Joan Subirats: “La Universidad tiende a predicar la innovación y es conservadora hacia dentro”

Cuando Joan Subirats (Barcelona, 1951) se puso al frente del Ministerio de Universidades en diciembre de 2021, tras la salida abrupta de su antecesor Manuel Castells por temas de salud, pidió un tiempo para “hacer suya” la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). El ambiente estaba caldeado con los rectores y estudiantes soliviantados, y tras dar más que una vuelta a la norma, sosegó a los estamentos universitarios. Luego llegó el turno de negociar con los partidos y con los apoyos suficientes ya en la mano, su norma se votará el 22 de diciembre. Subirats, catedrático emérito de Ciencia ...

Cuando Joan Subirats (Barcelona, 1951) se puso al frente del Ministerio de Universidades en diciembre de 2021, tras la salida abrupta de su antecesor Manuel Castells por temas de salud, pidió un tiempo para “hacer suya” la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). El ambiente estaba caldeado con los rectores y estudiantes soliviantados, y tras dar más que una vuelta a la norma, sosegó a los estamentos universitarios. Luego llegó el turno de negociar con los partidos y con los apoyos suficientes ya en la mano, su norma se votará el 22 de diciembre. Subirats, catedrático emérito de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona, recibe a este diario este martes en el ministerio, tras la aprobación en la comisión de Ciencia del documento final con los votos en contra de PP, Vox y el Bloque Galego.

Pregunta. Le precede fama de buen negociador, pero ¿se ha arrepentido de intentar cuadrar el círculo de intereses en esta ley?

Respuesta. Sabía donde me metía. Conozco la universidad desde hace mucho tiempo [47 años de profesor]. Sabía muy bien que los actores tienen intereses distintos y asentados en el tiempo. Es una institución milenaria que tiene tendencia a predicar la innovación hacia fuera y que es conservadora hacia dentro. Pero todos los intereses tienen en común querer que la universidad siga adelante. Hay una frase de Peter Drucker, que es un gurú del management, que dice que las tres organizaciones más difíciles de gestionar son: las orquestas sinfónicas, los hospitales y las universidades porque están formadas por profesionales de alto nivel que no aceptan las reglas de la jerarquía y tienes que conseguir puntos en los que se sientan implicados en la toma de decisiones. A veces eso no se tiene en cuenta, y se habla de la Universidad más como una empresa en la que alguien manda y eso es un poco contradictorio con la idea de universidad.

Bajo el mismo rótulo de universidad hay unas realidades muy distintas

P. Justo eso es lo que critican algunos expertos, que no es una reforma ambiciosa que, como en Portugal o Francia, convierta en rector a una personalidad ajena a la institución.

R. El otro día en Bruselas estuve con la ministra de universidades portuguesa y le pregunté por el sistema de gobernanza [gobierno] de sus universidades y me dijo: “Es poco democrático”. Tiene ventajas e inconvenientes. Al final, con esa ley cada universidad tiene que decidir qué quiere ser de mayor y tomar decisiones de acuerdo a sus expectativas. Las hay con aspiraciones internacionales y otras que, sin renunciar a ello, son muy fuertes en su ámbito territorial. Dando vueltas por España lo hemos visto. Es muy distinto el campus de la Universidad de León en Ponferrada, que la Pompeu Fabra o la Universidad de Granada. Bajo el mismo rótulo de universidad hay unas realidades muy distintas.

P. Para Esquerra era muy importante que los profesores con contrato laboral pudiesen ser rectores y se ha incluido. ¿Cómo se lo toma usted que es catedrático funcionario?

R. No hay ningún país en Europa ―excepto Italia quizá― donde se exija ser funcionario para ser rector. Cuando se habla de internacionalización, el debate se convierte en muy pequeño. Lo que interesa es que tenga una alta capacidad investigadora, un acreditado itinerario docente, que haya ejercido funciones de gestión... Además, las universidades podrán incorporar los requisitos y méritos que quieran.

P. Bildu dice que no va a votar a favor de esta ley porque el rector elegirá a un tercio de los miembros del consejo de gobierno, el órgano de ejecución de la universidad, lo que indigna al resto de estamentos.

