Fuera de Cataluña, muchos analistas se llevan las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que un sector tan amplio de la sociedad catalana —de agitadores amateursa colegios profesionales— esté confundiendo la actuación de la Guardia Civil, siguiendo órdenes judiciales, con una represión autoritaria? ¿Por qué tantos medios internacionales se quedan con la imagen de las manifestaciones prorreferéndum en lugar de las mil razones para desconvocarlo?
La causa es que el Gobierno español ha menospreciado la comunicación. Ha preferido ocultar las respuestas que iba a dar a cada uno de los ...
Fuera de Cataluña, muchos analistas se llevan las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que un sector tan amplio de la sociedad catalana —de agitadores amateursa colegios profesionales— esté confundiendo la actuación de la Guardia Civil, siguiendo órdenes judiciales, con una represión autoritaria? ¿Por qué tantos medios internacionales se quedan con la imagen de las manifestaciones prorreferéndum en lugar de las mil razones para desconvocarlo?
La causa es que el Gobierno español ha menospreciado la comunicación. Ha preferido ocultar las respuestas que iba a dar a cada uno de los pasos de la Generalitat en su deriva independentista.
La legitimidad de un Estado depende de su predictibilidad. De que todo el mundo sepa que, frente a la acción A, el Estado hará B. Lo que distingue a un Leviatán legítimo de otros monstruos armados es que sus golpes son previsibles. Las Administraciones que actúan por sorpresa, aunque sean efectivas, generan desconfianza.
En la crisis catalana, el Gobierno español ha optado por el secretismo. Una táctica más propia de un Estado inseguro, o de una guerrilla ambiciosa, que de una democracia consolidada. Con acciones relámpago, ministros, altos cargos, abogados del Estado, fiscales y miembros de los cuerpos de seguridad han desarbolado los preparativos del 1-O. Pero, al carecer de una explicación previa, muchos ciudadanos han interpretado estas respuestas rápidas como medidas coercitivas y degradantes.
Para más inri, las argumentaciones a posteriori están monopolizadas por el presidente y miembros del Gobierno. Las caras del Estado español son todas del PP. Las múltiples instituciones que están enfrentándose al desafío soberanista, por autónomas que en realidad sean las unas de las otras, proyectan una imagen partidista.
Siguiendo la estela de otros países, España debe aspirar a tener un aparato de Estado más polifacético, con declaraciones permanentes de sus funcionarios justificando sus actuaciones específicas.
Es debatible si, frente al reto independentista, han sobrado algunos hechos. Pero, sin duda, han faltado muchas palabras. @VictorLapuente