Tiempo de señales

No puede decirse que agosto siga siendo un mes en el que el Gobierno pueda tomarse vacaciones. Este año, Mariano Rajoy ya ha visto como, amén de los habituales incendios, le han estallado episodios como la contestación de ciertos sectores al turismo masivo, el conflicto de El Prat o la crisis migratoria en Ceuta, ninguno de ellos menor. Esta semana que empieza puede abrírsele otro frente en Cataluña, donde reside el problema que más le importa en estos momentos al presidente, como comentó el lunes pasado tras su encuentro con el Rey en el palacio de Marivent, en Palma de Mallorca. Aunque inici...

No puede decirse que agosto siga siendo un mes en el que el Gobierno pueda tomarse vacaciones. Este año, Mariano Rajoy ya ha visto como, amén de los habituales incendios, le han estallado episodios como la contestación de ciertos sectores al turismo masivo, el conflicto de El Prat o la crisis migratoria en Ceuta, ninguno de ellos menor. Esta semana que empieza puede abrírsele otro frente en Cataluña, donde reside el problema que más le importa en estos momentos al presidente, como comentó el lunes pasado tras su encuentro con el Rey en el palacio de Marivent, en Palma de Mallorca. Aunque inicialmente se ha excluido del orden del día —como una parte más, quién sabe, de la estrategia de ocultamientos que sigue en este tema la Generalitat—, podría ser que finalmente Junts pel Sí y la CUP terminen por registrar este miércoles la ley del referéndum en la Mesa del Congreso convocada por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Rajoy ya ha anunciado que la impugnaría de inmediato ante el Tribunal Constitucional si se admite a trámite.

Ante un proceso que se está llevando fuera de los cauces legales y sin contar con el respaldo masivo de los catalanes, apoyado únicamente en una mayoría parlamentaria exigua que no tiene, además, voluntad alguna de someter a debate —con todas las enmiendas que plantee la oposición— una iniciativa de esta envergadura, el Gobierno no tiene más remedio que acudir a la alta instancia jurídica. Y más si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, asegura que el referéndum se realizará de manera legal aun cuando sea suspendido por el Constitucional. En un escenario de estas características, donde todos los puentes parecen rotos y se ha impuesto la amenaza unilateral de forzar la consulta, no parece quedar espacio ya para una negociación política inmediata.

Pero el Gobierno podría equivocarse si limita su tarea a la respuesta en los tribunales. El tiempo que queda hasta el 1 de octubre, fecha elegida para el supuesto referéndum, no es muy grande, pero podría convertirse en una eternidad. El quietismo, que ha sido la marca de Rajoy durante los largos años que dura ya la reivindicación de una parte de los catalanes de someter a referéndum su encaje en España, podría volverse en contra del Gobierno cuando la firmeza de las instituciones y la unidad de todos los partidos constitucionalistas son imprescindibles en una situación tan delicada.

Más pronto —esta misma semana— o más tarde, la tensión por la convocatoria del referéndum volverá a instalarse en el centro de la vida política y hay fuerzas, como la misma CUP, que ya pretenden con una escoba marcar los derroteros del debate, echando a los que no piensen como ellos. Al Gobierno le corresponde buscar ahora los cauces necesarios de diálogo y de encuentro para evitar que el escenario que se dibuje tras la fecha fijada por la Generalitat para la consulta sea el de un campo de batalla devastado donde los enconos y los agravios son todavía mayores. Ha llegado la hora de dar señales de que hay voluntad de buscar una salida a un conflicto que lleva ya enquistado demasiado tiempo.