Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana abren un pulso por avanzar en la desescalada

Las comunidades que no vieron cumplidas sus expectativas en la fase uno de la desescalada por el coronavirus, que este lunes entra en vigor, concentraron las críticas a la gestión del Gobierno. Andalucía y la Comunidad Valenciana cuestionaron en la novena conferencia de presidentes bajo el estado de alarma las razones por las que parte de su territorio quedó relegado. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, insistió en pasar ya de fase...

Las comunidades que no vieron cumplidas sus expectativas en la fase uno de la desescalada por el coronavirus, que este lunes entra en vigor, concentraron las críticas a la gestión del Gobierno. Andalucía y la Comunidad Valenciana cuestionaron en la novena conferencia de presidentes bajo el estado de alarma las razones por las que parte de su territorio quedó relegado. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, insistió en pasar ya de fase pese al informe de su exdirectora de salud, que dimitió. “Nunca he antepuesto la economía a la salud”, remarcó Pedro Sánchez. La cogobernanza diluyó los reproches nacionalistas por la unilateralidad del Ejecutivo en la toma de decisiones.

Por una vez Iñigo Urkullu y Quim Torra, los primeros que intervienen cada semana en la reunión de los líderes territoriales —el orden lo establece la antigüedad del estatuto de autonomía— no fueron los que abrieron las hostilidades contra el Gobierno. Tampoco Alberto Núñez Feijóo, que suele marcar la senda a seguir a los demás barones del PP. Las tres comunidades más pobladas exceptuando a Cataluña compartieron una sensación de agravio. Sin explicitarlo, la sensación de los responsables de Andalucía y la Comunidad Valenciana es que ha habido un trato de favor por intereses políticos a otros territorios como Euskadi. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazó esos supuestos “falsos agravios” y pidió que no se entrara en “especulaciones que no tienen ningún tipo de fundamento”. “Alejarse del criterio sanitario y dejarse llevar por criterios políticos o de otra índole sería grave”, advirtió.

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, del PP, sí piensa que los hay. Y que por esa razón Málaga y Granada no pasaron a la fase uno. La Junta pedía que se siguiera el criterio de las zonas sanitarias en las dos provincias. “El PNV tiene una excepcional relación con el Gobierno, sustenta al Ejecutivo, esos apoyos parlamentarios tienen sus contrapartidas”, afirmó Moreno tras la reunión. En su turno en la conferencia de presidentes pidió que se revisara la decisión. “Hay un daño de reputación a esas dos zonas”, lamentó. Como mínimo hasta el próximo lunes (18 de mayo) no se revertirá la situación. “Son decisiones complejas, pero es difícil de entender que en otras comunidades se haya seguido el criterio de las zonas sanitarias y aquí no haya sido posible”, ha observado. Este ha sido el avance en Castilla y León, gobernada por el PP. También en la Comunidad Valenciana, del PSOE, aunque molesta por no haber superado la fase cero en su totalidad. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reiteró que el Gobierno se basa “siempre en criterios de máxima prudencia”.

Las críticas del socialista Ximo Puig fueron más duras, lo que provocó cierta alarma en el PSOE. “He defendido siempre la corresponsabilidad, pero la cogobernanza no ha funcionado tan bien aquí”, ha dicho el presidente valenciano, que ha incidido en que el “único método de la cogobernanza es seguir criterios comunes". El barón del PSOE ha subrayado que tiene que haber “rigor” en la toma de decisiones. Según asistentes a la reunión, Puig ha manifestado que “confía plenamente en la honestidad de los técnicos y por supuesto en los responsables políticos, pero que frente al informe de 232 páginas presentado el miércoles por la Generalitat al Ministerio de Sanidad para la desescalada, acreditando el cumplimiento de las condiciones para pasar a la fase 1, la Comunidad Valenciana no ha recibido un papel ". “Las decisiones se toman desde la cultura escrita”, ha sentenciado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido su gestión y la necesidad de pasar a la fase 1 pese al informe en contra de Yolanda Fuentes, que dimitió el jueves como directora general de Salud Pública. “No es recomendable cambiar de fase”, concluía en un informe que la presidenta de Madrid decidió ignorar. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz, pidió esperar una semana. Debido a las diferencias en el Gobierno de coalición con Ciudadanos, Madrid presentó con un día de retraso su solicitud. “He recibido ataques desmesurados e injustos. No comparto la campaña que me ha dirigido el partido que diriges personalmente hacia mí y hacia la Comunidad de Madrid, ayuda poco”, le ha dicho a Sánchez según fuentes presentes. La baronesa del PP se refería a varios mensajes del PSOE en redes sociales en los que pone al Gobierno regional como “ejemplo de gestión ineficaz e irresponsable” en la crisis del coronavirus. El PSOE lo difundió en su cuenta de Twitter con el hastag “Protegemos Madrid”. “La vida y la salud de los madrileños y madrileñas es lo primero. Por delante de cálculos partidistas, economistas o propagandistas, está la seguridad”, añadía en un tuit.

