Un pacto en Cataluña

Las elecciones del 21 de diciembre constituyen el primer paso hacia la recuperación de la estabilidad política y económica que se ha perdido de forma alarmante, incluso catastrófica en algunos aspectos, durante el llamado procés. El daño político causado por la vía unilateral a la independencia es conocido: un enfrentamiento social peligroso para la convivencia, entre españoles y catalanes y entre los propios catalanes, y la percepción de que pasará mucho tiempo antes de que se restaure la concordia civil plena. Además, se ha pretendido cuestionar la reputación democrática de...

Las elecciones del 21 de diciembre constituyen el primer paso hacia la recuperación de la estabilidad política y económica que se ha perdido de forma alarmante, incluso catastrófica en algunos aspectos, durante el llamado procés. El daño político causado por la vía unilateral a la independencia es conocido: un enfrentamiento social peligroso para la convivencia, entre españoles y catalanes y entre los propios catalanes, y la percepción de que pasará mucho tiempo antes de que se restaure la concordia civil plena. Además, se ha pretendido cuestionar la reputación democrática de España ante los ciudadanos y ante la comunidad internacional con argumentos peregrinos y contradictorios.

Pero es en el ámbito económico donde se aprecian daños inmediatos y cuantiosos, para el bienestar de los catalanes —la parálisis de infraestructuras y servicios se pone claramente de manifiesto en la serie que arranca hoy en EL PAÍS— y también, de forma indirecta pero sustancial, para el conjunto de la economía española. El impacto en Cataluña ha sido rápido y brutal: más de 3.000 empresas han trasladado su sede al resto de España; el consumo ha caído, la inversión se retrae, el desempleo aumenta comparativamente más que en el resto del país y el turismo se desploma.

El procés ha señalado a Cataluña en el mapa inversor como una zona económica conflictiva. La seguridad jurídica, esencial para las empresas, se ha venido deteriorando al menos desde 2015 y saltó por los aires cuando se inició el proceso para declarar la independencia.

Las urnas, por sí solas, no van a restaurar la estabilidad ni a recuperar la confianza en la economía catalana. La normalización empresarial será larga y tortuosa, porque muchas empresas que abandonaron Cataluña no van a volver. Y, después, porque la persistencia de pulsiones independentistas repele cualquier intención inversora. Las oportunidades de negocio en Cataluña están vinculadas a la pertenencia a España y a la Unión Europea; allí donde una posible mayoría política —ERC, JxCat— rechaza esta premisa crucial, la inversión decae y desaparece.

Para recuperar la confianza económica y la estabilidad política es esencial que el bloque independentista, desde el Gobierno o desde la oposición, se comprometa a renunciar explícitamente a sus objetivos; que se sujete a la exigencia de mayorías muy cualificadas para reiniciar una negociación política sobre cualquier consulta secesionista que nunca podrá ser unilateral; y que la labor parlamentaria (y de gobierno, si gobiernan) no va a estar orientada única y exclusivamente a la preparación de un nuevo procés. El secesionismo institucional que ha gobernado Cataluña ha perdido un tiempo precioso en ensoñaciones separatistas, tiempo que podría haber dedicado a reformas económicas, laborales y fiscales.

Ha pasado la hora del fatigoso y fatigante debate identitario. La campaña electoral debería centrarse en cuáles son las necesidades de inversión (pública y privada) de Cataluña, cómo puede mejorarse la calidad del empleo y si la financiación de sus ayuntamientos es la correcta. La recuperación de la confianza económica será difícil; pero si se insiste en el enconamiento identitario resultará imposible.