Los gestos de Montoro

Con el trazo grueso que le caracteriza, el ministro de Hacienda en funciones ha dado dos pasos tardíos e insuficientes para responder a las críticas de Bruselas por el incumplimiento del objetivo de déficit y a la rebelión de las Comunidades Autónomas, contrarias a cumplir el nuevo dictado de ajuste drástico propuesto por Cristóbal Montoro. El recorte del gasto en 2.000 millones para el ejercicio de 2016 parece un amago para demostrar que el Gobierno está “haciendo algo” en materia presupuestaria que justifique la prórroga de un año solicitada a la Comisión para cumplir con el objetivo de défi...

Con el trazo grueso que le caracteriza, el ministro de Hacienda en funciones ha dado dos pasos tardíos e insuficientes para responder a las críticas de Bruselas por el incumplimiento del objetivo de déficit y a la rebelión de las Comunidades Autónomas, contrarias a cumplir el nuevo dictado de ajuste drástico propuesto por Cristóbal Montoro. El recorte del gasto en 2.000 millones para el ejercicio de 2016 parece un amago para demostrar que el Gobierno está “haciendo algo” en materia presupuestaria que justifique la prórroga de un año solicitada a la Comisión para cumplir con el objetivo de déficit. Pero donde se demuestran las dificultades de este Gobierno para articular una política presupuestaria pactada con los agentes políticos es en el fiasco de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Las autonomías no aceptan ya las instrucciones de un gobierno caducado, que ha entendido siempre la relación con las autonomías como un ejercicio de ordenar y mandar.

Abrumado por la reprimenda europea, Hacienda ha impuesto un límite de déficit del 0,3% a las Comunidades. Un ajuste de semejantes proporciones es inasumible por los gobiernos autonómicos. Las Comunidades están mal financiadas (es urgente cambiar el modelo de financiación) y tampoco quieren cargar con la responsabilidad política del fracaso. El Gobierno (responsable del desbordamiento del déficit de la Seguridad Social y de una rebaja esperpéntica de impuestos) se ha desentendido de la vigilancia del déficit autonómico y, además, es muy probable que los beneficios del descenso de los intereses de deuda no se hayan repartido con equidad entre el centro y la periferia. La amenaza de cerrar el grifo del Fondo de Liquidez a las autonomías incumplidoras carece de sentido; este Gobierno no será el que redacte el nuevo Presupuesto. La raíz del desajuste de las cuentas autonómicas está en la falta de compromiso con la estabilidad financiera. Esta tibieza, cuando no hostilidad, es un problema político que Hacienda (la del nuevo Gobierno, porque el actual no da más de sí) tiene que resolver con negociación política y no con modales ordenancistas.