Las críticas a la campaña socialista no fueron solo del PP. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, clave en la revalidación del último estado de alarma, la consideró “una profunda injusticia” y una “absoluta vergüenza”. “Así no se reconstruye nada. Así se destruye, se divide y se enfrenta a los españoles. Es tiempo de tender puentes, aunque el PSOE prefiera volarlos en la Comunidad de Madrid”, coincidió Ignacio Aguado, vicepresidente madrileño y también de Ciudadanos.

“Madrid necesita dar un paso adelante, no nos vamos a quedar eternamente en casa”, ha continuado la responsable del PP en la conferencia de presidentes. Ayuso entiende que se puede “conjugar la delgada línea defendiendo a los más vulnerables con la salida económica”. “Hay que convivir con la covid-19 largo tiempo y eso pasa por la autoprotección y convivir con normas de distanciamiento”, ha añadido.

El lehendakari ha valorado el acuerdo en el Congreso “que canaliza la cogobernanza”. El Gobierno se aseguró el respaldo del PNV en la votación de la cuarta prórroga del estado de alarma tras admitir una enmienda de los nacionalistas vascos para “ir de la mano” en “cogobernanza y codecisión”. “Podemos ampliar ya la mirada”, ha destacado Urkullu según fuentes presentes, que ha señalado que la planificación y la inversión pública “serán fundamentales” para responder a la crisis socioeconómica. El presidente de Euskadi ha animado a lograr un “consenso estatal” en el desconfinamiento y cree necesario clarificar los límites del déficit.

Torra, que a diferencia de Madrid no pidió el avance a la fase uno de toda Cataluña, ha mostrado su preocupación por la “sensación de relajamiento general”. El presidente de la Generalitat ha propuesto el uso obligatorio de mascarillas en cualquier espacio público. En línea con la Cámara de Comercio catalana, el dirigente de Junts per Catalunya estima que se deberían gastar 12.000 millones parea apuntalar su economía. “Tenemos tres meses para salvar la economía y el empleo, mantener un puesto de trabajo es más barato que perderlo”. También ha incidido en que se debe cubrir a las familias más vulnerables con subsidios como algunos que ya existen en Canadá o Noruega.

Alberto Núñez Feijóo ha avanzado que planteará un nuevo acuerdo de gobernanza para utilizar otro instrumento que no sea el estado de alarma. El presidente de Galicia defiende un sistema de emergencia sanitaria en lugar de un estado de alarma que permita regular cuestiones sanitarias. “No lo que está ocurriendo con esta excepcionalidad constitucional”, ha manifestado. Sánchez se ha comprometido a impulsar “una fórmula de gobernanza” con las autonomías que propondrá a los grupos parlamentarios del Congreso. El objetivo sería una reforma legislativa una vez se supere la crisis sanitaria y decaiga el estado de alarma que "llevará implícita la modificación de leyes ordinarias” como la de salud pública de 2011 o la de sanidad. “Pero ahora el instrumento que tenemos es el que tenemos”, ha concluido en alusión al estado de alarma, que restringe la movilidad entre provincias.

El barón del PP, cuya comunidad pasó el viernes a la siguiente fase, ha solicitado conocer con anticipación los criterios para pasar a la fase 2. No ha sido su única petición en una cumbre de marcado contenido técnico: Feijóo quiere que se abran las grandes superficies comerciales “siguiendo el modelo alemán” así como la reapertura de los centros de día para personas mayores. Además, ha solicitado que se permita la pesca en los ríos gallegos y la caza de jabalíes para evitar su plaga. Sánchez lo estudiará. El presidente gallego también ha reclamado un acuerdo con Portugal que favorezca la movilidad de 70.000 trabajadores transfronterizos.

