La paz en Colombia o un nuevo país

Si la esperanza de vida media en Colombia ronda los 74 años, es difícil encontrar a alguien en cuya juventud no hubiera guerra. Quizás así explicado en términos vivenciales, pueda entenderse mejor que para la mayor parte de la población colombiana, especialmente la que vive en las zonas rurales donde el conflicto ha ido sobreviviendo durante más de cinco décadas, se abre una etapa totalmente desconocida. Que para la mayoría de la población indígena y afrocolombiana, históricamente discriminadas, es una oportunidad histórica. Que son más de cuatro generaciones de jóvenes que han visto sus proyectos de futuro sometidos a las lógicas políticas y económicas de la guerra. En resumen, la paz es terreno ignoto para la gran mayoría.

Es difícil imaginar el día a día de esa mayoría pero las cifras oficiales del conflicto (siempre por debajo de las reales) nos aproximan a lo que han conocido de primera mano: más de 200.000 personas muertas, de las cuales el 81% eran civiles; más de 25.000 personas secuestradas; más de 5.700.000 de desplazamientos forzados y el segundo país en el mundo con mayor número de víctimas menores de edad por minas antipersonales. ¿Cómo se pasa de esta violencia profundamente anclada en la forma de vida, a una sociedad en paz?

El acuerdo con las FARC, que se espera más adelante incorpore a otros (ya se han iniciado en marzo las negociaciones con el ELN), abre una gran puerta al futuro. Las negociaciones comenzaron en 2012 en La Habana y culminarán en los próximos meses cuando se someta el acuerdo alcanzado a referéndum.

Pero entre esa puerta que se abre y el futuro de paz, hay actualmente un gran precipicio, un enorme vacío, que solo podrá cruzarse construyendo a la vez un puente colgante y un gran viaducto bien cimentado. La mesa de conversaciones de La Habana lo sabe y por ello se ha articulado sobre seis puntos principales: desarrollo agrario integral, participación política, drogas ilícitas, fin del conflicto, víctimas y verificación final. Y dos fases: plan de choque de 18 meses a través de proyectos de respuesta rápida y programas transformadores en un periodo de 10 años.

¿Cómo se pasa de esta violencia profundamente anclada en la forma de vida, a una sociedad en paz?

El puente colgante lo constituyen los elementos más inmediatos del proceso de paz: promover el perdón y la reconciliación, desmovilizar, reconocer y asumir los crímenes. No será fácil. La violencia en Colombia, a día de hoy, no tiene su único origen en las FARC, hay otros actores como el crimen organizado, las bacrim (ex paramilitares) y el ELN; y un nexo en común que es el cultivo de drogas ilícitas. A los clásicos incentivos a la desmovilización e inserción en la vida civil hay que añadirle la transformación de la estructura económica del país para que dichos cultivos no pasen a nuevas manos y terminen haciendo de Colombia un narco estado. Otro elemento esencial de este puente colgante que luego sustentará el viaducto son los derechos de las mujeres. De los 17.000 posibles desmovilizados, alrededor del 40% de los miembros de las FARC son mujeres. No se puede pensar en su integración en la vida civil sin sentar las bases para abordar la violencia de género en todas sus facetas y garantizar los derechos sexuales y reproductivos, ambas dimensiones totalmente destrozadas por la guerra.

Visibilizar que esto está ocurriendo, y que es real, y asegurar que llega a los lugares en los que el conflicto se ha recrudecido en los últimos años es vital. Ese puente colgante le dará credibilidad al proceso y hará que esa parte tan importante de la sociedad colombiana que desconfía del mismo o incluso milita contra él, vaya cambiando su opinión y de a la paz la oportunidad que se merece.

Pero el puente colgante no es suficiente, puede romperse en cualquier momento, ya ocurrió en los años 90. El viaducto debe sentar las bases para llegar a la paz: derechos humanos, instituciones, participación política y desarrollo sostenible. Pero la cuestión primigenia a resolver es la desigualdad que está en la misma génesis de la creación del Estado colombiano. Para que nos hagamos una idea, se estima más del 30% de la población colombiana vive actualmente bajo umbral pobreza.

La reforma de las instituciones, para que puedan jugar un papel más proactivo en promover la igualdad es casi tan importante como volver a legitimar las instituciones del estado allí donde el conflicto se las cargó o donde nunca llegaron. Y ahí los gobiernos locales tienen un gran papel, pero éstos o no existen o son extremadamente débiles en muchos de los lugares donde todavía reina el conflicto, véase en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, tres zonas en las que Alianza por la Solidaridad trabaja desde hace más de 20 años. Los datos son abrumadores. Solo algunos ejemplos. En Tumaco, donde se cultiva la mayor parte de la palma africana para biodisel de todo Nariño, el 43% de la población no tiene cubiertas sus necesidades básicas. O en Buenaventura, el mayor puerto del Pacífico, por donde cada año pasan 12 millones toneladas de carga y el 67% del comercio de Colombia, tiene un 64% de paro y más de 30.000 personas desplazadas.

Esos gobiernos locales y departamentales que darán la cara más directa a la nueva ciudadanía colombiana necesitarán de los recursos necesarios para poder responder a la altura de las necesidades. Además, serán también ellos los que sufrirán la presión por la explotación de los enormes recursos naturales que aún tiene Colombia. Mal gestionados, sobreexplotados, generarán más desigualdades, más violaciones de derechos humanos de una población, ya bastante machacada, y mayor pobreza a medio plazo.

No se puede pensar en la integración de las mujeres en la vida civil sin sentar las bases para abordar la violencia de género

El sector privado será una pieza clave en la construcción de la paz si el modelo de negocio extractivo e irresponsable, que impera detrás de la cortina del conflicto, se transforma y Colombia es capaz de innovar en su modelo productivo. No será lo mismo para la población colombiana que las empresas, muchas de ellas colombianas pero otras estadounidenses, españolas o chinas, lleven a cabo sus negocios bajo el paraguas de una normativa que proteja los recursos naturales y los derechos humanos, que que actúen al albur exclusivo de la libre competencia. Dichos marcos legales que regulan las inversiones en infraestructuras, minería, petróleo, industria agroalimentaria, por mencionar los sectores más jugosos y atractivos, no solo deberán revisarse para que el desarrollo de un país que se espera crezca al 5% anual cuando reine la paz, vaya acompañado de la sostenibilidad de sus recursos y de la redistribución de la riqueza, sino que deberán incluir un adecuado sistema fiscal progresivo, que permita financiar las políticas sociales. Pero luego serán los gobiernos departamentales y locales los que tendrán que tratar directamente con ese sector privado y esa cultura de negocio que todavía no termina de entender que el ambiente y los derechos humanos son también su responsabilidad. Y serán también esos gobiernos los que tendrán que poner en marcha los mecanismos institucionales para garantizar las políticas sociales.

La paz ha de traer cambios en las actuales estructuras de poder y estos cambios solo favorecerán la igualdad y la justicia si la sociedad civil colombiana, tan activa, se rearticula de nuevo para poder ser efectiva en un entorno de paz y de institucionalidad y poner presión para que estos cambios institucionales y de modelo productivo tengan lugar.

Todo es necesario y nada es prescindible para construir sólidamente el viaducto hacia la paz. Colombia tiene que construir un nuevo país con una mirada del sXXI basada en una cultura de paz. Sus socios europeos y ojala España, sean sus principales apoyos.

Alianza por la Solidaridad lleva mas de 20 años trabajando en Colombia y cada año da atención integral a mas de 5000 personas, desplazadas por el conflicto.

Ana R. Alcalde es directora de Alianza por la Solidaridad.