Acuerden el desacuerdo

En 1966 los Estados miembros de las Comunidades Europeas firmaron el Compromiso de Luxemburgo. Con este documento se ponía fin a una de las crisis más importantes de la integración europea. La llamada “crisis de la silla vacía” fue protagonizada por Francia al negarse a aceptar las consecuencias que para sus intereses nacionales tenía la entrada en vigor del voto por mayoría cualificada en determinadas decisiones del Consejo. Durante seis meses Francia dejó de asistir al Consejo hasta que los Estados firmaron un Gentlement’s agreetmenten el que, sin modificar el sistema de votación pr...

En 1966 los Estados miembros de las Comunidades Europeas firmaron el Compromiso de Luxemburgo. Con este documento se ponía fin a una de las crisis más importantes de la integración europea. La llamada “crisis de la silla vacía” fue protagonizada por Francia al negarse a aceptar las consecuencias que para sus intereses nacionales tenía la entrada en vigor del voto por mayoría cualificada en determinadas decisiones del Consejo. Durante seis meses Francia dejó de asistir al Consejo hasta que los Estados firmaron un Gentlement’s agreetmenten el que, sin modificar el sistema de votación previsto en los tratados, constataron un acuerdo sobre un desacuerdo.

En estos momentos, creo que la cuestión catalana podría encaminarse hacia algo muy parecido a un compromiso, entre Puigdemont y Rajoy, que documente un acuerdo sobre el profundo desacuerdo que mantienen. No es un juego de palabras. Veamos por qué. La independencia es una aspiración política irrenunciable para Puigdemont. De hecho, no sólo cree en ella, sino que dice tener el mandato de una parte significativa del pueblo catalán. Para Rajoy una pretensión de independencia es inasumible por ser un límite infranqueable al ejercicio de su responsabilidad institucional como presidente. Si avanzamos en el argumento, no está de más recordar que el Tribunal Constitucional ha señalado que la independencia puede formar parte de la agenda política de un partido y, en consecuencia, tal aspiración no es, por sí sola, inconstitucional. Por tanto, el Estado de derecho admite que se pueda hablar sobre la independencia de un territorio. La Constitución permite, de hecho, que existan programas políticos que aspiren a ella y que tales programas sean votados por los ciudadanos. La Constitución no acepta, sin embargo, que la consecución de ese propósito político se haga obviando los cauces legales previstos. Violentarlos conlleva responsabilidades penales en el ámbito personal y quienes así actúan pueden ser objeto de cuantas medidas sean arbitradas en virtud del principio de coerción federal que nuestra Constitución establece (artículo 155).

Si Rajoy y Puigdemont decidieran conducir el asunto catalán por la vía del diálogo, ya solo pueden aspirar a acordar su desacuerdo profundo sobre la independencia como objeto de negociación y pacto. Una vez confirmado este extremo, quizás podría abrirse un espacio para ordenar los términos de una negociación factible que permita a Cataluña y España reencontrarse en un pacto dentro del marco constitucional futuro. Tal negociación llevará tiempo, probablemente requiera nuevos actores capaces de conducirla a término con éxito, antes de someterla a los ciudadanos. Es necesario advertir que, en ningún caso, Cataluña logrará así la independencia. En el mejor de los supuestos podrá simplemente revisar su actual autogobierno. Hasta entonces, no será poco lo logrado si en los próximos días queda espacio para articular un modesto acuerdo sobre el desacuerdo y, a partir de ahí, seguir avanzando por la senda de la legalidad.