Nacionalistas y barones del PP piden a Sánchez retirar el estado de alarma

El fondo de 16.000 millones de euros que el Gobierno activará para las comunidades ha aplacado en parte a los líderes territoriales. Pero Pedro Sánchez afronta un problema inminente: el respaldo del PP y del PNV a la prolongación del estado de alarma, que finaliza el 9 de mayo, está cada día más en el aire. La conferencia de presidentes autonómicos celebrada este domingo puso de manifiesto el declinar de los apoyos a Sánchez. Barones del PP, encabezados por...

El fondo de 16.000 millones de euros que el Gobierno activará para las comunidades ha aplacado en parte a los líderes territoriales. Pero Pedro Sánchez afronta un problema inminente: el respaldo del PP y del PNV a la prolongación del estado de alarma, que finaliza el 9 de mayo, está cada día más en el aire. La conferencia de presidentes autonómicos celebrada este domingo puso de manifiesto el declinar de los apoyos a Sánchez. Barones del PP, encabezados por Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno, coincidieron con el president Quim Torra y el lehendakari Iñigo Urkullu en pedir que se levante el estado de alarma.

La primera solicitud de prórroga del estado de alarma por el coronavirus, vigente desde el 14 de marzo, obtuvo 321 votos a favor, ninguno en contra y 28 abstenciones. Desde entonces el apoyo a sus sucesivas extensiones no ha dejado de decrecer. Vox y la CUP se desmarcaron dos semanas después y votaron en contra. El resultado fue de 270 votos a favor, 54 en contra y 25 abstenciones.

La tendencia se acrecentó en la última votación, el 22 de abril: 269 votos a favor, 60 en contra y 16 abstenciones. En un Parlamento cada vez más adverso para el Gobierno, Junts per Catalunya se sumó a los partidarios de dar carpetazo a la excepcionalidad. Pero fueron las advertencias del PP y del PNV, que siempre han votado a favor pese a sus críticas a la gestión de la crisis, las que generaron más alarma en el PSOE y en Unidas Podemos. Esquerra dejó el mismo recado, aunque se ha abstenido en las tres votaciones.

La posición del principal partido de la oposición y de los nacionalistas vascos, socios clave del Ejecutivo, no está clara para la votación de la nueva prórroga, el próximo miércoles. El Gobierno no concibe que el PP, con el que se ha alternado en La Moncloa desde 1982, se desmarque. “No hay plan B. El plan B es el plan A. El plan A es el estado de alarma”, zanjó Sánchez el pasado sábado. “Es imprescindible en la complejísima fase de desescalada”, afirmó el ministro de Sanidad, Salvador Illa. “Es impensable que el decreto de estado de alarma no se prorrogue”, abundó la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

Sin embargo, los avisos de los nacionalistas y del PP son cada vez más abundantes. “Parece que el único plan que tiene es un estado de alarma permanente”, afirmó Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación de los populares. En la reunión semanal de los líderes autonómicos con Sánchez, los barones del PP le transmitieron el mismo mensaje. La lluvia de millones no reembolsables a las comunidades —6.000 millones a corto plazo y los otros 10.000 en el segundo semestre— no varió su opinión. El gallego Alberto Núñez Feijóo habló de un “uso desproporcionado” del estado de alarma que, a su juicio, “es más un estado de excepción” según fuentes presentes. El presidente de la Xunta cree que con la legislación sanitaria se podría acometer la desescalada. Por ejemplo, mediante la modificación de la ley orgánica de sanidad pública. “Hay que ir pensando en derogar el estado de alarma”, coincidió el presidente de Andalucía, informa Lourdes Lucio. Para Juan Manuel Moreno “lo razonable” es que a finales de mayo ya no lo haya. “Hay instrumentos legales para mantener el control sin ser tan restrictivos”, aseguró.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advirtió de que el estado de alarma puede convertirse “en una acción arbitraria que limita derechos fundamentales”. Esta línea argumental la defendieron otros presidentes autonómicos del PP ante la prensa. El murciano Fernando López Miras, que ha estado entre los más firmes partidarios de un confinamiento estricto, no se opone a una prórroga del estado de alarma salvo que Sánchez busque un “poder absoluto” o imponer “hojas de ruta ideológicas”. Otro barón popular, el castellano-leonés Alfonso Fernández Mañueco abundó: “Lo está poniendo difícil el presidente del Gobierno. Lejos de buscar el consenso, ha dicho ‘todos conmigo o contra mí”, informa Juan Navarro.

