenientes de zonas de riesgo hayan infectado a la población española”. “Y que unos y otros podrían haber acudido a las distintas reuniones y manifestaciones comprendidas en la Comunidad [de Madrid] que se celebraban en esas fechas, pudiendo crecer los contagios de forma exponencial de haber sido el caso”, recalca el texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Según el documento, 130 manifestaciones se celebraron; 35 se desconvocaron —12 de ellas, a instancia de la Delegación del Gobierno “mediante llamada telefónica”—; ocho no se desarrollaron finalmente y de cuatro no constan datos. “Se ha constatado que la delegación [del Gobierno] tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas a la declaración del estado de alarma”, afirma el documento, donde los agentes inciden en que, en 20 comparecencias, han tomado declaración a los promotores de varias de las citas desconvocadas y subrayan que existen llamadas de la Delegación del Gobierno para “sondear su intención de cancelar las mismas ante la grave situación sanitaria generada por la covid-19″.

“La inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes remitidos por la Delegación del Gobierno, así como el especial interés por parte de la delegación en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones, hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la delegación en que las mismas no figuren en ningún registro oficial; y, por otro, el amplio conocimiento de la delegación de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios generados por la covid-19 y su interés real de que no se celebraran", acusa el informe. Sin embargo, EL PAÍS ha contactado con los promotores de 10 de estas marchas y estos rechazan haber recibido presiones y, en la mayoría de los casos, aseguran que desconvocaron la protesta motu proprio antes de que la Delegación del Gobierno les llamara. En nueve de los casos corroboran haber recibido la llamada de la Delegación, pero aseguran que en esa conversación no se les instó a suspender el acto. Uno de ellos también asegura que ni siquiera recibió esa llamada.

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