Las cárceles permitirán las visitas en locutorios a los presos en el inicio de la desescalada

El inicio de la desescalada tendrá su reflejo en las cárceles, sometidas a estrictas medidas de aislamiento desde el 12 de marzo. Instituciones Penitenciarias reanudará en breve las visitas de las familias a los presos, aunque solo en locutorios con mamparas, según han comunicado sus responsables a los sindicatos de prisiones. También se retomarán los permisos de salida, aunque solo para aquellos presos que los tuvieran concedidos antes de la cri...

El inicio de la desescalada tendrá su reflejo en las cárceles, sometidas a estrictas medidas de aislamiento desde el 12 de marzo. Instituciones Penitenciarias reanudará en breve las visitas de las familias a los presos, aunque solo en locutorios con mamparas, según han comunicado sus responsables a los sindicatos de prisiones. También se retomarán los permisos de salida, aunque solo para aquellos presos que los tuvieran concedidos antes de la crisis, y los traslados de reclusos entre prisiones. Las medidas se aplicarán de manera asimétrica. Las cárceles solo las pondrán en marcha cuando las provincias en las que están ubicadas entren en la fase 1 del desconfinamiento.

Las nuevas medidas fueron comunicadas por el director de Ejecución Penal, Javier Nistal, en una reunión celebrada el pasado lunes con los representantes sindicales por videoconferencia en la que también participó el máximo responsable de Prisiones, Ángel Luis Ortiz. Nistal detalló que las visitas de los familiares a los presos se realizarán seis días a la semana, quedando el séptimo para realizar tareas de desinfección de los locutorios. Los que seguirán estando prohibidas, por ahora, son las llamadas comunicaciones familiares, de convivencia e íntimas (conocidas como vis a vis), ya que en ellas existe contacto físico entre los reclusos y sus allegados.

En esta primera fase de la desescalada en las prisiones algunos presos volverán a disfrutar de permisos de salida. En concreto, aquellos a los se les había concedido este beneficio con anterioridad al decreto del estado de alarma y que, hasta ahora, no los habían podido disfrutar para minimizar el riesgo de contagio de la covid-19 dentro de las cárceles. Eso sí, el recluso no podrá abandonar la provincia en la que está el centro penitenciario y, a la vuelta del mismo, deberá permanecer los 14 días en cuarentena en el módulo de ingresos de prisiones.

Además, Interior retomará algunos traslados de presos entre centros penitenciarios. En concreto, los ordenados por las autoridades judiciales, los aconsejados por razones médicas y aquellos que afecten a internos que han provocado “incidentes regimentales graves” y se considere conveniente un cambio de prisión por motivos de seguridad. La Guardia Civil, responsable de realizar estas conducciones, destinara un mayor número de vehículos para que en el interior de los mismo se mantenga la distancia de seguridad sanitaria entre presos. Después de cada uso, los furgones serán desinfectados.

También se incrementará paulatinamente la actividad en los talleres productivos, que nunca se suspendió en su totalidad pese al aislamiento. Así, además de los talleres propios de las cárceles, hace un mes ya se pusieron en funcionamiento algunos en los que trabajan presos para empresas privadas. Hasta la fecha, ya han vuelto a la actividad 45 de los 109 existentes con un límite máximo del 30% de los presos que trabajan en ellos. En total, se han reincorporado a la actividad laboral 580 de los cerca de 2.800 reclusos destinados en los mismos. En los próximos días está previsto que esta cifra se incremente con la reapertura de más talleres productivos.

Los responsables de Instituciones Penitenciarias anticiparon a los representantes de los trabajadores que las nuevas medidas de desescalada, que tildaron de “prudentes”, solo se aplicarán en aquellos centros penitenciarios ubicados en provincias que hayan superado la fase 0 del desconfinamiento. Fuentes penitenciarias añaden que las medidas no solo afectarán a las prisiones dependientes del Ministerio del Interior, sino también a las gestionadas por la Generalitat de Cataluña, única comunidad que tiene competencias penitenciarias.

Los sindicatos han recibido con recelo algunas de las nuevas medidas. Acaip-UGT, el mayoritario entre los funcionarios de prisiones, ha insistido a Interior en que la desescalada en las cárceles sea “más lenta” de la que ha marcado el Gobierno para las provincias. También pide que en las visitas a los presos, el locutorio solo puedas estar ocupado por un familiar que, además, debe residir en la misma provincia en la que se ubica la cárcel y usar mascarilla de manera obligatoria. También reclama que a los presos que salgan de permiso se les someta a un test de coronavirus tanto a la salida como a la vuelta de prisión. Además exige reforzar las medidas de protección para los trabajadores penitenciarios.

Por su parte, la CSIF reclama que las comunicaciones en locutorio con los presos tanto de los familiares como de los abogados se retrasen hasta que la provincia en la que se encuentra la cárcel haya entrado en la fase 2 de desescalada fijada por el Ministerio de Sanidad. En el caso de los encuentros vis a vis, exige que se pospongan hasta que “no se recupere la normalidad”. Este sindicato también pide retrasar el disfrute de los permisos de salida, en este caso hasta que la provincia se encuentre en la fase 3 de la desescalada.

Interior informó a finales de abril en una nota de prensa de que el impacto de la pandemia en las cárceles era cuatro veces inferior al impacto en la población general. El número de positivos total entre la población reclusa era, hasta este domingo, de 60 en una población de 50.800 internos, lo que supone una tasa de algo más de uno por cada mil internos, mientras que entre la población general esa tasa es de 4,3 positivos por cada mil habitantes. Hasta ahora se han producido seis fallecimientos por coronavirus en el ámbito penitenciario (dos reclusos y cuatro funcionarios). Además, Instituciones Penitenciarias tenía confirmados 318 contagios (258 trabajadores y 60 internos), de los cuales 158 ya han recibido el alta médica (144 trabajadores y 14 internos), según datos oficiales de Instituciones Penitenciarias.

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