La fiscalía ve “legítimo” que el Gobierno informase contra la propaganda del ‘procés’

El informe del Gobierno sobre el independentismo catalán que soliviantó a los líderes secesionistas no tendrá recorrido judicial. La Fiscalía ha archivado la denuncia del president de la Generalitat, Quim Torra, contra la entonces secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, por la publicación, en agosto de 2019 de un texto que relataba aspectos judiciales y sociales del procés. La Fiscalía cree “del todo legítimo informar a la opinión pública, con datos objetivos, de los pa...

El informe del Gobierno sobre el independentismo catalán que soliviantó a los líderes secesionistas no tendrá recorrido judicial. La Fiscalía ha archivado la denuncia del president de la Generalitat, Quim Torra, contra la entonces secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, por la publicación, en agosto de 2019 de un texto que relataba aspectos judiciales y sociales del procés. La Fiscalía cree “del todo legítimo informar a la opinión pública, con datos objetivos, de los pasos dados por el Gobierno y el Parlamento catalanes” durante ese periodo.

La Fiscalía de Madrid considera que el texto titulado La realidad sobre el proceso independentista no vulneró la presunción de inocencia de los presos —en ese momento preventivos— ni supuso una prevaricación del Ejecutivo. Así queda recogido en una resolución de la fiscalía de Madrid fechada el pasado 2 de marzo y a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Torra llevó a los tribunales ese documento, divulgado en agosto de 2019, en uno de los momentos álgidos de confrontación política a cuenta del independentismo. La denuncia se presentó cuatro días antes de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre los dirigentes políticos del procés e iba dirigida contra Irene Lozano. El motivo es que esta responsable, hoy secretaria de Estado para el Deporte, estaba al frente de España Global, el organismo que elaboró el informe y que había convertido la lucha contra la propaganda independentista en el exterior en una de sus principales líneas de trabajo.

Cinco meses después de la denuncia, la fiscalía de Madrid desestima los presuntos delitos penales que identificaba Torra: prevaricación, calumnia y obstrucción a la justicia. La querella del president argumentaba que la descripción que se hacía de los hechos vulneraba la presunción de inocencia porque condenaba ya, antes que el Supremo, a los dirigentes políticos que participaron en el referéndum ilegal y en las leyes de desconexión. La fiscalía considera, sin embargo, que el informe de España Global, dependiente de Exteriores, “se limita a la descripción de los hechos, sin añadir calificación alguna”. Y aclara que la presunción de inocencia puede invocarse ante los órganos judiciales, pero no para frenar un informe oficial del que “no se deduce en ningún momento que se presente a los procesados como culpables”.

La resolución también descarta que la publicación del texto implicara “un atentado a la independencia de los magistrados”.