La juez Palacios comienza a investigar el accidente del Yak-42 pidiendo informes a Defensa

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha comenzado hoy a investigar el accidente del Yak-42, en el que murieron 62 militares españoles, solicitando al Ministerio de Defensa el informe sobre el siniestro que fue elaborado en diciembre de 2003 y los documentos sobre la identificación de los cadáveres. En una providencia notificada hoy, que supone el comienzo de la instrucción del caso, la magistrada avanza también que, una vez recibida la documentación, la causa podría dividirse en dos partes, una referida a la contratación del vuelo y otra a lo ocurrido después del accidente, en espe...

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha comenzado hoy a investigar el accidente del Yak-42, en el que murieron 62 militares españoles, solicitando al Ministerio de Defensa el informe sobre el siniestro que fue elaborado en diciembre de 2003 y los documentos sobre la identificación de los cadáveres. En una providencia notificada hoy, que supone el comienzo de la instrucción del caso, la magistrada avanza también que, una vez recibida la documentación, la causa podría dividirse en dos partes, una referida a la contratación del vuelo y otra a lo ocurrido después del accidente, en especial a la identificación de los cadáveres en Turquía.

La resolución es consecuencia de la decisión que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional tomó el 15 de julio, por la que acordó declarar la competencia de este tribunal para investigar los hechos anteriores y posteriores al accidente, ocurrido el 26 de mayo de 2003. La sala precisó que la investigación debería ceñirse a determinar "la responsabilidad penal en que hayan podido incurrir determinadas personas de nacionalidad española por supuesta dejación de sus obligaciones en el control de la contratación y modo de transporte de los militares" y a comprobar si las certificaciones de defunción emitidas por dos generales de división médicos pudieran constituir delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación".

Sin embargo, la Audiencia no podrá entrar en cómo se produjo el accidente, debido a que las autoridades turcas ya han abierto una investigación sobre ese extremo. En vista de esta resolución, la juez dio por admitidas a trámite las denuncias interpuestas por la Asociación de Familiares del Yak-42 y solicitó a la Fiscalía su opinión sobre los pasos que debía seguir. El fiscal Fernando Burgos le remitió entonces, según han informado hoy fuentes jurídicas, un escrito en el que distinguía dos series de actos susceptibles de constituir sendas infracciones penales y con distintos sujetos imputables en cada caso, en referencia a la contratación y ejecución del vuelo y a la identificación de los cadáveres en Turquía.

14 partes de queja

El representante del ministerio público afirmaba también que esos dos episodios no estaban relacionados desde el punto de vista penal, por lo que deberían ser investigados en procedimientos distintos. Así, para conocer lo que ocurrió antes del vuelo solicitaba que se pidiera a Defensa el informe Información previa, elaborado por el coronel auditor Ricardo Fortún sobre la contratación de vuelos militares a través de la agencia de la OTAN NAMSA, fechado en diciembre de 2003 y registrado en el Congreso de los Diputados el 2 de enero de 2004. En el informe se constataba la existencia de 14 partes de queja elevados por mandos militares sobre deficiencias de los vuelos antes del accidente y se decía que "todo ello conduce a preguntarse sobre el efectivo grado de cumplimiento de los dispuesto en el artículo 4.8 del acuerdo de ventas, que coloca a NAMSA en posición de garante del contrato".

Sobre el aparato que se estrelló en Turquía, el informe concluía que "no hubo denuncia alguna, en los vuelos anteriores efectuados por este avión, que afectara a su seguridad". En lo que se refiere a la investigación de lo ocurrido tras el siniestro, la Fiscalía instaba a la juez a que solicitara a Defensa los documentos generados durante la identificación de los cadáveres y que tomara declaración como imputados a los autores de los mismos, el general médico de División Vicente Navarro y del general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán. Ambos mandos firmaron las 30 identificaciones realizadas por el equipo médico español a los cuerpos de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42, todas ellas erróneas, según revelaron más tarde los resultados de las pruebas de ADN efectuadas a los familiares de las víctimas.

En la providencia de hoy, Palacios accede a todas las peticiones del fiscal, salvo a la citación de los dos generales, sobre la que decidirá una vez tenga en su poder la documentación. Además, pide a Turquía "el informe pericial sobre las causas del siniestro y relación de personas que constituían el pasaje que resultaron muertas". En la resolución, la juez no se pronuncia sobre la petición de exhumación de los cuerpos mal identificados realizada por los familiares, ya que quiere antes estudiar la documentación y escuchar a los generales. Tanto estas dos personas como el ex secretario de Estado de Defensa, Fernando Díez Moreno, han sido admitidos como personados en el procedimiento por la magistrada.