Extraños peajes

Los primeros movimientos en torno a los pactos para decidir la alcaldía de Madrid y la presidencia de la Comunidad evidencian la existencia de alternativas que no exigen contar ni directa ni indirectamente con la ultraderecha, como el Partido Popular dio por descontado al término de la jornada electoral celebrada el pasado domingo. Al igual que en Barcelona, la posición determinante en la capital será la que adopte Ciudadanos, abriéndose a posibles pactos con el partido socialista o intentando repetir la fórmula alcanzada en Andalucía. En contra de esta última alternativa juega, sin duda, la n...

Los primeros movimientos en torno a los pactos para decidir la alcaldía de Madrid y la presidencia de la Comunidad evidencian la existencia de alternativas que no exigen contar ni directa ni indirectamente con la ultraderecha, como el Partido Popular dio por descontado al término de la jornada electoral celebrada el pasado domingo. Al igual que en Barcelona, la posición determinante en la capital será la que adopte Ciudadanos, abriéndose a posibles pactos con el partido socialista o intentando repetir la fórmula alcanzada en Andalucía. En contra de esta última alternativa juega, sin duda, la negativa de la ultraderecha a prestar de nuevo sus concejales y diputados autonómicos sin participar en las negociaciones y sin formar parte de los respectivos Ejecutivos. Pero existe además una razón de principio, que debería pasar por delante de los movimientos tácticos: no fragilizar el sistema constitucional incorporando a partidos que lo rechazan.

La opción del Partido Popular por un acuerdo tripartito en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid que incluya a Ciudadanos y la ultraderecha se explica —aunque en ningún caso se justifica— porque sería el único triunfo que su líder, Pablo Casado, podría alegar para contener las presiones internas tras los recientes reveses electorales. No es el caso de Ciudadanos, que está en condiciones de obtener las mismas cuotas de poder que le ofrecería la fórmula adoptada en Andalucía marchando en la dirección contraria, y abriéndose a acuerdos con el partido socialista. En este último caso se ahorraría las dificultades de explicar una embarazosa decisión a sus socios liberales en Europa, pero a un precio que parece resistirse a asumir: pactar con los socialistas empañaría la imagen como cabeza de la oposición que trata de construir. El problema es que esta imagen no es siquiera verosímil a la vista del peso electoral obtenido por Ciudadanos en las convocatorias recientes, al tiempo que ofrece un inexplicable respiro político al partido al que pretende arrebatar la primacía de la derecha y del centroderecha.

La condición de renegar del sanchismo impuesta por Ciudadanos para pactar con el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, no pasa de ser una débil excusa. No porque Gabilondo sea o no cercano al secretario general de los socialistas, como le imputa Ciudadanos, sino porque eso que este partido denomina sanchismo es, en realidad, la opción política mayoritaria de los electores en las cuatro convocatorias recientes. Resulta dudoso que un partido pretenda imponer una condición como la de Ciudadanos al candidato socialista a la Comunidad. Pero es directamente inconcebible que intente hacerlo a la vista de sus resultados y los de los obtenidos por el partido socialista liderado por Pedro Sánchez. Por profundas que sean las diferencias políticas con un rival, el respeto a la voluntad expresada en las urnas pasa también por no demonizarlo, sobre todo si su respaldo electoral ha sido el mayor.

La responsabilidad de las fuerzas políticas en Madrid no es solo constituir un Ayuntamiento y un Gobierno autónomo, sino hacerlo sin incorporar a un partido de ultraderecha contrario al orden constitucional. Quizá con otros resultados electorales saldría a relucir la estrategia del cordón sanitario. En Madrid, basta con que unos partidos no impongan a otros extraños peajes.