Emiliano García-Page no ha sido crítico pese a que Guadalajara y Cuenca, donde no hubo ningún fallecido en las últimas 24 horas, son las únicas provincias de Castilla-La Mancha que han pasado a la fase 1. “La posición más conservadora del Ministerio de Sanidad debe ser mayor que la suma de 17 posiciones”, ha afirmado. Eso sí, García-Page ha constatado la evolución favorable de los indicadores sanitarios y ha insistido en que hay provincias que pueden pasar a la siguiente fase en un periodo muy breve de tiempo. El dirigente socialista ha hecho hincapié en el reparto del fondo no reembolsable. Entiende que se debe repartir por la incidencia real de la covid-19 y no por la potencial. Es decir, por la población. Además, ha insistido en que se debería aprovechar la ocasión de tomar una “decisión histórica”: que la renta básica “sirva para igualar en toda España”. Javier Lambán, que ha iniciado su intervención con unas palabras de recuerdo a Alfredo Pérez Rubalcaba, que falleció hace un año —“un hombre que prestó servicios a España”, ha dicho— cree que en el reparto de fondos estatales se debe tener en cuenta el coste de prestación de servicios públicos en función de la demografía “para no generar mayores desigualdades”. Como Asturias, ha recordado que cuando planteó la inclusión de comarcas ya en la fase 2 se pensaba en la flexibilización en determinadas zonas rurales para reactivar la actividad económica con otros parámetros diferentes a los de las grandes ciudades, así como la movilidad interior.

El presidente cántabro, el regionalista Miguel Ángel Revilla, ha criticado la falta de información. “Esto es como Eurovisión, no se nos comunico si íbamos a pasar o no. Al menos que haya una mínima deferencia. A eso se le llama detalle, delicadeza”, ha dicho muy molesto. Otras comunidades consultadas afirman que se les notificó la situación de sus respectivos territorios antes de la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, el pasado viernes. Como Feijóo, Revilla ha pedido que se pueda pescar: “Esto no es Madrid”. Al igual que Torra, ha planteado que los ayuntamientos puedan disponer de sus ahorros para invertirlos en obras y contratación.

Prolongación de los ERTE

El presidente del Gobierno ha explicado que el fondo de 16.000 millones no reembolsables se distribuirá en cuatro tramos. El primero, de 6.000 millones, se pagará en julio basándose en el gasto sanitario. El siguiente, de 4.000, se repartirá según los criterios de gasto sanitario de octubre y se abonará en noviembre. El tercero, mil millones a desembolsar en noviembre, se repartirá sobre la base de criterios de gasto social. Los 5.000 millones del último tramo se destinarán a la disminución de la actividad económica. La parte ligada al gasto sanitario, la más relevante, se distribuirá en función a indicadores. La fase social dependerá de criterios poblacionales; y el resto, por la caída de recaudación.

La prolongación de los ERTE hasta el 30 de junio ha sido celebrada con unanimidad. Se trata de una demanda que venían haciendo presidentes de distinto signo, aunque hay quienes piden que se extienda hasta después del verano. “Nos estamos gastando en estos ERTE más de 4.500 millones de euros al mes”, ha destacado Sánchez. El presidente ha señalado que habrá dos tipos de expedientes temporales de empleo, unos totales y otros parciales en función del reinicio diferente de la actividad. En cualquiera de las dos situaciones se exonera el pago de cotizaciones empresariales. En los ERTE totales se extienden a las cuotas de mayo y junio, el 100% para empresas de menos 50 trabajadores y el 75% para las de más de 50. En los ERTE parciales, Sánchez ha anunciado la exención de los trabajadores que por primera vez se incorporen al trabajo. Será de un 85% en mayo y un 70% en junio.

Otros ajustes son la extensión de la protección de fijos y discontinuos y fijos periódicos hasta el 31 de diciembre en el caso de no ser llamados o si su trabajo no se hubiera interrumpido por la crisis sanitaria, y la garantía de no despido en los seis meses posteriores al fin del ERTE por fuerza mayor.

Las empresas que hagan ERTE por fuerza mayor no podrán repartir dividendos durante el ejercicio fiscal salvo que devuelvan la parte correspondiente a la exoneración aplicada. “Es un mensaje muy relevante que las empresas asumen de cara a la opinión pública en este momento tan crítico”, ha afirmado el presidente según las fuentes consultadas. Las empresas o sociedades que tengan su domicilio en paraísos fiscales no podrán acogerse a los ERTE.

El Gobierno firmará este lunes el acuerdo sobre los expedientes de regulación temporal de empleo alcanzado con los agentes sociales. Al acto asistirá Sánchez junto al vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; la vicepresidenta de Asuntos Económicos y para la Digitalización, Nadia Calviño; y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En representación de los agentes sociales lo harán el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva; el secretario general de CC OO, Unai Sordo; y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

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