La propuesta de Sánchez de fijar un procedimiento de “cogobernanza” para la relajación de las medidas de confinamiento, con el propósito de reforzar la coordinación con las comunidades, tampoco convenció al PNV. Iñigo Urkullu pidió “recuperar la legalidad ordinaria”. “No comparto la manera de gestionar el mando único”, reiteró el lehendakari. Una opinión que comparte Quim Torra, que pidió que se excluya a Cataluña del estado de alarma para que así recupere la autonomía en la gestión de la crisis. Sánchez le recordó que la actuación del Gobierno es “muy distinta” a la de otros países cercanos como Italia, que ha aprobado un periodo de emergencia para seis meses. En Francia será hasta el 24 de junio. “En cambio el Gobierno ha decidido ir cada 15 días al Parlamento a solicitar la prórroga del estado de alarma”, remarcó. El presidente cántabro, el regionalista Miguel Ángel Revilla, muy crítico días pasados, sí se declaró favorable al estado de alarma. Igual que las comunidades del PSOE. Illa se comprometió a “consensuar las decisiones” con todos los territorios. Torra interpretó que el Gobierno le ha dado luz verde y aseguró horas más tarde que no tomará la provincia como referencia.

Con todo, en la orden publicada esta tarde en el ‘Boletín Oficial del Estado’ (BOE) en la que el Gobierno establece los mecanismos de “cogobernanza con las comunidades y ciudades autónomas” para el desconfinamiento, Sanidad se compromete a estudiar las propuestas de los presidentes autonómicos, pero se reserva la decisión final. “Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán trasladar al Ministerio de Sanidad propuestas específicas de desescalada en sus territorios de acuerdo al esquema orientativo previsto en el citado plan, así como plantear alguna actividad no contemplada entre las actividades permitidas en las diferentes fases. Asimismo, aunque la unidad territorial de referencia que se fija es la provincia, la isla o la ciudad autónoma, podrán proponerse ámbitos de aplicación diferenciados en unidades de nivel territorial distinto”, se lee en el BOE, que añade: “La decisión, que en todo caso se procurará que sea consensuada, la adoptará el Ministro de Sanidad”.

Sánchez ha iniciado su intervención detallando el fondo de 16.000 millones de euros no reembolsables a las autonomías de régimen común que anunció el sábado. Una decisión que han agradecido los presidentes del PP, que reclamaban desde hace semanas que el Gobierno aplicara en España lo mismo que demanda a Bruselas. ERC se sumó a esta demanda el jueves, con la petición de 4.000 millones para Cataluña. El Ejecutivo entiende que de esta forma da respuesta a las peticiones de liquidez de los territorios. “Es un fondo adicional, no es un préstamo y las comunidades no lo tendrán que devolver”, ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha remarcado que hasta el momento “se han evitado fuertes tensiones de tesorería” en los territorios. El Gobierno lleva semanas garantizando a las comunidades que pagará todos los recursos del sistema de financiación previstos para 2020. Un reparto superior a los 115.000 millones pese al desplome de los ingresos estatales.

El fondo se aprobará mediante real decreto ley y estará constituido en tres tramos: uno de 6.000 millones inmediato y otros dos de hasta 5.000 millones en el segundo semestre del año. El fondo atenderá el impacto de la covid-19 en el gasto sanitario por un importe de 10.000 millones que se distribuirán en función del impacto de la pandemia, otros 1.000 de gasto social según criterios de población y los 5.000 millones restantes por la disminución de ingresos de las comunidades por la caída de la actividad económica. Además, ha trasladado a los líderes territoriales que el próximo Consejo de Ministros aprobará una tercera línea de avales ICO de 24.500 millones: 10.000 millones para las pymes y autónomos; 10.000 para grandes empresas; 4.000 para el mercado alternativo de renta fija; y 500 para la Compañía Española de Reafianzamiento. Hasta la fecha se han aprobado dos tramos de 20.000 millones cada uno. Sánchez se ha comprometido a que será el Gobierno quien “va a asumir el coste de la pandemia” y ha trasladado además que en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera -aún sin fecha, el último fue en febrero- se va asignar un objetivo de estabilidad individual a las comunidades equivalente a un déficit del 0,2% del PIB. Es decir, unos 2.200 millones.

