EL DEBATE DEL 'PLAN IBARRETXE'

El Gobierno impugnará el 'plan Ibarretxe' ante el Constitucional el próximo jueves

Michavila califica de "ilegal e inconstitucional" el camino iniciado por Vitoria

El ministro de Justicia, José María Michavila, ha anunciado la decisión del Gobierno de recurrir el plan Ibarretxe ante el Tribunal Constitucional al considerar el camino abierto por el Gobierno vasco como "ilegal e inconstitucional". Los servicios jurídicos del Estado presentarán el recurso el próximo jueves.

El recurso se plantea contra el acuerdo del Consejo de Gobierno vasco, que aprobó el plan, y contra el de la Mesa del Parlamento de Vitoria, que acordó tramitar la propuesta a través de un procedimiento ordinario.

El escrito de los servicios jurídicos del Estado impu...

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El ministro de Justicia, José María Michavila, ha anunciado la decisión del Gobierno de recurrir el plan Ibarretxe ante el Tribunal Constitucional al considerar el camino abierto por el Gobierno vasco como "ilegal e inconstitucional". Los servicios jurídicos del Estado presentarán el recurso el próximo jueves.

El recurso se plantea contra el acuerdo del Consejo de Gobierno vasco, que aprobó el plan, y contra el de la Mesa del Parlamento de Vitoria, que acordó tramitar la propuesta a través de un procedimiento ordinario.

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El escrito de los servicios jurídicos del Estado impugnará ambas resoluciones por vulnerar la Constitución, tanto en los procedimientos como en las instituciones constitucionales, y por no ajustarse a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía vasco, ya que este texto permite iniciar un proceso de reforma de la Constitución pero no del modo en que lo hace la propuesta soberanista.

Michavila ha afirmado que el Gobierno plantea este recurso en el ejercicio de la "obligación" que tiene de defender la Constitución y ha concretado que el recurso se hará por la vía del artículo 161.2 de la Constitución.

Según Michavila, el Gobierno toma esta decisión cumpliendo "su obligación de exigir respeto a la Constitución" y los "valores de los principios democráticos", y para ello acude al Tribunal Constitucional, que es "el máximo garante" de la Carta Magna.

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