Terrorismo financiero
Este fin de semana fuentes del sector bancario español manifestaban su disconformidad con el auto del juez Elpidio Silva, pues según dicho auto muchos banqueros podrían ir a la cárcel por la concesión de préstamos de elevado riesgo, refinanciaciones de créditos dudosos o fallidos y la falta de previsión del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
La cuestión no es tanto esta matización como saber qué es lo que impide abrir un macroproceso contra aquellos banqueros que con su gestión negligente y aberrante han causado el crash de la mitad del sistema financiero español, provocando ...
Este fin de semana fuentes del sector bancario español manifestaban su disconformidad con el auto del juez Elpidio Silva, pues según dicho auto muchos banqueros podrían ir a la cárcel por la concesión de préstamos de elevado riesgo, refinanciaciones de créditos dudosos o fallidos y la falta de previsión del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
La cuestión no es tanto esta matización como saber qué es lo que impide abrir un macroproceso contra aquellos banqueros que con su gestión negligente y aberrante han causado el crash de la mitad del sistema financiero español, provocando la inyección de miles de millones de euros en ayudas públicas y la petición de un rescate bancario que ha supuesto comprometer gravemente la cifra del déficit público y el trasvase de deuda privada a deuda pública. El Gobierno ha sido diligente en la adopción de medidas que garanticen la recapitalización de las entidades nacionalizadas, sacrificando sin pudor a miles de familias atrapadas en el infierno de preferentes y subordinadas, pero ha sido pusilánime con los auténticos responsables del crash financiero de nuestro país. Es inaceptable que los modestos sigamos pagando los excesos de una clase pudiente, intocable, que el Gobierno perpetúa con sus acciones; un estatus intolerable en una situación de crisis como la actual.
Las víctimas colaterales de este terrorismo financiero somos todos los ciudadanos y especialmente, los afectados por preferentes y desahucios. Basta ya.— Carmen Vallejo Pérez.
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