Las noticias intranscendentes

HE AQUÍ UNA NOTICIA de hace unos meses, sin la menor transcendencia. Ocupaba una columnita de este diario, no tuvo continuación alguna y el titular rezaba, escandalosamente: “Defensa tendrá que pagar 243 millones por 13 aviones que ya no quiere”. El texto no añadía demasiado, sí lo suficiente para deducir que alguien había metido la pata hasta el fondo y que la broma nos iba a salir carísima. “España deberá abonar 243 millones de penalización a la empresa Airbus si finalmente no compra los 27 aviones...

HE AQUÍ UNA NOTICIA de hace unos meses, sin la menor transcendencia. Ocupaba una columnita de este diario, no tuvo continuación alguna y el titular rezaba, escandalosamente: “Defensa tendrá que pagar 243 millones por 13 aviones que ya no quiere”. El texto no añadía demasiado, sí lo suficiente para deducir que alguien había metido la pata hasta el fondo y que la broma nos iba a salir carísima. “España deberá abonar 243 millones de penalización a la empresa Airbus si finalmente no compra los 27 aviones de transporte A400M que se comprometió a adquirir, según reveló ayer en el Congreso el Secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde. Su antecesor en el cargo, Pedro Argüelles, pactó con el gigante aeronáutico recibir 14 aparatos entre el año pasado y 2022 y postponer la recepción de los 13 restantes hasta 2025. Pero Defensa ya ha declarado estos 13 aviones como “no operables” —es decir, innecesarios— y ha aceptado pagar a Airbus 243 millones por la cancelación de este pedido. La única forma de evitar esta penalización es que España consiga vendérselos a otro país …” (A otro país idiota, se supone.)

Noticias de esta índole aparecen cada dos por tres en la prensa, y, a diferencia de lo que ocurre con las relativas a la corrupción, que acaparan portadas y exhaustivos análisis, nadie les otorga la menor importancia. Por supuesto, jamás nos enteramos de que se la haya cargado alguien por la ruinosa metedura de pata; de que haya perdido su puesto por ella; de que se lo haya obligado a reembolsar la cantidad que por su negligencia o mal cálculo hemos perdido todos. O por su frivolidad o megalomanía. ¿Alguien ha pagado por la construcción-abandono de la llamada Ciudad de la Justicia en Madrid? De diez edificios proyectados se concluyó malamente uno, que lleva años inoperante y cayéndose a pedazos, y cuyas vigilancia y mantenimiento cuestan un dineral anualmente. ¿Alguien ha sufrido las consecuencias de las inútiles radiales que nadie usa, de los Palacios de las Artes o las Ciencias diseminados por nuestro territorio y carentes de actividad y contenidos, de los varios aeropuertos sin aviones y de tantos despilfarros más? Añádanse las incontables sumas compensatorias por errores o abusos cometidos, sean plusvalías cobradas indebidamente por las ventas de pisos en las que el vendedor había perdido dinero, sean encarcelamientos injustificados o lo que ustedes quieran. Los cargos públicos derrochan a mansalva como si los fondos del erario “no fueran de nadie”, según dijo no recuerdo ya qué político, y luego se quejan de que las arcas están vacías. Hay unos muy vagos cálculos de lo que a este país le han sustraído los corruptos, los simples ladrones o los serviciales tesoreros que procuraban financiar a sus partidos. No creo que ni siquiera haya un vaguísimo cálculo de lo que cuestan las egolatrías improductivas, los proyectos superfluos, las infinitas meteduras de pata de nuestros representantes. E insisto: no parece que a ninguno se le pase factura, ni siquiera se lo destituya.

No es extraño que las arcas estén vacías. Las han vaciado sus propios custodios, insensata o alevosamente, según los casos.

No es extraño que las arcas estén vacías. Las han vaciado sus propios custodios, insensata o alevosamente, según los casos. Y esos custodios, transformados en recaudadores, prosiguen su saqueo de la población a base de impuestos cada vez más feroces (recuérdese que Rajoy llevó a cabo la mayor subida de la historia). Cambian las reglas a su antojo: lo que antes era legal ya no lo es; lo que antes era desgravable ha dejado de serlo, sin más explicación que el arbitrario criterio de los inspectores. Y si un contribuyente decide recurrir, es posible que se vea “advertido” en forma de nuevas inspecciones y reclamaciones. Si uno se retrasa un solo día en el pago, recibe multa y se le cobran intereses, mientras que el Estado en modo alguno se aplica el mismo rasero.

Llevamos más de cinco años con un Gobierno al que los ciudadanos ya nunca perciben como una institución que los protege y defiende, sino todo lo contrario: se ha convertido en un ente amenazante, que por principio considera a la población defraudadora y enemiga, cuando los indeciblemente defraudados somos nosotros. ¿Cuántos son ya los cargos del PP que se han enriquecido a costa nuestra? ¿Cuántos los partidos que se han financiado de la misma manera? ¿Cuántas compras se han hecho de aviones “no operables” por los que nos vemos penalizados? ¿Cuántos edificios, carreteras, estaciones ferroviarias, aeropuertos inútiles se han construido? ¿Cuántos “eventos” deficitarios se han celebrado a mayor pompa de presidentes autonómicos y alcaldes? ¿Cuántos festejos “patronales” —el verano un hervidero de ellos— con fines estrictamente demagógicos en todas partes? ¿Y quién paga todo eso? ¿Los responsables, los frívolos, los derrochadores, los innumerables metepatas e ineptos? Nunca nos llega la noticia de que ninguno haya sido castigado ni destituido, ni siquiera reprendido. Esa impunidad sí que es absoluta. No les quepa duda de que lo pagamos todo nosotros, y además varias veces.