Los investigadores del futuro negocian para salir de la precariedad

Hasta el año 2011, los primeros años de trabajo de los investigadores iban acompañados de la etiqueta de “becario”. A partir de ese momento, con la aprobación de la Ley de la Ciencia, pasaron a ser considerados trabajadores de pleno derecho, con posibilidad de cobrar el paro o cotizar para una pensión. Sin embargo, como sucedió con otros cambios de aquella norma, requería una regulación posterior que no llegó en el tiempo previsto. La Agencia Estatal de Investigación debía empezar a funcionar en 2012. Sin embargo, las complejas...

Hasta el año 2011, los primeros años de trabajo de los investigadores iban acompañados de la etiqueta de “becario”. A partir de ese momento, con la aprobación de la Ley de la Ciencia, pasaron a ser considerados trabajadores de pleno derecho, con posibilidad de cobrar el paro o cotizar para una pensión. Sin embargo, como sucedió con otros cambios de aquella norma, requería una regulación posterior que no llegó en el tiempo previsto. La Agencia Estatal de Investigación debía empezar a funcionar en 2012. Sin embargo, las complejas negociaciones entre la secretaría de Estado de I+D+i con Hacienda retrasaron su arranque hasta 2015. En el caso de los jóvenes investigadores, el Estatuto del Personal Investigador en Formación debería haber estado listo en 2013.

Tras el revuelo provocado el año pasado entre los jóvenes investigadores por un cambio sin previo aviso en sus contratos que, entre otras cosas, les dejaba sin tarjeta sanitaria en caso de viaje al extranjero, se impulsó el desarrollo de ese estatuto. Los investigadores vieron en esa puerta abierta por el Gobierno a la negociación una vía para mejorar su situación, muchas veces precaria, pero ahora temen que eso no suceda o que incluso empeoren sus condiciones.

Las diferencias de sueldo entre jóvenes investigadores dependiendo de la región puede alcanzar los 8.000 euros anuales

Uno de los aspectos que pretenden mejorar es el salario. Ahora mismo, algunos de estos científicos, que en ocasiones, además de investigar, pueden realizar labores de docencia en las universidades, cobran alrededor de 900 euros al mes. “El salario más bajo es el de las Ayudas de la Fundación Valhondo, en la Universidad de Extremadura, con 11.520 euros brutos anuales, más o menos 880 euros netos al mes una vez aplicadas las retenciones de la Seguridad Social. Un poco por encima se situarían las convocatorias propias de la Universidad de Málaga y de la Universidad de Illes Balears, con 12.000 euros brutos anuales”, explica Isabel Ilzarbe, que realiza su tesis en el departamento de ciencias humanas de la Universidad de la Rioja (UR) y es delegada de CSIF y agente en la mesa de negociación con el Gobierno. Por arriba, los mejor pagados son los predoctorales de las convocatorias del Programa Talento de la Comunidad de Madrid con 19.750 euros brutos anuales, y las del País Vasco, con 18.182 euros brutos anuales.

Para mejorar la situación, al menos de los que cobran menos, cuenta Ilzarbe que, según un borrador filtrado, “se había aceptado un mínimo de 16.422 euros brutos anuales con revisión anual según el IPC, tal y como se había propuesto desde las asambleas y los sindicatos”. Esta cantidad es similar a las de las últimas convocatorias del Gobierno. Sin embargo, en la última propuesta de la secretaría de Estado de I+D+i, de enero, se vuelve a los mínimos establecidos en la Ley de la Ciencia, que estaría en unos 630 euros mensuales durante el primer año, menos de 700 durante el segundo y menos de 900 durante el tercer y cuarto años. “Los sindicatos no consideran esta propuesta aceptable”, según Ilzarbe, que también es miembro de la Plataforma de Defensa de la Dignidad Investigadora de la UR.

Otra de las demandas para el estatuto es el control de las horas de docencia para los investigadores, algo que, según CSIF, se emplea para cubrir la falta de profesores en las aulas y desvirtúa el objetivo de estas ayudas que es, fundamentalmente, investigar.

Andrés Dueñas, que realiza su tesis sobre Buen Gobierno y Ciudadanía en las Comunidades Autónomas, se dedica a analizar los cambios en la forma de gobierno de los entes regionales a raíz del nuevo escenario político fruto de la crisis de representación y de los partidos políticos. Según este investigador, que recibe una ayuda de la Junta de Castilla y León, ellos son “los investigadores predoctorales peor pagados de la Unión Europea”. En su opinión, además de las propias demandas concretas, “se debería buscar más financiación para que pudiese haber más contratos de los que hay”. Esta demanda va en la línea general de una comunidad científica que ha visto cómo, pese al crecimiento de la economía, el porcentaje del PIB dedicado a I+D, sigue descendiendo.

Los investigadores denuncian que a veces se les utiliza para cubrir la falta de docentes en la universidad

Irene Pérez, de la Universidad Autónoma de Madrid, trabaja en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO). La investigadora estudia la función de una proteína de la mitocondria que cuando está mutada o falta provoca una enfermedad rara. Los niños que la sufren tienen retraso en el crecimiento, epilepsia o problemas motores. En su opinión sería importante que se mantuviese el mínimo planteado de 16.422 euros brutos anuales. “Lo que se propone ahora posibilitaría incluso que se bajasen los sueldos de ayudas que da el Gobierno como las FPI y las FPU”, señala. Por otro lado, considera necesaria la limitación de las horas de docencia, de las 240 que ahora se fija para las becas FPU (de formación al profesorado universitario) a las 180 horas de las FPI (de formación al personal investigador). “Es una carga muy alta y además favorece que se trabaje gratis en las aulas y que no se saquen plazas de profesores”, añade.

Desde la secretaría de Estado de I+D+i (SEIDI), consideran que ahora están en buen camino para lograr un acuerdo, aunque no han ofrecido datos concretos sobre sus ofertas por tratarse de una negociación en proceso. La única demanda que sí descartan de antemano es la inclusión de una indemnización para los investigadores al finalizar el contrato “porque es algo que nunca han tenido”.

Ilzarbe reconoce que “el derecho de los investigadores predoctorales a percibir la indemnización por finalización del contrato se ha movido en una nebulosa”, dejando el finiquito a la interpretación de cada institución. “Por ejemplo, el rector de la Universidad de La Rioja ha manifestado públicamente que en su opinión ese derecho existe y ha señalado que la UR pagará siempre y cuando no exista una norma que diga lo contrario”, apunta. Pero considera la posibilidad de que esa indemnización se pueda luchar en los tribunales.

La situación de los jóvenes investigadores en España podría decidirse durante las próximas semanas. De momento, pese al optimismo que se muestra desde la SEIDI, los mensajes de algunos de los interlocutores con los que seguirá negociando no son conciliadores. FJI/Precarios ha denunciado que el borrador del estatuto presentado por el Gobierno no incluye las aportaciones realizadas durante las negociaciones de todo el sector. En una nota aseguraba que “los nueve meses de esfuerzo negociador y de integración de los colectivos” no habían “servido para nada”. CSIF iba más allá y pedía la dimisión de la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, por la parálisis del sector y la precariedad en el empleo.