R. La nueva ley refuerza los claustros, el máximo órgano democrático, pero el rector y el consejo de gobierno tienen que tener una capacidad de ejecución para que las cosas puedan avanzar. En otros países se elige el rector y este elige a los decanos y, por lo tanto, estructura desde la jerarquía. Esperemos que Bildu recapacite de aquí al jueves y contemos con su apoyo.

Hay un decalaje entre las necesidades formativas que requieren las empresas y lo que encuentran en el mercado

P. Con la formación permanente se abre una nueva vía de negocio que puede terminar casi solo en manos de las universidades privadas en remoto, porque las públicas no van sobradas de profesorado.

R. Tenemos que conseguir que las universidades públicas sean más capaces de responder. Hay un decalaje entre las necesidades formativas que requieren las empresas, las entidades y las administraciones y lo que encuentran en el mercado. Y esto lo vemos, sobre todo, en formación tecnológica. Creo que con la ley hemos reforzado los elementos de empleabilidad dentro de la estructura universitaria ― con mentorías, con aprendizaje y servicio...―y a eso se suman las microcredenciales [cursos cortos para trabajadores sobre algo muy específico y práctico].

P. ¿Estas microcredenciales en parte van a estar financiadas por el Estado?

R. Pueden estar financiadas por las empresas, por el Estado, por la propia legislación laboral... Si tú tienes un permiso individual de formación, no se te va a dar dinero, pero sí tiempo. Unos días al año para poder formarte. Eso se está negociando con el Ministerio de Trabajo. Y ahora, con el Ministerio de Economía, estamos viendo si podemos tener unos recursos iniciales para pruebas piloto en microcredenciales.

P. ¿Habrá cursos adaptados a las necesidades de una determinada empresa?

R. Sí. Esto no es un invento nuestro, es Europa. Las empresas no tienen cuatro años para mandar a sus empleados, pero sí cuatro meses y nosotros aseguramos un nivel de excelencia en la formación.

Estamos viendo si podemos tener unos recursos iniciales para pruebas piloto en microcredenciales

P. Apuestan también por los doctorados industriales.

R. Sí. No todos los doctorados tienen que ser en una esfera académica, pueden darse en empresas, en entidades, administraciones públicas... Imaginemos que Cruz Roja pudiera tener un doctorado industrial para conocer los retos de futuro, contando con unos recursos que vienen de la administración: una persona que lo estudia in situ cuatro años. Tenemos 10 años de experiencia en doctorado industrial, Francia habla de alcanzar los 2.500 doctorados en 2027. Estamos lejísimos.

P. La ley prevé que, con experiencia acreditada en un campo, alguien sin bachillerato pueda cursar una carrera específica. Mucha gente se alegró, pero en redes sociales hay quien vio un ataque a la “cultura del esfuerzo”.

R. El objetivo que tenemos que tener es democratizar al máximo el acceso al conocimiento. Es un error pensar que el elemento esencial del sistema educativo es el esfuerzo, el elitismo y la meritocracia. Si mejorásemos la red pública de escuelas infantiles de cero a tres años, mejoraríamos enormemente el sistema educativo, sobre todo de hijos de familias vulnerables.

Los precios de las matrículas o se contienen o se reducen

P. Ustedes quieren ir hacia la gratuidad en las matrículas, pero la enmienda última tiene una redacción difusa.

R. Es difusa, pero dice lo que dice: los precios o se contienen o se reducen [la potestad de fijarlos pasa a ser de cada comunidad por su lado].

P. ¿No deja abierto a subir las matrículas en un momento de crisis?

R. No. Está más limitado que antes. Andalucía tiene la gratuidad en tres de los cuatro años [si el alumno va aprobando las asignaturas] y nosotros estaríamos encantados. Deberíamos en próximas legislaturas hacer un esfuerzo con la ministra o el ministro de Hacienda de turno para dar un salto en este tema.

P. El Consejo de Colegios Mayores de España se ha movilizado para tratar que no se expulse a los centros adscritos que segregan, pues creen que es un error desvincularlos de la red pública.

R. No tendremos por qué hacerlo [expulsar] si dejan de segregar. Y tenemos que renovar también el decreto de colegios mayores que es de 1973 [preconstitucional]. Creo que es bueno que exista esa figura de colegio. Estuve en el Chaminade y me pareció estupendo. Había exposiciones, actividades de temas de género... Mejor que una residencia. No tenemos por qué volver a los tiempos de la tuna, sino generar un marco de juego en el que los colegios mayores puedan tener sentido.

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