Andalucía adapta su normativa a la ‘ley Celaá', pero mantiene la demanda social para acceder a los centros

El Gobierno andaluz, dirigido por PP y Cs con el apoyo de Vox, remitirá la semana que viene al Parlamento autónomo la modificación del decreto de escolarización para adaptarlo a la nueva ley de Educación, la LOMLOE. Con estos cambios ―mínimos y que no varían los criterios para acceder a los centros― Andalucía se convierte en la primera comunidad liderada por los populares que ajusta su marco normativo a la Ley Celaá, pese a que su presidente, Pablo Casado, ...

El Gobierno andaluz, dirigido por PP y Cs con el apoyo de Vox, remitirá la semana que viene al Parlamento autónomo la modificación del decreto de escolarización para adaptarlo a la nueva ley de Educación, la LOMLOE. Con estos cambios ―mínimos y que no varían los criterios para acceder a los centros― Andalucía se convierte en la primera comunidad liderada por los populares que ajusta su marco normativo a la Ley Celaá, pese a que su presidente, Pablo Casado, alentó a los suyos a sortear su aplicación, y renuncia, por segundo año consecutivo, a introducir el sistema de distrito único, vigente en Madrid. El nuevo texto, no obstante, mantiene el criterio de la demanda social dentro de la programación de la oferta educativa, un condicionante que se eliminó de la ley estatal.

El nuevo decreto de escolarización sustituye al que aprobó la Consejería de Educación hace casi un año. Aunque en ese momento se aseguró que el texto “blindaba la libertad” de elección de centro por parte de los padres, su contenido, como reconoció el propio consejero de Educación, Javier Imbroda (Ciudadanos), incorporaba “ajustes mínimos”, sobre los anteriores. Los datos avalan que en Andalucía no existe problema a la hora de entrar en un centro educativo. El 98% de las familias ha encontrado plaza en los colegios que había demandado como primera o segunda opción, un porcentaje que se ha mantenido muy similar durante la última década.

Los cambios en el nuevo decreto, al que ha tenido acceso este diario, son en su mayoría formales. Se mantienen los criterios de prevalencia para acceder a los centros, aunque como novedad se rebaja la puntuación por tener hermanos ya matriculados (de 20 a 14) y se incluye entre las prioridades la discapacidad sobrevenida durante el curso escolar de cualquiera de los miembros de la unidad familiar y que el alumno haya nacido de parto múltiple.

Llama la atención que se mantenga en el artículo 4 relativo a la programación de la oferta educativa el criterio de la demanda social. Este concepto, que desaparece en la LOMLOE, fue incorporado en la anterior ley de Educación, conocida como ley Wert, para garantizar que la Administración a la hora de desarrollar la planificación escolar tuviera en cuenta las preferencias de las familias. Su supresión de la ley Celaá ha sido percibida por un sector de la concertada como un ataque a esta red educativa.

“Se mantiene porque es el reconocimiento de la prioridad que establecen las familias a la hora de elegir centro, es un criterio que garantiza que puedan trasladar a la Administración qué centro quieren”, explica un portavoz de la consejería. Este condicionante, a tenor de los datos de escolarización, apenas es determinante en la elección del centro en Andalucía. Las fuentes sindicales consultadas advierten de que se mantendrán vigilantes para asegurarse de que la Junta no lo aplica.

Cesiones a la concertada

Las principales novedades del decreto de 2020 se mantienen con la nueva adaptación. Hace un año se garantizó que en todas las zonas de escolarización existiera un centro público y uno concertado, siempre que en esa localidad existiera uno de este tipo, una decisión que afectaba a tres distritos de las capitales de Sevilla, Málaga y Granada —los tres con las rentas más bajas de cada ciudad―. En el caso de la capital andaluza, el distrito era el Polígono Sur, el más pobre de España. Nadie solicitó plaza en el centro concertado adscrito. Otro cambio que sigue vigente, es la garantía de que todos los centros concertados de la ESO estén adscritos a un centro de Bachillerato, la mayoría públicos, sin necesidad de someterse a los criterios de admisión.

Estas concesiones a la concertada y la inclusión de la demanda social soliviantaron a los sindicatos de enseñanza que convocaron una huelga contra el decreto el pasado 4 de marzo. Las organizaciones de trabajadores están molestas en esta ocasión, según las fuentes consultadas, porque la tramitación de la modificación se ha hecho a través de un decreto ley que contiene múltiples iniciativas de ámbitos muy diversos y ajenos al educativo, lo que ha evitado que pase por la mesa de negociación.

Cuando se aprobó la LOMLOE, el presidente del PP aseguró que las comunidades gobernadas por su partido dificultarían su aplicación. Andalucía también se sumó a la consigna de libertad de elección de centro, pese a que los porcentajes proporcionados por la propia Junta, confirman que en esta comunidad no hay dificultades para acceder a los centros solicitados por las familias.

La comunidad, sin embargo, no se sumó a la iniciativa de acelerar el proceso de matriculación ni adelantó la renovación de los conciertos con la concertada, como el caso de Madrid. La Consejería de Educación también ha sido reacia a introducir el sistema de distrito único, incluido en el acuerdo suscrito entre PP y Vox para investir a Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta. Imbroda siempre ha defendido que su partido no acordó con nadie la eliminación de las zonas educativas.

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