El Estado indemnizará a los padres de las niñas de Alcàsser por el permiso concedido a Anglés
Cada progenitor de las tres menores asesinadas percibirá 300.000 euros
La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha declarado la responsabilidad patrimonial del Estado por la concesión del permiso penitenciario durante el que Antonio Anglés supuestamente asesinó a tres niñas de Alcàsser (Valencia) en noviembre de 1992, y le obliga a indemnizar a los padres de éstas.
En una sentencia notificada hoy, el tribunal afirma que la concesión del permiso fue inadecuada y que, al perseguir éste la resocialización del preso, el riesgo que asume la sociedad debe ser soportado por el conjunto de los ciudadanos. La Sala concede por ello a cada p...
La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha declarado la responsabilidad patrimonial del Estado por la concesión del permiso penitenciario durante el que Antonio Anglés supuestamente asesinó a tres niñas de Alcàsser (Valencia) en noviembre de 1992, y le obliga a indemnizar a los padres de éstas.
| HEMEROTECA La tragedia de un pueblo |
En una sentencia notificada hoy, el tribunal afirma que la concesión del permiso fue inadecuada y que, al perseguir éste la resocialización del preso, el riesgo que asume la sociedad debe ser soportado por el conjunto de los ciudadanos. La Sala concede por ello a cada progenitor la suma de 300.506,05 euros en concepto de indemnización, cantidad que habrá de incrementarse con los correspondientes intereses.
En la sentencia el tribunal explica que no entra a considerar si el permiso "fue o no conforme a Derecho" y que su resolución "no implica en modo alguno un reproche" a las personas que intervinieron en su concesión, pero que cabe hablar de "un anormal funcionamiento de los servicios públicos" porque éste "se reveló objetivamente inadecuado en función de las circunstancias".
La indemnización será de 601.012 euros para cada una de las familias de las niñas, lo que supone una cuantía total de 1,8 millones de euros (300 millones de pesetas).
Ricart, el único condenado
Miriam, Toñi y Desireé fueron violadas y asesinadas a finales de 1992 en un caso que conmocionó a la opinión pública española. La Audiencia considera que Anglés, en situación de rebeldía, esto es huido de la justicia, cometió el crimen. Se basa para ello en las declaraciones del único condenado por los hechos, Miguel Ricart, y en lo indicado en el procesamiento dictado en 1993.
La sentencia dictada en 1997 por la Audiencia Provincial de Valencia, que fue confirmada por el Tribunal Supremo en 1999, afirmaba que los asesinatos fueron cometidos por Ricart "en compañía de otro varón identificado y que no se encuentra a disposición del tribunal".