Como muchos presidentes, Ayuso ha cuestionado que Sánchez, al que ha demandado una estrategia “más clara”, anuncie el sábado las medidas que llevará al día siguiente a la reunión de líderes territoriales. “Hacer las conferencias previamente y después anunciar los anuncios ayudaría a que nosotros y los ciudadanos sepan a qué atenerse, porque cada día creo que conocemos menos cuál es el siguiente paso. Si no, el estado de alarma al final se convierte en una acción arbitraria que limita derechos fundamentales cuando en realidad todo se suele acoger actualmente a un problema sanitario”. La dirigente del PP ha advertido que el golpe a la economía puede provocar un millón de parados a finales de año en la Comunidad, lo que podría suponer “disturbios”, según fuentes presentes. Fuentes del Gobierno regional afirman a EL PAÍS que la cifra de parados "no está contrastada ni constatada”. Dos días después de las aglomeraciones en el cierre del hospital de campaña de Ifema, Ayuso ha instado a que haya menos concentraciones y se incite a aumentar la autoprotección de los ciudadanos. Sobre el fondo no reembolsable, pide que sea no reembolsable, adicional e incondicional. Es decir, que no compute a efectos del déficit y deuda autonómica. La responsable del PP ha concluido pidiendo de nuevo una mesa bilateral con el Gobierno.

Ximo Puig ha defendido un plan para la renovación del parque automovilístico de España, con una antigüedad media de 12,7 años. También ha pedido que se rebaje al 10% el IVA de bicicletas, patinetes eléctricos y transportes similares. El presidente de la Comunidad Valenciana ha pedido un plan turístico integral, así como que la Union Europea establezca una protocolo que valide la seguridad de los destinos europeos como garantía para impulsar el turismo internacional. Puig comparte que los Erte se deben ampliar en el sector turístico, con incentivos a la contratación. La preocupación es generalizada: el presidente de Murcia piensa que es imprescindible flexibilizar los Erte hasta septiembre. La presidenta de Navarra también confía que se amplíe el tiempo la duración de los Erte. María Chivite ha pedido que los ayuntamientos utilizar el 80% de su superávit tanto para articular medidas de protección social como para reactivar la economía local a través de ayudas al comercio e inversiones para potenciar el empleo.

Feijóo también ha mostrado en contra de que la unidad de actuación sea la provincia y no las áreas de salud, que facilitarían la salida del desconfinamiento de las zonas rurales, mucho menos afectadas que las urbanas. Otro barón del PSOE, Javier Lambán, ha recalcado que la desescalada por provincias “no es conveniente” en comunidades como Aragón. El 76% de sus municipios ocupan el 73% del territorio y representan a solo el 12% de la población regional, con una tasa de densidad habitantes por kilómetro cuadrado de 4,37%. En cambio, más de la mitad de su población se concentra en Zaragoza. “Hay zonas que se podrían reabrir ya”, ha observado, poniendo como ejemplo que 730 localidades suman menos habitantes en conjunto que Zaragoza. Lambán ha recordado que en anteriores citas planteó que se primara a los municipios de menos de 5.000 habitantes -como ha hecho el Gobierno en la primera fase del deconfinamiento, sin acotar las salidas a la calle por tramos horarios- y ha insistido en que la mejor unidad para aplicar el desconfinamiento sería en función de las zonas básicas de salud.

Emiliano García-Page tampoco comparte el criterio de la provincia. “Prefiero el del área de salud pero no voy a polemizar”, ha intervenido el presidente de Castilla-La Mancha. El presidente socialista ha demostrado que las quejas por la falta de interlocución no son ajenas al PSOE. “Convendría y yo por el momento me conformaría con que buena parte de las decisiones que se van tomando las habláramos con algo de anticipación. Creo que somos muchos queriendo aportar ideas, opiniones, sugerencias y en algunos casos pueden ser hasta bueno y que puede hasta ayudar al Gobierno”, ha expresado. García-Page ha propuesto “al menos financiar y proteger la financiación sanitaria” sin tener que esperar a un nuevo sistema de financiación que reemplace al vigente, obsoleto desde 2014. En materia de educación, a García-Page le gustaría “que se diera por acabado el curso”. Aquí se ha jugado una cierta ambigüedad y hay un malestar enorme entre el profesorado porque se les considera cuidadores de los niños, no enseñantes", ha aseverado sobre que los menores de 6 años puedan regresar a las aulas hasta finales de junio. “Sinceramente, creo que el sobreesfuerzo que ha hecho el alumnado y el profesorado no puede ir ahora jugando en su contra”, ha añadido antes de pedir que se pelee para que la Política Agraria Común se prorrogue hasta 2022.

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